La regularización extraordinaria: aciertos y carencias
Esta semana el consejo de ministros ha aprobado la tramitación de una regularización extraordinaria que puede beneficiar a más de 500.000 personas en situación irregular o solicitantes de asilo. Si bien esta decisión es excepcional en el contexto europeo actual, no lo es en el español: será la décima regularización extraordinaria después de las tres que hubo con Felipe González, las cinco con José María Aznar y la última (en 2005) con José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces, el arraigo ha permitido la regularización anual de un número no menor de personas.
Sin embargo, esta regularización es diferente en la forma y el contenido. En la forma, porque es fruto de una iniciativa legislativa popular, impulsada desde colectivos migrantes, que logró más de 700.000 firmas y la adhesión de 900 colectivos. No hay ninguna iniciativa presentada en el Congreso que haya conseguido un apoyo tan grande y diverso. También es diferente en su contenido, porque esta vez no estamos hablando de una regularización de trabajadores con oferta de trabajo, familiares de residentes, estudiantes o personas en situación de especial vulnerabilidad, sino de personas que viven entre nosotros independientemente de sus circunstancias.
Como todas las anteriores, esta regularización se realiza desde una doble lógica: la de los mercados y la de los derechos. La lógica de los mercados tiene que ver con las demandas del sector empresarial, que en contextos de crecimiento económico como el actual siempre se lamentan de no disponer de trabajadores suficientes. Fomento afirmaba en diciembre: "Necesitamos inmigración como el agua que bebemos o el aire que respiramos". La demanda (lógica) de los empresarios, pero también de los sindicatos, es que primero hay que reconocer legalmente a aquellos que ya están aquí antes de favorecer la llegada de aquellos que vienen de fuera. Si bien las regularizaciones permiten dar respuesta inmediata a estas necesidades, a medio plazo muchos trabajadores regularizados tienden a desplazarse hacia trabajos mejor pagados, con lo que con el tiempo y en ciertos sectores devuelve ese "hambre" de nuevos trabajadores. El campo de Almería es un ejemplo paradigmático.
La lógica de los derechos es propia tanto de los colectivos migrantes como de los partidos de izquierda, la Conferencia Episcopal Española y entidades sociales como Cáritas. Cualquiera que conozca a una persona en situación irregular sabe que disponer de un permiso de residencia es la condición necesaria (que no la garantía) para el acceso a derechos fundamentales y una vida digna. Pero los derechos también tienen una dimensión colectiva: sólo cuando se garantizan a todos sin excepción podemos construir sociedades seguras y cohesionadas, sin que la exclusión de unos acabe afectando también al resto.
Es evidente que estas dos lógicas representan a dos sectores muy diferenciados de la sociedad, que en el eje ideológico se encuentran tanto a la derecha como a la izquierda. Además, aunque no suele ser su causa, el Estado también tiene sus propias razones. Una es que las regularizaciones permiten reducir la economía informal y, por tanto, aumentan la recaudación fiscal. Se calcula que cada persona regularizada podría aportar a las arcas del Estado una media anual de unos 4000 euros. La otra razón tiene que ver con la necesidad de hacer tabula zanja respecto a unas políticas migratorias que se consideran disfuncionales. Siempre se ha dicho, pero nunca se ha hecho. El modelo migratorio español sigue basado en la irregularidad, que se explica por la combinación de un mercado laboral hambriento de mano de obra precaria, unas políticas que no reconocen de facto la entrada por motivos laborales y una frontera atlántica abierta que se combina con la posibilidad de regularización a posteriori.
No cabe duda de que esta regularización extraordinaria es una muy buena noticia, pero no puedo dejar de terminar con dos advertencias. Tal y como ya han señalado María Martin y Javier de Lucas, impulsar una regularización mediante un real decreto ya cambio de unos presupuestos traiciona el espíritu original de la iniciativa, que, además de surgir desde abajo, incluía a sectores muy diversos de la sociedad y la política española. Es decir, lo que era algo de muchos corre el riesgo de interpretarse ahora como un acuerdo aparte y por razones interesadas de unos pocos (PSOE y Podemos). La segunda advertencia va más allá de la propia regularización: aunque las personas regularizadas ya viven aquí, cualquier política favorable a la inmigración debería ir necesariamente acompañada de un redimensionamiento de las infraestructuras y los servicios públicos. No hacerlo es privilegiar la lógica del mercado por encima de la del estado del bienestar, algo que sin duda alimenta el voto hacia la extrema derecha.