Una sentencia sobre la democracia española

La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un severo recordatorio de que el juicio del Procés fue una pantomima en la que se vio de todo: se dieron impunemente falsos testimonios que todo el mundo sabía que lo eran, se vieron fiscales que recitaban de memoria lo que debían decir los policías citados a declarar, los testimonios de la defensa eran cuestionados por el tribunal, las pruebas de la defensa no se pudieron mostrar para respaldar la veracidad de las declaraciones de los acusados, por primera vez la acusación particular fue ejercida por un partido de extrema derecha, las entidades de derechos civiles y derechos humanos sufrieron todo tipo de trabas para llevar a cabo su labor de supervisión, y un larguísimo etcétera de irregularidades que se saldaron con una sentencia que confirmó a España como un país con presos y exiliados políticos. No se buscaba justicia, sino venganza por una movilización (las urnas del 1-O) que dejó en evidencia las carencias democráticas de un estado que, ante la disidencia legítima, solo supo acudir a la represión.La sentencia, sin decirlo explícitamente, recoge todo esto. Y más cosas: España perdió la categoría de democracia plena en el índice de The Economist, y pasó a democracia defectuosa, precisamente por la respuesta que dio al independentismo catalán, una respuesta brutal en todos los aspectos: policial y judicial, pero también institucional y político (el discurso del rey Felipe VI del 3 de octubre, la aplicación –inventada sobre la marcha– del 155). Quedó claro que España tiene un grave problema interno: recuperó años después la etiqueta de democracia plena, pero el desarrollo de los hechos ha demostrado que es una expresión que le queda grande a un estado en el que la policía fabrica pruebas falsas contra los enemigos de la derecha ultranacionalista, en el que se espían ciudadanos con programas como Pegasus (recientemente hemos conocido los casos de David Fernàndez y Carles Riera), en el que un rapero lleva más de cinco años en la cárcel por una canción satírica, en el que la ley mordaza no se deroga nunca o en el que ayer mismo dos activistas en Mallorca que habían hecho pintadas contra la saturación turística han sido detenidas y acusadas por la Guardia Civil de pertenencia a banda criminal.O un estado, también, en el que la justicia no tan solo actúa de parte, sino que se niega a aplicar una ley vigente como la de amnistía, ahora reforzada también por la sentencia del TJUE. Previsiblemente, ahora el TC sentenciará a favor de los recursos de amparo presentados por dirigentes independentistas exiliados y condenados por malversación por la organización del referéndum del 1 de Octubre, y el Supremo intentará torpedearlo, porque la alta magistratura española ni tan solo intenta disimular las filiaciones políticas de jueces y fiscales. Los magistrados del TJUE obviamente también son conscientes del contenido político de su sentencia. Ellos, sin embargo, no tienen interés en dar la razón a unos partidos políticos o a otros: dicen más bien que lo que está en juego en España es la democracia misma, y el estado de derecho.