Las retiradas de custodia, una violencia invisible
Las retiradas de custodia son una problemática real pero invisible que afecta sobre todo a mujeres migradas y racializadas trabajadoras, indefensas –por sus múltiples condiciones de vulnerabilidad– ante los abusos de la administración.
Numerosas familias, asociaciones como APRODEME o Papeles y Derechos para Todos y Todas y expertas han denunciado el modelo de protección a la infancia y adolescencia de la Generalitat de Catalunya, pero a pesar de las quejas el sistema continúa sin hacer una revisión interna cuidadosa. De las retiradas de custodia se habla en pocas ocasiones, no es un tema que forme parte del debate público, y las problemáticas que se derivan de ello son desconocidas por la mayoría de la población.
En Catalunya, el organismo responsable de la protección a la infancia y adolescencia es la DGAIA (dirección general de Atención a la Infancia y la Adolescencia). Muchas de las familias afectadas por las retiradas de custodia se encuentran en una situación de vulnerabilidad estructural o temporal evidente y la DGAIA, en vez de proporcionar una alternativa social para hacer frente a la situación, les quita a las criaturas o a los adolescentes con la excusa de salvaguardar el interés del menor. Los niños son apartados de su núcleo familiar y trasladados a un centro de menores o a familias de acogida. Y después, cuando las familias quieren recuperar sus criaturas, tienen que pasar por unos periplos de burocracia interminables –para revocar la decisión de la DGAIA hay que tramitarla por la vía judicial– que puede durar años. Y esto tiene un coste emocional y económico enorme.
Esta práctica reproduce las estructuras de violencia machista, racista y patriarcales que son presentes en la sociedad. Es por eso que las más afectadas somos las mujeres: las curas familiares y sociales son espacios eminentemente feminizados.
Así pues, la criminalización que hace la DGAIA de las situaciones familiares y de crianza de mujeres pobres, racializadas y migradas añade a la violencia estructural que ya sufren (pobreza, ley de extranjería que les imposibilita regularizar su situación administrativa y que les impide trabajar) un problema más: se encuentran desamparadas y abandonadas por un sistema que lejos de ayudarlas, las penaliza, las castiga y las violenta.
Tenemos muy fresco el 25-N, día en el que levantamos la voz contra la violencia de género, y pienso que hay que hablar de qué formas adopta esta violencia, como impregna todos los rincones de nuestro sistema social. Hay que decir las cosas por su nombre: todo esto descrito en este artículo es violencia machista institucional. Un tipo de violencia perpetuada por las instituciones hacia las mujeres, por acción o por omisión, recogida en la ley 17/2020, del 22 de diciembre, de modificación de la ley 5/2008, del derecho de las mujeres a erradicar la violencia machista.
Además de esto, hay que revisar el modelo actual de protección a la infancia y adolescencia que deja a las familias desamparadas ante la actuación de la administración porque es racista y está cargado de prejuicios. Pongo solo un ejemplo: un juzgado del Hospitalet de Llobregat instó a investigar a la DGAIA porque en los informes técnicos que se elaboraron de un caso (y que avalaron una retirada de custodia) se valoraba como un aspecto negativo que la actual pareja de la madre era de etnia gitana.
Tomar la decisión de retirar la custodia a una familia tendría que ser una medida de excepción, un último recurso, pero en varios casos, más de los que nos pensamos –como han puesto de manifiesto las familias y mujeres afectadas–, es una decisión que se ha tomado de manera apresurada, ante una situación a menudo transitoria y vinculada a un momento de vulnerabilidad que se podría haber resuelto con la activación de las ayudas de los servicios sociales pertinentes.
Las administraciones públicas tienen la responsabilidad de garantizar la protección de la infancia y adolescencia pero también la de no reproducir violencias machistas hacia las mujeres. Por eso hace falta que dentro de las administraciones se inicien procesos de revisión internos para modificar las conductas, protocolos y actuaciones con el objetivo de no perpetrar violencia. Necesitamos instituciones libres de violencias machistas.
No vale ponerse la medallita feminista y el color lila el 25-N si verdaderamente no se adopta un compromiso en firme en la lucha contra las violencias machistas, también las que se generan y reproducen en el ámbito institucional.