Los privilegios en la administración pública son un agravio comparativo

Después del escándalo de los privilegios que permitían que algunos funcionarios del Parlament siguieran cobrando a pesar de ya no trabajar, a la espera de la jubilación, ahora, de nuevo gracias a las peticiones gestionadas a través de Transparencia, hemos podido saber que la Sindicatura de Cuentas también tiene un régimen específico en cuanto a las retribuciones públicas y asume el coste del pago de los trienios a los exsíndicos que son funcionarios y trabajan en otros departamentos de la administración. Esto es así porque estos trienios que se cobran en la Sindicatura de Cuentas son superiores a los ordinarios que se pagan en las administraciones de la Generalitat y el Estado. Mientras que un alto funcionario de estas administraciones acumula 47,67 euros al mes cada tres años, en el caso de los exsíndicos equivalen a un 5% de su retribución y acaban suponiendo unos 500 euros más al mes cada tres años. Es decir, diez veces más. De este modo, desde 2004 ha habido cuatro exmiembros de la Sindicatura de Cuentas, todos funcionarios a sueldo de otras administraciones, que han estado cobrando lo que para muchos trabajadores es un sueldo más que deseable –unos 14.000 euros anuales– solo con los trienios que les paga una entidad donde hacía años que ya no trabajaban.

Aquí hay dos agravios comparativos en relación al resto de los funcionarios. Por un lado, la diferencia en la valoración de los trienios respecto a los otras administraciones; por el otro, el hecho de que cuando vuelven a su plaza los exsíndicos que son funcionarios consoliden los trienios de la Sindicatura por el simple hecho de haber sido escogidos por el Parlament y sin necesidad de haber superado las oposiciones de este organismo. A todo ello se suma la información, también obtenida por Transparencia, sobre el doble cobro que han hecho algunos parlamentarios de la mesa en cuanto a su movilidad. Es decir, miembros que tienen y utilizan el coche oficial y al mismo tiempo cobran las dietas de desplazamiento que les corresponden. Una cosa o la otra, como bien hizo en enero la presidenta del Parlament, Laura Borràs, cuando renunció al doblete porque ya hacía uso continuado del coche oficial.

Por supuesto, la administración necesita poder dar algunos estímulos a algunos perfiles de trabajadores muy especializados para poder competir con la privada y permitir que su talento esté también al servicio de los ciudadanos. Y los políticos tienen que cobrar bien y tienen derecho a los complementos necesarios para hacer su trabajo. Pero hay que ser estrictos con la duración, la justificación y el porqué de estas diferencias en relación con otros trabajadores de la administración pública. Durante años ha habido recortes fuertes en los sueldos de funcionarios igualmente básicos mientras que a otros, no solo no se los recortaban, sino que cobraban incluso sin trabajar. Hace falta una revisión a fondo de estas disfunciones y es una lástima que se tenga que hacer desde fuera, vía Transparencia, cuando tendrían que ser las propias administraciones afectadas las que asumieran que el tiempo de los privilegios se ha acabado.