En 2019 el Idescat anticipaba, como previsión más plausible, que Cataluña alcanzaría los ocho millones de habitantes en 2030. Llegó en noviembre de 2023. Lo cual, combinado con el hecho de que la población catalana tiene una de las tasas de crecimiento vegetativo más bajas del mundo, nos indica la causa: un inesperado flujo migratorio, muy por encima de la media europea.
Una corriente tan fuerte tiene mucha inercia. Es lógico pensar que va a continuar, ya que vivimos en un espacio europeo con libertad de movimiento de población. Si somos europeístas debemos aceptarlo, aunque, como en el mío artículo anterior, podemos reclamar una política migratoria europea ordenada. Nota: si Europa se convirtiera en una federación, la política de inmigración debería ser competencia federal, como en EE.UU. Desde el europeísmo la anomalía no es que Cataluña no tenga el control de admisión de inmigrantes, sino que lo tenga España.
Una llegada tan repentina de inmigrantes ha generado, como sabemos bien, tensiones de todo tipo: de vivienda, educativas, culturales. Son tensiones que también pueden alimentar a la demagogia populista. Si los inmigrantes deben venir, es mejor que nos preparemos y que planifiquemos el dimensionamiento de los servicios públicos, incluida la vivienda, sobre el volumen de habitantes que esperamos para mañana y no sobre lo que teníamos ayer.
Tres aspectos clave:
¿Por qué nuestra economía ha podido absorber a tantos inmigrantes? Porque es dinámica y crea muchos puestos de trabajo. Crea en unos sectores industriales y tecnológicos de alta productividad y sueldos altos en relación con la media española, aunque inferiores a la media europea. En su crecimiento reside nuestro mejor futuro. Ahora bien, en su mayoría crea en los sectores de la construcción, agroalimentario, en turismo y cuidados, donde los requisitos de calificaciones son poco exigentes y los sueldos son bajos en relación con la media española. Como consecuencia, la media de productividad y de renta la tenemos estancada.
¿Podemos cambiar el modelo productivo? Al aspirar a una economía de alta productividad con buenos sueldos, una conclusión habitual de todo lo anterior es que Cataluña tiene un mal modelo económico. Se argumenta que una mayor proporción de nuestra población debería estar trabajando en sectores de alta productividad. Ahora bien, la formulación en estos términos, cuando no existe control sobre el volumen de población, no es adecuada. No se corresponde con una elección real. En mi opinión, el vector fundamental de la política económica catalana, en cuanto a la estructura productiva, debería ser insistir, como ya estamos haciendo, en propiciar el crecimiento de los sectores de alta productividad. Esto pide subordinar el resto a este objetivo. Pero no tiene una implicación lógica directa en lo que se refiere al volumen de población. Ciertamente, las medias de productividad o renta va a costar que aumenten, pero las medias con población variable no quieren decir exactamente lo mismo que si la población es fija. Es bien conocida la observación de que si una persona ligeramente por encima de la media de renta de México emigra a EE.UU., donde obtiene un trabajo con un salario bajo en términos americanos, la media de renta de ambos países baja. Pero todo el mundo gana. En particular, el emigrante mexicano mejora respecto a su referente, que es su sueldo antes de emigrar. Nota: éste ya no es el referente de su hijo.
¿Los inmigrantes suman? Una opinión bastante extendida es que los inmigrantes poco calificados no suman. El razonamiento es fiscal: el gasto social (educación, sanidad, pensiones...) que conllevan a lo largo de la vida sería superior a su contribución en impuestos. Podría discutir si la educación de los hijos debe contarse o si la pensión que genera un inmigrante en Catalunya debe contabilizarse en su integridad o sólo el 20%, ya que las pensiones están mutualizadas. Pero lo que quiero señalar es que el cálculo fiscal es insuficiente. Los costes y beneficios de un proyecto –admitir a un inmigrante– no son sólo los fiscales. Pensemos en los cuidados. Si decidiéramos que un inmigrante cuidador de personas mayores sólo puede ser admitido si su sueldo acaba cubriendo todo el gasto social que va a generar, lo más probable es que la contratación de este inmigrante no será viable para la mayoría de las personas mayores. El inmigrante potencial pierde, pero también pierde, y mucho, la persona mayor que no recibirá los cuidados. Este beneficio –véase el artículo de Maria Àngels Viladot en el ARA del pasado 6 de enero– no puede dejarse de lado.
Tampoco debemos menospreciar otra suma: cuanto más peso en población, más peso en política española.
