¿La sanidad de Ayuso hace bueno el sistema catalán?
La sanidad española necesita reformas importantes, tanto por ser financieramente sostenible como por otros envites que tiene por delante. Esta incertidumbre por el futuro ha hecho que los políticos más atrevidos se lanzaran, sin más bagaje que su ideología, a implementar cambios. Empezaron los vientos privatizadores en Galicia, extendidos despuéses por la Comunidad Valenciana, y se hicieron borrasca en Madrid. La presidenta Ayuso, de hecho, se encontró realizadas muchas de las reformas que hoy se debaten. Pero si sólo tienes ideología y no pruebas de evaluación por las propuestas implementadas, sólo puedes defenderlas haciendo el machito, en lugar de aprender haciendo y corregir el rumbo en su caso.
Frente a esta mala forma de gestionar la sanidad, y de los escándalos del sistema sanitario madrileño, se ha levantado el monstruo de la administración central, con cabeza pero sin garras debido a la descentralización sanitaria. Y anuncia líneas rojas y amenazas legales envolviéndose con la bandera de la equidad sanitaria y la justicia social. Hablo, claro está, del anteproyecto de ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud. Braman así a los dos monstruos, enfrentados.
Sin embargo, yo me centraré en lavar la ropa sucia de nuestra casa, porque el intento –justificado– de no dejarse llevar por la batalla de los diplodocus no puede convertirse en una manera de hacer el adorno. No podemos refugiarnos en elstatu quo pensando que salvando a los actores del sistema se salvará el sistema en su conjunto: error. El sistema sanitario catalán tiene muchos problemas conocidos, y por el momento muy pocas soluciones. Algunos son de financiación; otros, de gestión del gasto.
Por ejemplo, tenemos muchos profesionales médicos, pero al mismo tiempo decimos que faltan. Nos pueden parecer muchos si pensamos que realizan bastante actividad fuera de lo asistencial, como investigación (no siempre suficientemente estructurada) o salidas para docencia llamados por la industria. Y pocos nos pueden parecer si pensamos en las esperas asistenciales. Todo ello, mientras mantienen una compatibilidad laxa con el ejercicio privado, con un creciente absentismo acumulado en unos días determinados, y con cierta resistencia a dejarse sustituir en algunas actividades asistenciales por la enfermería, envueltos en su estatuto marco por, ad extensum, proclamar que la sanidad (ellos) "no se toca". No todo el mundo es así y la descripción que he hecho corresponde más bien a las voces cantantes del sistema, entre ellas algunos sindicatos en los que prevalece el "qué hay de lo míoEn este sistema, la provisión privada parásita la parte de la pública que le conviene a golpe de talonario, aprovechando el relativo colapso de la segunda. Y lo pagamos los ciudadanos, porque somos hijos de nuestro tiempo y estamos dispuestos a rascarnos el bolsillo por un seguro privado.
El nuestro es un sistema en el que quien manda (o quizá debería decir "quien cree que tiene la gobernanza"), quien compra y paga los servicios y quien los suministra se sientan en la misma mesa, algo discutible porque los ingresos de unos son el gasto del otro. Y se engañan mutuamente con la táctica de quien día pasa año empuja: hablo de las cotizaciones a centros concertados que no se les pagan cuando toca y que se arrastran hasta el infinito en las prórrogas presupuestarias; o hablo también de la aprobación conjunta, por parte de todos aquellos actores, de unos presupuestos de previsión futura que saben que serán insuficientes por ser inferiores a los que se liquidan el mismo año. Hay consejos de dirección en los que se habla sin tapujos de gastos ya efectuados pero aún sin imputar, mientras el interventor, cuando se ha gastado aquello para el que no había partida, supongo que debe hacerse el distraído. Algún sentido tenía que, en su momento, algunos diéramos tantas vueltas a tratar de entender ese dicho británico: if not for profit, for what? (si es sin ánimo de lucro, ¿con ánimo de qué es?). Cierto: hoy la señora Ayuso ya no disimula su intención de hacer negocio con la sanidad. Pero las ocurrencias sanitarias de Madrid no hacen bueno todo lo que hacemos aquí.
Permanece, en todo caso, la vieja disputa sobre la gestión pública. Como joven investigador, debatí muchas veces con el ministro Ernest Lluch. Yo le recordaba que la restricción presupuestaria debía ser creíble para que se gastara bien, y que a la vez la financiación debía ser suficiente para acabar con el sálvese quien pueda de la infrapresupuestación y de los créditos ampliables a posteriori (farmacia y suministros, sobre todo). Él se negaba, por la elevada capacidad que observaba en los "agentes" del sistema para "fagocitar" todos los recursos que se pusieran sobre la mesa y más. Y quizás tenía razón. De forma similar, hoy muchos cuestionan el argumento de que si los médicos, quejosos y quemados, cobraran más, su mayor dedicación aumentaría la actividad. Y pueden basarse en que incrementar plantillas no ha traído, de momento, más que una casi nula reducción de las listas de espera.
Ciertamente, el debate sobre las alternativas existentes en el campo de las reformas sanitarias juega hoy a favor del sistema catalán. Pero no debemos olvidar todo lo que tenemos pendiente de mejorar.