¿Sánchez negocia o gana tiempo?

La unilateralidad no la ejerce quien quiere sino quien puede. En los últimos días, la vicepresidenta española en funciones y líder de Sumar, Yolanda Díaz, quiso fijar una línea roja en la negociación de una posible ley de amnistía diciendo que los partidos independentistas tienen que renunciar a la unilateralidad para poder llegar a algún acuerdo. La unilateralidad no es en sí misma ningún proyecto político y mencionada en abstracto, la mencione quien la mencione, no va más allá de la retórica, por lo que es absurdo exigir al adversario político que renuncie a ello.

Si PSOE y Sumar mantienen el planteamiento de la renuncia a la unilateralidad es tanto como decir que no tienen la más mínima voluntad de llegar a ningún acuerdo sobre la amnistía, porque ambas partes quedarán varadas en la retórica. En el debate político, la renuncia a la unilateralidad ha acabado convirtiéndose en un eufemismo para decir que se renuncia a la independencia, y obviamente es imposible de asumir para ningún partido independentista.

Solo si los partidos independentistas hubieran jugado la carta del referéndum, por delante de la amnistía, podría tener sentido que en el contexto de una solución política acordada se aceptara dejar aparcadas determinadas vías para cumplir los acuerdos que se alcanzaran, por ejemplo en el marco de una hipotética ley de claridad, para fijar las reglas del ejercicio del derecho a la autodeterminación. Pero, ciertamente, este no es el debate que tenemos, porque en un momento de aritmética favorable a conseguir resultados políticos, el referéndum no lo ha puesto sobre la mesa ninguno de los actores políticos.

Quizá por discreción o quizá por estrategia, pero pasados dos meses de las elecciones aún no hemos oído al candidato a la presidencia de España, Pedro Sánchez, hablar explícitamente de amnistía. Han hablado de ello los partidos independentistas y ha hablado de ello Sumar, pero el PSOE no pasa de admitir que el conflicto político no debería haber llegado a los tribunales.

Por ahora soy de los escépticos sobre el éxito de una futura ley de amnistía, no porque no me parezca oportuna y necesaria, que me lo parece, sino porque a la hora de la verdad cuesta imaginar que el PSOE esté dispuesto a asumir el desgaste político de una ley de estas características. Los indultos y la derogación del delito de sedición eran explosiones controladas porque, en el primer caso, solo dependían de la decisión del consejo de ministros y, en el segundo caso, la modificación del Código Penal es viable con mayoría absoluta en el Congreso, pero es difícilmente atacable ante el Tribunal Constitucional porque lo que es delito y lo que no lo es corresponde decidirlo exclusivamente al legislador.

En cambio, la ley de amnistía es un artefacto jurídico y político mucho más complejo que, inevitablemente, requiere la interpretación jurídica, y llegados a este punto ya sabemos que el Tribunal Constitucional no juega en nuestro equipo. Toda la derecha política y mediática y no pocas voces dentro del PSOE, lideradas por Felipe González, harán todo lo posible para atascar esta iniciativa y para hacer visible que no goza del consenso social mayoritario. Ya hemos visto cómo José María Aznar ha querido presentar el tema como una encrucijada que pone en riesgo la continuidad de España, y no hay día en el que no se levanten voces desde el poder judicial cuestionando la medida.

Seguro que Pedro Sánchez no es ajeno a todas las dificultades y a todos los costes políticos que le puede acarrear este debate. Y si es que llega a entrar, ya veremos dónde sitúa el listón de quiénes quedan dentro y fuera de los beneficios de una amnistía. Ojalá todas las partes lleguen a un consenso, pero resulta difícil que los partidos independentistas y el partido socialista se encuentren en un punto que sea confortable para todos.

Mientras, lo que hace Pedro Sánchez es ganar tiempo. Sabe que los resultados electorales que tuvo, que le dan opciones de repetir como presidente, se explican en buena medida por la polarización conseguida a base de atizar el fantasma de un gobierno de PP y Vox. Cuando se acerque la cuenta atrás final y la amenaza de la repetición electoral esté a la vuelta de la esquina, volverá a blandir el espantajo de un gobierno de derechas para salvar los muebles. Y si finalmente se logra el hito histórico de convertir el catalán en una lengua oficial de la Unión Europea, para los partidos independentistas será muy complicado desentenderse de formar una mayoría que barre el paso a la derecha porque generaría la incomprensión de muchos votantes, que vivirían la repetición electoral como una desproporción y como una oportunidad perdida para seguir avanzando en lo político, social y económico.