Siempre hay quien no se arruga y levanta la voz ante la injusticia o el abuso, sin hacer un cálculo previo de coste-beneficio. La persona entera que hace, sencillamente, lo correcto. Sin embargo, en la mayor parte de los humanos el pusilánime convive con el héroe potencial. ¿Quién no ha alternado episodios de cobardía o pasividad con arrebatos de intrepidez o osadía? Podemos echarle la culpa al carácter, la educación o el momento vital. O recurrir, en parte, al contexto. La psicología social habla de un efecto espectador porque cuando muchas personas contemplan una agresión, la víctima tiene menos probabilidades de ser auxiliada. Contra lo esperado, el grupo no tiene un efecto multiplicador sino difuminador de la responsabilidad individual. Unos por otros, la casa sin barrer. El caso dramático de Kitty Genovese –una adolescente neoyorquina que fue asesinada en la calle, frente a treinta y siete testigos, sin que nadie interviniera– ilustra muy bien este fenómeno.
El corto ganador de la Palma de Oro en Cannes en 2024, El hombre que no pudo permanecer en silencio, recrea la detención del militar croata Tomo Buzov, en un tren de pasajeros, durante la limpieza étnica contra la población musulmana de Bosnia. Él no era musulmán, pero se negó a presentar las credenciales y a responder sobre su religión a un escuadrón paramilitar y cuestionó la legitimidad de la orden. Se lo llevaron a él en lugar del joven indocumentado al que cubrió. Nunca regresó. Para quienes no son valientes irreductibles, el miedo es un factor paralizante que inhibe la disidencia, junto con razones tan banales como cumplir órdenes o respetar el escalafón. Ni el genocidio bosnio, ni el perpetrado por el nazismo, habrían tenido éxito sin la complicidad de la maquinaria estatal ni el marasmo de la población civil.
Sin dramatismos, el papel de los funcionarios en el estado del bienestar es a menudo menospreciado. Por construirlo, mantenerlo, defenderlo. Se los rebaja con motes como burócratas o chupatintas mientras el personal que hace girar el engranaje en la privada recibe nombres sugerentes como manager (content, project) u officer (operational, technical, compliance). Se critica (con razón) el papeleo de la administración obviando que las compañías suministradoras, las aseguradoras y las mutuas torturan a los clientes, poco más o menos, con la misma murga de impresos, formularios, declaraciones, solicitudes... Mientras a unos se les cuelga el sambenito de vagos, parásitos del sistema, a los otros se les presupone la agilidad y la motivación. Los gurús de la eficiencia alimentan este discurso de forma interesada.
Los recortes –con tijeras, con motosierra o con bulldozer–, a ambos lados del Atlántico, ponen en riesgo la calidad de las prestaciones, pero también la igualdad de trato y de oportunidades para quien no las puede comprar en el mercado de las ocasiones. Servidores públicos, cabe recordarlo, también lo son los prestamistas de servicios universales (médicos, maestros, bibliotecarios...), los que distribuyen la cobertura para las horas bajas (en el paro, la enfermedad, la vejez...), los que atienden en las emergencias (bomberos, protección civil...) y los que controlan el gasto.
La ofensiva de Trump y Musk apunta a una gran cantidad de trabajadores públicos de organismos y departamentos muy diversos (Agricultura, Energía, Tesoro). Hay institutos nacionales de salud, centros para el control y prevención de enfermedades, servicios forestales. Hasta más de dos millones de profesionales. Muchos han llevado a los tribunales, de forma colectiva, los despidos masivos que han sufrido sin motivo objetivo alguno. Con el apoyo de fiscales, sindicatos y ONGs. Los ámbitos con los que se ha cebado son –además de la cooperación– las políticas de inclusión y la defensa de los derechos civiles.
Los tribunales van dirimiendo la legalidad de las decisiones ejecutivas, con dosis alternas de cal y de arena. Son el último dique de contención del estado de derecho. No en vano, Estados Unidos es pionero en la protección de los derechos civiles, que junto con la separación de poderes conforman el núcleo duro de esta construcción institucional. Sin embargo, se habla menos de cómo Trump está dinamitando el sistema previo de pesos y contrapesos que mantiene a raya los abusos de posición y las tentaciones autoritarias, un riesgo inherente al ejercicio del poder público, y que vela por que las leyes contra la discriminación no queden en papel mojado. Las agencias gubernamentales, dotadas de una independencia reforzada –sus responsables no pueden ser destituidos de forma arbitraria, sino por causas tasadas, en caso de negligencia, mala gestión o conducta indebida–, son la primera línea de defensa de los funcionarios que denuncian los excesos. El presidente, de momento, no se ha atrevido (más bien no ha podido, porque el Congreso tiene que decir la suya) liquidarlas directamente, se ha contentado con hacer rodar cabezas. Entre los casos recientes y más flagrantes de las víctimas de esta guillotina: David Huitema, director de la Oficina de Ética Gubernamental (OGE), que se esfuerza por evitar los conflictos de interés en los equipos presidenciales (los de Trump eran todo un poema); Cathy Harris, directora de la Junta de Protección de los Sistemas de Mérito (MSPB), que conoce las reclamaciones de trabajadores federales despedidos o sancionados; Hampton Dellinger, director de la Oficina del Asesor Legal Especial (OSC), la agencia federal con potestad disciplinaria que proporciona un canal seguro y ofrece protección a los funcionarios que denuncian irregularidades (despilfarro, fraude, corrupción); Charlotte Burrows y Jocelyn Samuels, comisionadas de la Agencia para la Igualdad de Oportunidades en el Empleo.
Ofrecer protección a quienes se plantan contra la discriminación o denuncian una infracción es una responsabilidad, no un capricho, institucional. Como señala Umberto Eco, indulgente con el individuo ordinario, que tan pronto calla como levanta la voz, "los verdaderos héroes lo son por accidente, en realidad querrían ser cobardes honestos, como todos los demás".
