La salud no debería ser un negocio

Gestión hay buena, regular y mala, al margen de la titularidad pública o privada de lo gestionado. Cada forma resulta la más adecuada y eficiente en función de la finalidad de lo que debe gestionarse. La empresa privada, la libre iniciativa, tiene ventajas clarísimas de cara a producir de forma eficiente, haciendo los mejores productos y servicios a los precios más bajos posibles, porque se minimizan los costes para ser competitivos, lo que, combinado con los mejores productos, puede asegurar el éxito en el mercado. Buscar margen y alcanzar buenos resultados económicos requiere organización adecuada, estímulos, implicación motivadora de los trabajadores y flexibilidad en la toma de decisiones. Por último, son los resultados económicos los que proporcionan la bondad del funcionamiento teniendo en cuenta que se opera en el marco de productos mercantiles, que se pueden comprar o no, y no se trata de servicios públicos básicos. Pretender hacer esto a nivel público y la organización funcionarial ya se ve claro que no sería la mejor opción. Más costoso, menos eficiente, malos resultados... Otra cosa son los servicios públicos fundamentales, los cuales deben tener costes sostenibles para el erario público, pero cuya función no es realizar productos de bajo coste, dar mal servicio , abaratar costes que irían en detrimento del mismo servicio... Aquí el sistema privado se ajusta poco. Se trata de financiación pública y esto es poco adecuado en un sistema en el que deben realizarse márgenes empresariales y repartir dividendos, aunque sea de forma indirecta y encubierta. Es necesario, además, un sistema de transparencia en la contratación, un rendimiento de cuentas que casa mal con la gestión privada. Hay quien cree que todo debería hacerse con gestión privada, porque se le supone equivocadamente una mejor gestión. Para algunas cosas sí, pero para otras no. Todo depende de la finalidad de lo que se administra. También hay quien cree que todo debería ser propiedad y gestión pública. Para producir productos de consumo se ha demostrado que es una forma muy poco eficaz. Debería tener naturaleza pública todo lo que no debe ser remunerativo.

A las administraciones, además de garantizar el carácter común y universal de los servicios públicos, les corresponde proporcionar recursos y asegurar, justamente, su carácter público, no por ideología, sino por ser más garantista, eficiente y transparente. Existen formas intermedias como la concertación, importante en la enseñanza, dado el elemento ideológico y religioso de algunas ofertas que prefieren los padres, pero también en el ámbito de la salud, en fórmulas diversas donde sobresale el sistema llamado de provisión de servicios. Aquí se da un importante debate que, a pesar de parecer nominalista, tiene una mayor profundidad, efectos e intereses. Confluye la insuficiencia de recursos públicos para destinar a un sector de la salud que cada vez pide más, con las pretensiones de quienes practican el negocio privado con la salud que intentan de forma continuada parasitar y controlar lo que, en términos privados, es un gran negocio. La dialéctica entre falta de recursos y pretensiones privatizadoras hace tiempo que se da. Durante años, y después de que este servicio público saliera maltrecho de la crisis económica de 2008, los esfuerzos privatizadores de la administración convergente fueron grandes. El lobi sanitario privado estuvo de enhorabuena y logró fijar muchas fichas en hospitales y otros servicios, en detrimento de una atención suficiente y aún más de las condiciones y salarios de los trabajadores sanitarios. La cóvido puso en evidencia las costuras del sistema. Carácter imprescindible, actividad mal dotada, personal en situación de burnout, falta de colaboración de la sanidad privada y algunos aprovechando para hacer negocio a cargo del erario público. Todo el mundo hizo grandes declaraciones en apoyo al sistema público y sus trabajadores, pero el olvido se impuso muy rápidamente.

Seguramente, vamos orgullosos de tener un buen sistema de salud, en comparación con otros países, pero su deterioro en los últimos años es evidente. Tenemos una medicina hospitalaria de alta complejidad que funciona de maravilla, pero es muy mejorable la atención primaria y las urgencias, básicamente por falta de personal y recursos imprescindibles, y con tiempo de espera son muy largos. El déficit anual de dotación, en Catalunya, es al menos de los 3.000 millones. Pero hace falta muchos más para una medicina cada vez más tecnológica y con demanda creciente, porque nos gusta envejecer. Mantener un sistema en malas condiciones y pésima remuneración no es un sistema bueno. Multitud de titulados se marchan cada año a Europa porque aquí los salarios no son mínimamente competitivos. El carácter pseudoprivado de buena parte de la atención, no ayuda. Por ahí se van muchos recursos que no actúan como servicio ni salarios de los profesionales. La salud, no debería ser, en modo alguno un negocio. De hecho, resulta muy inapropiado que lo sea. No sirve excusarse en que lo que hace falta es que "los músicos toquen". Aquí el caché, la red de intereses, lo que provoca es una devaluación de la naturaleza y del nivel de servicio público.