Hay leyes que regulan. Y algunas redefinen modelos enteros. El Anteproyecto de Ley de gestión pública e integridad del Sistema Nacional de Salud, aprobado en primera vuelta por el Consejo de Ministros el pasado 10 de febrero, entra en esta segunda categoría. Y cuando se redefinen modelos, es necesario ser extraordinariamente precisos: no todo es lo mismo. No todas las formas de colaboración público-privada son iguales. No todas responden a los mismos incentivos. Y no todas generan los mismos impactos sobre el sistema público de salud.
Cuando hay polémicas sobre contratos sanitarios, investigaciones judiciales o sospechas de malas prácticas –como ha ocurrido en la Comunidad de Madrid–, la respuesta política suele ser inmediata: más regulación, más control, más restricciones. Es comprensible. La integridad del sistema sanitario es un bien colectivo a proteger. Pero legislar a partir de disfunciones concretas sin distinguir realidades puede acabar generando un problema donde no existe.
En Cataluña, el sistema sanitario se ha construido, en gran medida, sobre la base de entidades sin fines lucrativos, arraigadas en el territorio e integradas estructuralmente en la red pública. El modelo catalán no se ha construido sobre concesiones mercantiles, no es concesionario ni especulativo: hablamos de concertación con entidades no lucrativas como modelo de gestión de un servicio público, una fórmula de éxito contrastada y reconocida. Y esta diferencia no es retórica, es estructural y se ha convertido en clave para vertebrar un pilar fundamental de nuestro estado del bienestar.
Una pieza estructural del sistema. Las fundaciones de salud no son un complemento del sistema sanitario catalán. Son una pieza central. Aportan entre una quinta parte y un tercio de los recursos asistenciales y concentran a más de un tercio de los profesionales sanitarios de la sanidad pública. Hablamos de urgencias, altas hospitalarias, camas y quirófanos. Hablamos de capacidad real de atención, de servicios a las personas.
Sin las fundaciones hospitalarias, siete comarcas catalanas –Alt Empordà, Baix Empordà, Garrotxa, Ripollès, Bages, Vallès Oriental y Alt Urgell– se quedarían sin hospital de referencia. Esta es la dimensión territorial del debate.
Detrás de este modelo hay instituciones con un fuerte arraigo y trayectoria, como la Fundació Hospital de la Santa Creu i Sant Pau, con más de seis siglos de historia; la Fundació Sanitària Mollet o la Fundació Sociosanitària i Social Santa Tecla, imprescindibles en la atención territorial; la Fundació Puigvert, referente en urología, o la Fundació per la Investigació i la Docència Sant Joan de Déu, motor de investigación e innovación pediátrica. Son ejemplos de un modelo que combina servicio público, calidad asistencial y compromiso social.
Estas entidades reinvierten íntegramente los excedentes en infraestructuras, equipamientos, investigación y mejora asistencial. Son entidades privadas que forman parte del sistema público porque prestan servicio público y lo hacen con obligaciones de gobernanza, transparencia y control. Y no, en ningún caso, distribuyen beneficios. Confundir el modelo de salud catalán con fórmulas meramente especulativas o con esquemas concesionales puramente mercantiles sería un error de diagnóstico con consecuencias reales.
Regular sí, pero con rigor. Cataluña es un país de sociedad civil organizada. En el ámbito sanitario, esta tradición viene de lejos: muchas fundaciones hospitalarias nacieron para cubrir necesidades sociales cuando la administración no podía llegar a todas partes, y con el tiempo se integraron plenamente en la red pública.
Este modelo se ha desarrollado desde 1990 bajo la Ley de ordenación sanitaria de Cataluña (LOSC), con sistemas de evaluación, contratación y control que han garantizado calidad y resultados. No es un modelo improvisado ni opaco. Incluso la ministra de Sanidad ha distinguido públicamente al modelo catalán como una fórmula "sana", diferenciada de otras comunidades.
Desde la Coordinadora Catalana de Fundacions compartimos el objetivo de fortalecer la integridad y la transparencia. Pero advertimos de un riesgo: que una regulación pensada para corregir abusos en determinados esquemas concesionales acabe generando inseguridad jurídica sobre un modelo que funciona. El Anteproyecto debe diferenciar con claridad entre gestión mercantil con afán de lucro y gestión no lucrativa integrada en la red pública; debe evitar que medidas concebidas para frenar disfunciones acaben afectando a la concertación con entidades que se esfuerzan por el bien común y sin finalidad lucrativa; y debe garantizar estabilidad normativa para que el sistema pueda planificar inversiones y recursos con seguridad.
600 kilómetros, dos modelos de sanidad. Cuando defendemos las fundaciones de salud no defendemos privilegios. Defendemos un modelo de economía social aplicado en la sanidad pública, la cohesión territorial y la reinversión íntegra en salud. La sanidad catalana es fruto de décadas de compromiso colectivo entre instituciones y sociedad. Es una garantía para miles de profesionales y para millones de personas que cada día les confían su salud.
Entre Barcelona y Madrid hay poco más de 600 kilómetros, pero en materia de modelo sanitario la distancia es mucho mayor: lo que funciona, lo que está arraigado y lo que pone a las personas en el centro merece ser preservado. No por orgullo territorial, aunque también, sino por responsabilidad con el país: Cataluña, país de fundaciones.
