Parece que las administraciones, y en particular la Generalidad, a partir de sus propias competencias, estudian reducir la fiscalidad de las rentas bajas en el IRPF. La polémica la ha abierto la reciente subida del salario mínimo interprofesional, que se llevó a cabo sin tocar el mínimo exento. Esto hace que, marginalmente, más gente del grupo de rentas bajas deba presentar la declaración de la renta por no estar cubierta por aquella exención. Esta cuestión está en el tejado del Parlamento español. En cambio, el catalán emprende la reforma bajando el tipo en las rentas bajas (parece ser que un puntito, del 10,5% al 9,5%, sujeto a la aprobación final). Así, si ésta es la voluntad, la mejor manera de reducir la fiscalidad de quienes ganan poco, dadas las competencias actuales de la Generalitat, efectivamente es disminuir el tipo impositivo para estas rentas, y no eximiéndoles de la obligatoriedad de declarar, como algunos partidos pretenden. Me explico. Una cosa es realizar la declaración de renta, y otra tributar por IRPF. Eximir era una forma de reducir cargas administrativas, a partir del supuesto de que hacer la declaración es complejo. Pero hoy, con retenciones y un mínimo de informática, esta carga ya es escasa. Y eximir de declaraciones tiene más contrapartidas que beneficios. Todo el que tenga una renta percibida durante el año debería notificarlo a Hacienda; y, en su caso, no sólo no tributar, sino recibir "crédito fiscal". La declaración de las circunstancias personales y familiares no deja de ser una fotografía de la realidad de los contribuyentes que debe permitir afinar tanto los impuestos a pagar como el derecho a recibir prestaciones. A partir de las deducciones, bonificaciones y tipos diferenciados es posible ajustar impuestos y subsidios, y prestaciones universales, pero ajustadas a la situación de cada uno. No se trata de recaudar más, sino de, a presupuesto neutral, ser más cuidadosos con quien paga y quien recibe.
La elevación de los actuales mínimos exentos, igualándolos al salario mínimo y anulando así la obligación de declarar, impediría el conocimiento de la situación de cada potencial contribuyente o beneficiario, haciendo más difícil la justicia fiscal. No tendríamos la radiografía de las contingencias de cada contribuyente, con lo que se perdería un mecanismo de control (entre lo que se dice que se percibe y lo que se gasta) y no se permitiría que desde la misma declaración se pudieran combinar medidas de política pública que, para ser efectivas, deben poder incidir en los más necesitados. Es necesario que los tratamientos fiscales sean más precisos que el "todo o nada" que se establece para umbrales determinados de renta o según niveles cuando se superan ciertos intervalos. Conviene que las declaraciones hagan posible la concreción de medidas según composición de ingresos y gastos; por ejemplo, en caso de aplicar copagos o tasas, recuperables equitativamente como gastos deducibles sólo para un grupo de declarantes determinados, o gastos en favor de los más frágiles, de aquellos con más cargas familiares... con el objetivo de mejorar la capacidad adquisitiva final del contribuyente. Así lo explicitábamos los expertos que redactamos la propuesta reciente de reforma tributaria: "Para la mejora de la equidad, se recomienda disminuir la carga tributaria soportada por las rentas del trabajo más bajas, elevar la reducción ya existente y compensarlas mediante el aumento de la cantidad fija, en concepto de los gastos generales en que debe incurrir la base de... la evidencia académica que se tiene de su impacto positivo sobre la oferta de trabajo, especialmente en la decisión de participación en el mercado laboral" (punto 2.1.2 del Libro Blanco del Comité de personas expertas, 2022). Para la gente que poco cobra, pues, la mejor política no es ni la elevación del mínimo exento ni la rebaja del IRPF, sino reducirles la cantidad de los rendimientos netos del trabajo que tributan. Pero esto queda fuera de las competencias autonómicas, y sólo el Estado puede instrumentarlo.
En cuanto a quienes no son perceptores de renta, ciertamente no deben –ni pueden– hacer declaración anual. Éstos deberían ser el foco de la política social, más que de la fiscal, y bajo otras derivadas.
