Los cambios de gobierno en España pasan por procesos de demolición. Parecen cambios de régimen, y hasta a veces lo son. No hablo de la virulencia del enfrentamiento político. Las luchas intestinas dentro y fuera de los partidos no convierten España en una singularidad. No, lo que hace singular España es una arquitectura territorial inacabada que amenaza siempre con ser demolida o reconfigurada. Es esta cuestión no resuelta y la expresión sanguínea de la diferencia ideológica lo que convierte la política en un campo de batalla.
La furia que se vive en Madrid estos días es difícil de templar y la emocionalidad complica aún más separar el grano de la paja de las actuaciones judiciales. Las causas contra el PSOE y el entorno del presidente del gobierno se califican por un lado o por otro como una muestra de corrupción generalizada o una especie de golpe de estado. El caso es que la resistencia de Pedro Sánchez es numantina, la credibilidad judicial tambalea, los socialistas pasarán por los juzgados, el caso Kitchen demuestra el modus operandi del PP, los digitales de la rebeldía hacen caja con cada filtración y las filas de incondicionales de unos y otros se compactan contra el adversario, que por supuesto es tratado como un enemigo.
La gran pregunta de los analistas es si Sánchez resistirá en Moncloa los próximos meses sin convocar elecciones, y la respuesta es que sí. Sánchez sabe que todo es susceptible de empeorar y está convencido de que el objetivo indisimulado de algunos políticos y de una parte de la judicatura es meterlo en la cárcel. El socialista ha ido demasiado lejos para lo que puede soportar el estado profundo del establishment (de Aznar a Felipe González). No solo firmó una amnistía (varada en los tribunales), sino que también fue elegido con los votos de los nacionalistas e independentistas catalanes y vascos.
El entorno socialista intenta disimular el mal trago de responder al caso Zapatero con la esperanza de que el caso tenga alguna explicación y lleguen el verano y el Mundial para diluir la actualidad dura. Mientras tanto, intentan salir del shock en que los dejó el escrito contra "bambi Zapatero". La interlocutoria no es concluyente sobre la actividad delictiva del expresidente del gobierno, pero ha dejado abiertas muchas preguntas que aún no tienen respuesta (las joyas o el papel de las hijas y del amigo como testaferros), y permite, como mínimo y con mucha buena fe, vislumbrar una actuación indefinida entre el lobby, el comisionismo y el tráfico de influencias. Como mínimo, a falta de otras conclusiones delictivas, Zapatero el Virtuoso se pensó que podía actuar como diplomático con países complejos como Venezuela y China y al mismo tiempo hacer negocios gracias a sus conocimientos de la letra pequeña de la administración. Así como el independentismo fue ingenuo menospreciando el poder del Estado, cuesta creer que también un expresidente del gobierno español lo fuera hasta los límites que muchos de los que lo conocen le atribuyen hoy. Muchos socialistas prefieren pensar que ZP es un ingenuo pero no un corrupto, pero ni el juez Pedraz es cualquiera ni doce horas de la policía "requiriendo" información en la sede del PSOE por el caso Leire serán inocuas. Está por ver qué saldrá de las finanzas de los socialistas y si se puede probar que desde el partido se trabajó y se pagó para demostrar la guerra sucia del PP.
Sánchez hace tiempo que está en la cuenta atrás, pero ahora el tiempo para decidir si va a un superdomingo de celebración de municipales y generales o si mantiene la diferencia entre las convocatorias se le ha acelerado. Lo que no parece una opción es la moción de censura. El PP sabe que no la ganaría porque no tiene los apoyos necesarios de los nacionalistas catalanes y vascos, pero tampoco tiene el coraje de presentar una moción para sacarle rédito político y marcar perfil de alternativa sin Vox. El orden entre los populares es más bien hacerse el muerto políticamente, no plantar cara más allá de los medios de comunicación y esperar que la victoria caiga en las elecciones como fruta madura.
Los socios esperan que, pasadas las elecciones andaluzas, el PSOE consiga cerrar alguna de las carpetas pendientes (catalán, amnistía, competencias en inmigración, modelo de financiación). Los socios de investidura lo fueron formando una alianza contra el PP y Vox, y continúan aquí. No quieren identificarse en exceso con los socialistas, pero tampoco quieren ser los responsables de su caída, que podría significar una victoria electoral de la derecha, que llegaría al gobierno condicionada por la extrema derecha.
De esta manera, se desvanece la posibilidad de un cambio de gobierno más, de un simple cambio de gobierno, y la demolición del sistema, de las instituciones, se profundiza. El cambio se hace con todas las fuerzas del estado profundo intentando demoler el socialismo y se lee como un cambio de régimen que amenaza una España no homogénea y unitarista. El resultado, de momento, es la erosión de las instituciones democráticas.
