Prostitutas: clandestinas o con derechos

La legislatura avanza por curvas cerradas con un punto de vértigo para el PSOE, y en cada curva Sánchez sigue apostando a la batalla cultural por apuntalarla. Esta vez ha tocado la abolición de la prostitución. Sin embargo, ya sabemos, a la luz de políticas similares aplicadas en Suecia y en otros países, que no acaba con una actividad que permite sobrevivir a miles de mujeres pobres a golpe de Código Penal, sólo se la clandestiniza más.

"En ningún caso se penalizará a quien ejerce la prostitución", dice la ministra de Igualdad, pero sí se pretende criminalizar todo su entorno: los que les alquilen espacios, las personas que tengan algo que ver con el organización del trabajo –los que reciban algún tipo de lucro por la actividad– y los propios clientes. Si todo lo que permite desempeñar el trabajo sexual resulta “criminal”, ¿cómo podría esto no penalizar a las prostitutas? La cuestión de la vivienda es un buen ejemplo de ello. Si muchas ejercen en su casa, ¿dónde vivirán ahora? ¿Quién les alquilará una vivienda?

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En realidad estas leyes no terminan con el tráfico y la explotación, sino que se aplican de forma arbitraria para esconder una actividad que nos resulta desagradable. Esta ocultación, paradójicamente, tiene consecuencias contrarias a las enunciadas: dificulta el trabajo autónomo –este que se dice no perseguir–, empuja a muchas mujeres a la clandestinidad y beneficia a quienes se manejan bien en el ámbito criminal y se lucran cuando se convierten en actores imprescindibles. El efecto de las penalizaciones es que se da más poder a los proxenetas sobre las mujeres, ya la propia policía, que utiliza estas prohibiciones para perseguir a las más pobres o las sinpapeles. Las ordenanzas municipales que multan el trabajo en la calle ya han empujado a muchas mujeres a las habitaciones de los burdeles oa trabajar para terceros.

Por tanto, si se aprueba esta ley, podemos esperar una mayor estigmatización y marginalización de las prostitutas, lo que incrementa su vulnerabilidad ante los abusos y la explotación. Esto es lo que aseguran, tanto las propias trabajadoras como organizaciones como Amnistía Internacional, la OMS o Human Rights Watch, entre otros, que abogan, en cambio, por enfoques que prioricen la seguridad, el bienestar y los derechos de las trabajadoras sexuales.

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En realidad, si realmente quiere acabar con el tráfico –e incluso con la prostitución– se necesitan actuaciones que den opciones reales a las mujeres más pobres o migrantes. Se necesitan trabajos no hiperexplotados y bien remunerados, permisos de trabajo y vías migratorias que no impliquen endeudarse con criminales. Evidentemente, es más fácil modificar el Código Penal para que parezca que se está haciendo algo frente a este pánico moral. Pero al menos no nos engañemos: la abolición del trabajo sexual sólo ocurrirá cuando la prostitución no sea necesaria para la supervivencia de las más pobres. Mientras, debemos decidir si las queremos clandestinas o con derechos.