En abril del 2020, poco después del estallido de la pandemia, 159 millones de hogares americanos recibieron un cheque de 1.200 dólares (más 500 por cada niño). Esta medida, conocida como pagos de impacto económico o cheques de estímulo, se repitió en diciembre de 2020 y marzo de 2021. En pocos días, el gobierno de Trump logró llegar a una gran mayoría de ciudadanos americanos. Y los primeros en recibir la ayuda fueron aquellos que ya tenían su información fiscal registrada porque habían presentado la declaración de la renta en años anteriores. El ingreso fue directo a sus cuentas bancarias. Una medida ágil que proporcionó a millones de familias un pequeño respiro económico en un momento de máxima emergencia.
Una de las principales funciones de una medida política es asegurarse de que llegue a todas las personas para las que ha sido diseñada. Pero, a menudo, detalles aparentemente pequeños, como no conocer una dirección actualizada o no tener una cuenta bancaria registrada, pueden hacer que incluso la mejor de las ayudas fracase. Esto es especialmente crucial en momentos de emergencia como el que provocó la pandemia o como la DANA, cuando la capacidad de garantizar que las ayudas lleguen de forma rápida y eficiente es fundamental.
En el debate sobre el aumento del SMI este año, el elemento principal son sus implicaciones fiscales. Que la situación económica de muchas familias mejore las lleva también a verse obligadas a presentar la declaración de la renta. A menudo visto como un proceso a evitar, es, desde el punto de vista social, una bendición: nos permite tener una imagen más real de las rentas de toda la ciudadanía. Una administración que conoce mejor la distribución de sus ingresos puede diseñar intervenciones más eficientes, ajustar ayudas y garantizar que los recursos llegan de manera más equitativa.
Además, las rentas más bajas pueden verse beneficiadas por presentar la declaración. Esto ocurre con el ingreso mínimo vital (IMV), donde todos los beneficiarios y las personas que viven con ellos están obligados a presentar la declaración, pese a ser una renta exenta de pagar impuestos. La declaración de las rentas más bajas también puede suponer una devolución, ya que pueden aplicarse deducciones fiscales o mínimos familiares, lo que puede reducir la carga tributaria.
El sistema fiscal español y catalán es complejo y presenta tipos marginales más altos que muchos países de nuestro entorno, pero con una recaudación inferior. Esto no se debe solo al fraude fiscal, sino también a la multitud de agujeros y deducciones fiscales diseñadas para favorecer a las rentas medias y altas. Las ventajas fiscales, que deberían ser una herramienta de redistribución, acaban dejando de lado a las familias con ingresos bajos.
Declarar no es sinónimo de pagar (más) impuestos. En este sentido, medidas como la reducción del tramo autonómico acordada por el gobierno y ERC pueden facilitar este proceso, pero también deberíamos explorar nuevos mecanismos como las deducciones o créditos fiscales reembolsables. Esto permitiría a las familias de rentas bajas beneficiarse realmente de las actuales deducciones. No solo mejorando la equidad del sistema, sino contribuyendo también a una distribución más eficaz de las ayudas.
Demasiadas voces en el debate público consideran que "evitar la declaración" es un beneficio para las personas con menos ingresos. Y esto es un error. Declarar no es solo pagar impuestos: es formar parte de un sistema que nos tiene que beneficiar a todos.
