Presupuestos: el oxígeno de la universidad pública
El rector de la Universidad de Barcelona, Joan Guàrdia, se emociona al explicar el honoris causa que acaba de entregar a la directora médica de BioNTech: “Están a un paso de poder encontrar una vacuna para el cáncer. ¿Sabéis qué significa, esto?” Nos lo dice al grupo de miembros del Consejo Social de la UB, reunidos una fría mañana de marzo. La alemana Özlem Türeci, efectivamente, ha predicho que de aquí a diez años tratar el cáncer con vacunas de ARN será habitual. Esta es una de las “cosas maravillosas”, como dice el rector, que pasan en nuestras universidades cotidianamente y que no siempre reciben la atención que merecen.
La Universidad de Barcelona se ha situado, en los rankings internacionales, entre las mejores universidades del mundo. Es la primera institución educativa de Cataluña, un activo colectivo que sostiene buena parte de nuestro capital científico y cultural. Sabemos –porque la evidencia comparada lo confirma– que ningún país prospera sin un sistema universitario público sólido. Esta constatación deviene especialmente relevante en un momento en que las universidades privadas crecen de forma acelerada, hasta el punto de que están a un paso de superar a las públicas en algunas ciudades españolas.
Pero hay un talón de Aquiles. El sistema universitario público no sobrevivirá sin unos presupuestos fuertes y orientados específicamente a su desarrollo. Los efectos de la no aprobación de nuevos presupuestos en la Generalitat (y, por tanto, de la prórroga de los anteriores) no son neutros, sino acumulativos y estructurales. Si no hay nuevos presupuestos, el lugar de la universidad pública será progresivamente ocupado por la privada. En un contexto altamente competitivo, quedarse quietos significa, en realidad, retroceder.
El primer gran freno es la financiación. Hace años que las universidades arrastran una infrafinanciación estructural que limita su capacidad de crecer e innovar. Sin nuevas cuentas, este déficit no solo se mantiene, sino que se consolida. El objetivo de alcanzar una financiación equivalente al 1% del PIB, reiteradamente pedido por los rectores, queda, de facto, fuera de alcance. Esta falta de recursos impacta directamente en la capacidad de planificar, captar talento, impulsar investigación, establecer alianzas internacionales… Con presupuestos prorrogados, cualquier planificación plurianual se convierte en papel mojado.
Uno de los ámbitos más tensionados es el del personal. El sistema afronta una jubilación masiva en los próximos años, tanto de profesorado como de personal técnico y de gestión. Sin margen presupuestario, estas plazas no se pueden sustituir ni se pueden mejorar las condiciones laborales. El resultado es conocido: más precariedad, más dificultades para retener talento y una erosión lenta, pero sostenida, de la calidad académica.
También queda comprometida la imprescindible equidad. Las políticas de becas y ayudas, claves para garantizar el acceso universal a la universidad, dependen de la disponibilidad de recursos públicos. Sin nuevos presupuestos, ampliar estas medidas es inviable, y esto puede traducirse en una universidad potencialmente menos inclusiva y, por tanto, menos justa.
A todo ello se suma el reto de la transformación digital. Las universidades deben adaptarse a nuevos formatos educativos, integrar tecnologías emergentes y nuevos modelos de inteligencia artificial, y responder a una demanda creciente de formación a lo largo de la vida, de formación dual.
La investigación y la transferencia de conocimiento, motores clave de la economía, también salen perjudicadas. La falta de financiación limita la capacidad de impulsar proyectos nuevos y reduce el efecto multiplicador de los fondos europeos. Esto no solo impacta en las universidades, también en el conjunto del tejido productivo y la capacidad de innovación del país.
Finalmente, hay aspectos menos visibles, pero igualmente críticos: infraestructuras que no se renuevan, equipamientos que quedan obsoletos, titulaciones que no se actualizan al ritmo que exige el mercado laboral. Todo esto no genera titulares inmediatos, pero erosiona el sistema a largo plazo.
Mientras tanto, los proyectos de enseñanza universitaria privada –con más recursos y flexibilidad financiera– avanzan con rapidez y no siempre con el nivel de excelencia que una universidad debe garantizar. Hay que fijar prioridades: la calidad académica y la función pública deben preceder cualquier otra consideración de lucro económico.
Si, como sociedad, dejamos de financiar adecuadamente nuestras universidades públicas, no estaremos ahorrando, sino que estaremos renunciando, de manera silenciosa pero efectiva, a nuestro futuro.
