Una reforma de la financiación regresiva
La propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica presentada por el ministerio de Hacienda el 3 de diciembre ha sido rechazada por el conseller de Economía y Hacienda de la Generalitat de Catalunya. La propuesta se centraba en volver a calcular el índice de población ajustada, que se aplica sobre el setenta y cinco por ciento de los recursos que proceden de las mismas comunidades autónomas (CA). Esto quiere decir alejarse del criterio de igual financiación pública por habitante y buscar argumentos –más bien excusas– para dar más a quienes se le quiere dar más y menos a quien se le quiere dar menos. Las doscientas cuarenta páginas del informe justificativo son un ejemplo de libro de texto de cómo torturar datos hasta que te confiesen lo que quieres que te digan. El resultado es reforzar la financiación de CA que ya disponen de más recursos públicos que la media, incluso antes de corregir por paridad de poder adquisitivo. Salen muy beneficiadas Extremadura, Aragón, La Rioja y Cantabria, comunidades con poca población, que explotan a fondo la combinación de envejecimiento y despoblamiento. Las comunidades que más se quejaban salen todas perjudicadas (País Valenciano, Catalunya, Madrid y Andalucía). La novedad es que ahora se le añaden Canarias y Galicia. El gobierno central se tendrá que esforzarse en compensar, con los fondos de los presupuestos generales, a los perdedores a quienes no quiere hacer perder. La sensación de discrecionalidad política que transmite la reforma es agobiante.
¿Pero sirven de algo los recursos de las CA? Contra lo que algunos medios centralistas se esfuerzan en difundir, de las CA depende buena parte del bienestar de la ciudadanía. Todo el gasto en salud, todo el de educación –desde las guarderías hasta los posgrados universitarios–, buena parte del gasto en servicios sociales –a parte de las pensiones y los subsidios de paro–, la vivienda, el transporte metropolitano y el de Cercanías, la cultura y la promoción económica están en manos de las administraciones autonómicas. La Comisión Europea hizo pública, hace poco más de un año, la segunda edición del Índice de Progreso Social (IPS), correspondiente a datos del 2016 al 2018. El IPS retrata los niveles de bienestar de cada región europea, medidos con una multiplicidad de indicadores físicos o de opinión, pero sin usar indicadores económicos, para huir del sesgo de que está mejor quien dispone de más dinero. Querían también iluminar si las regiones administran bien la riqueza de la que disponen. Los datos de las CA españolas son muy clarificadoras, como ya lo fueron las del primer informe, que usaba datos del 2012.
Resulta que las dos CA españolas que quedan mejor clasificadas, y a distancia del resto, son las que disponen de más recursos públicos autonómicos (datos de 2018 para comparar con el IPS): el País Vasco y Navarra, las comunidades forales. Sus conciertos económicos y sus cuotas de contribución a la solidaridad interterritorial les permiten ofrecer un buen nivel de bienestar a su ciudadanía. A distancia, pero muy juntas, hay unas cuantas CA que disfrutan de niveles de bienestar por encima de la media estatal, como son, por orden decreciente: La Rioja, Aragón, Cantabria, Madrid, Castilla y León, Galicia y Asturias. El famoso cuadrante noroccidental del estado español, que sería la mitad septentrional si no fuera por Catalunya, que juega en otra liga. Todas estas CA también están entre las que disponen de más recursos públicos per cápita, después de las comunidades forales. Solo hay dos excepciones: Madrid y Extremadura. Madrid es la sexta en IPS pero la decimotercera en recursos públicos per cápita, porque la capitalidad le ofrece un extra de recursos públicos de procedencia estatal que le permiten mejorar notablemente el bienestar que le proveen los recursos de CA. Extremadura, en cambio, a pesar de ser la sexta en recursos públicos autonómicos, es la decimoquinta en IPS. Los recursos a su disposición se traducen poco en bienestar.
¿Y Catalunya? ¿Y el País Valenciano? ¿Y las Baleares? En el IPS el País Valenciano sale décimo, Catalunya duodécima y Baleares decimotercera, a pesar de ser, estas últimas, cuarta y quinta en PIB per cápita. En recursos públicos autonómicos per cápita, el País Valenciano es el último (decimoséptimo), Catalunya duodécima y Balears undécima. El País Valenciano hace maravillas con sus migrados recursos. Catalunya y Baleares tienen un nivel de bienestar muy alejado de su contribución a la creación de riqueza, lastradas como están por la escasa disponibilidad de recursos públicos. En resumen, nos encontramos ante una propuesta de reforma de la financiación autonómica que acentúa los elementos regresivos en la distribución del bienestar, consolidando una España rica y acomodada y estrangulando a unos territorios –curiosamente los de habla catalana– que pagan muchos impuestos pero se benefician poco.