Prostitutas: clandestinas o con derechos
La legislatura avanza por curvas cerradas con un punto de vértigo para el PSOE, y en cada curva Sánchez sigue apostando a la batalla cultural por apuntalarla. Esta vez ha tocado la abolición de la prostitución. Sin embargo, ya sabemos, a la luz de políticas similares aplicadas en Suecia y en otros países, que no acaba con una actividad que permite sobrevivir a miles de mujeres pobres a golpe de Código Penal, sólo se la clandestiniza más.
"En ningún caso se penalizará a quien ejerce la prostitución", dice la ministra de Igualdad, pero sí se pretende criminalizar todo su entorno: los que les alquilen espacios, las personas que tengan algo que ver con el organización del trabajo –los que reciban algún tipo de lucro por la actividad– y los propios clientes. Si todo lo que permite desempeñar el trabajo sexual resulta “criminal”, ¿cómo podría esto no penalizar a las prostitutas? La cuestión de la vivienda es un buen ejemplo de ello. Si muchas ejercen en su casa, ¿dónde vivirán ahora? ¿Quién les alquilará una vivienda?
En realidad estas leyes no terminan con el tráfico y la explotación, sino que se aplican de forma arbitraria para esconder una actividad que nos resulta desagradable. Esta ocultación, paradójicamente, tiene consecuencias contrarias a las enunciadas: dificulta el trabajo autónomo –este que se dice no perseguir–, empuja a muchas mujeres a la clandestinidad y beneficia a quienes se manejan bien en el ámbito criminal y se lucran cuando se convierten en actores imprescindibles. El efecto de las penalizaciones es que se da más poder a los proxenetas sobre las mujeres, ya la propia policía, que utiliza estas prohibiciones para perseguir a las más pobres o las sinpapeles. Las ordenanzas municipales que multan el trabajo en la calle ya han empujado a muchas mujeres a las habitaciones de los burdeles oa trabajar para terceros.
Por tanto, si se aprueba esta ley, podemos esperar una mayor estigmatización y marginalización de las prostitutas, lo que incrementa su vulnerabilidad ante los abusos y la explotación. Esto es lo que aseguran, tanto las propias trabajadoras como organizaciones como Amnistía Internacional, la OMS o Human Rights Watch, entre otros, que abogan, en cambio, por enfoques que prioricen la seguridad, el bienestar y los derechos de las trabajadoras sexuales.
En realidad, si realmente quiere acabar con el tráfico –e incluso con la prostitución– se necesitan actuaciones que den opciones reales a las mujeres más pobres o migrantes. Se necesitan trabajos no hiperexplotados y bien remunerados, permisos de trabajo y vías migratorias que no impliquen endeudarse con criminales. Evidentemente, es más fácil modificar el Código Penal para que parezca que se está haciendo algo frente a este pánico moral. Pero al menos no nos engañemos: la abolición del trabajo sexual sólo ocurrirá cuando la prostitución no sea necesaria para la supervivencia de las más pobres. Mientras, debemos decidir si las queremos clandestinas o con derechos.