Cómo regular las 'big tech'
Las grandes plataformas digitales (las big tech) dominan la economía. La tecnología digital se ha hecho imprescindible, ya sea para la búsqueda de información, redes sociales, comercio electrónico, sistemas operativos o teléfonos inteligentes. Cada uno de estos campos está dominado por pocas empresas. Los liderazgos son de Google con su motor de búsqueda; Meta en las redes sociales con WhatsApp, Facebook e Instagram; Amazon en el comercio; Microsoft con Windows y aplicaciones; y Apple en el teléfono móvil. Los costes fijos elevados, los efectos de red y las economías de escala dinámicas (por ejemplo, en la curva de aprendizaje) hacen que las big tech sean dominantes. La acumulación de datos lleva a efectos de retroalimentación, en la que más producción y más ventas inducen más datos y más efectos de red que hacen que la empresa sea más eficiente, mejore los productos y servicios, y siga por delante de los competidores. Son, pues, mercados que migran hacia un ganador que se lleva todo el mercado o la mayor parte (winner-takes-allowinner-takes-most).
El aumento de la concentración en la industria digital preocupa por el poder de mercado que otorga a pocas empresas, y por los problemas de discriminación, privacidad y desinformación que puede comportar. Existe la percepción de que las leyes antimonopolio actuales no son muy efectivas para controlar el poder de mercado de las plataformas, y que las autoridades que velan por la competencia siempre van por detrás. Sin embargo, ha habido varios casos en la Unión Europea (UE) y en EE.UU. en los que se han impuesto grandes multas y restricciones al comportamiento de las plataformas por abuso de posición dominante.
La intervención pública en las industrias de red y en la economía digital presenta un reto. Por un lado, los efectos de red y las dinámicas del big data pueden conducir a fallos de mercado: los usuarios pueden quedarse atrapados en estándares inferiores (como el vídeo VCR con relación al superior Betamax en su día). Por otra parte, la intervención pública es propensa a errores, va retrasada respecto a la evolución del mercado y, cuando intenta mirar hacia el futuro, debe anticipar eventos muy inciertos. Por eso actualmente hay movimientos para sustituir la intervención antimonopolioex postpor la regulaciónex ante.
Europa fue más activa en la defensa de la competencia antes de que Biden llegara a la presidencia en EEUU, y ha estado a la vanguardia de la regulación de las big tech con la ley de servicios digitales (DSA) y la ley de mercados digitales (DMA). La DSA impone mayor responsabilidad a las grandes plataformas para prevenir comportamientos ilegales o la desinformación. La DMA pretende frenar el poder de mercado de las plataformas que poseen estatus de "guardianes" (que controlan el acceso de los consumidores) con disposiciones reguladorasex antey una ampliación de los poderes de investigación de la Comisión Europea. El objetivo es la competitividad del mercado y el acceso justo de los participantes. La DSA impone obligaciones de compartición de datos para reducir el control exclusivo de los guardianes, eliminando la opción de favorecer sus productos en relación con otros y las diferencias en la información disponible entre la plataforma y los usuarios empresariales. Es evidente que implementar una regulación compleja como la DSA o la DMA en un contexto de rápido cambio tecnológico como el actual es todo un reto, que se agrava en el caso de la inteligencia artificial (IA) con la ley de IA. El problema está en que la regulación está pensada para una tecnología que, cuando la regulación entra en vigor, ya ha cambiado. Esto genera incertidumbre en las empresas y comportará costes significativos para los pequeños innovadores. Por eso Draghi pidió el pasado septiembre una pausa en la implementación de la ley de IA de la UE.
Las autoridades antimonopolio pueden impedir que un actor dominante adquiera un competidor potencial, y uno de los argumentos por los que pueden hacerlo es que el actor dominante, con esta operación, acaba impidiendo que se implementen innovaciones disruptivas que canibalizarían su propio negocio. Sin embargo, imponer obligaciones en las plataformas también puede reprimir la innovación. Es muy difícil para un regulador anticipar dónde se producirán los avances tecnológicos. La falta de competencia puede perjudicar a la innovación. Fomentar la interoperabilidad y la portabilidad de los datos, con la adecuada asignación de derechos de su control, es eficaz para aumentar la competencia entre las plataformas. Las autoridades antimonopolio deben preocuparse también por las barreras que obstaculizan la entrada de nuevos participantes. Como los premios Nobel de economía de este año han demostrado, la innovación disruptiva se enfrenta a la resistencia de los intereses establecidos. Un ejemplo lo proporciona la industria del taxi, que opera como un cartel regulado en algunas jurisdicciones, donde se impide la entrada o se fuerza la salida de competidores.
Todos estos temas se han discutido en las Jornadas de Defensa de la Competencia organizadas por la ACCO y la CNMC en Barcelona este jueves y viernes. El reto es muy complejo, pero debemos conseguir un equilibrio en la regulación que fomente la innovación para el bien de la sociedad.