Sobreprotección y comportamientos escolares disruptivos

Estoy muy sorprendido del hecho de que en todo el gran debate escolar que tenemos abierto en el país los principales agentes —con la excepción de alguna voz particular— hayan ignorado el papel determinante que tienen las familias y que, como derivada, hayan ignorado también los gravísimos problemas de comportamiento en las aulas de nuestras escuelas e institutos. Parece que todo pase por cambiar las políticas educativas del Gobierno. Pero lo cierto es que algunas de las principales dificultades, aquí y en todas partes, no pasan por el Gobierno, sino que están relacionadas con las expectativas y las actitudes de los padres: su papel en el éxito o el fracaso educativo y, por tanto, en la actitud de los alumnos en el aula.

No digo que el reciente informe de la OCDE no apunte cuestiones relevantes. De hecho, lo que más extraña del informe es que todo ya era sabido. No sé si hacía falta su dictamen, que delata la desconfianza del Gobierno con los propios expertos y su interés en congraciarse con los autores de PISA. Proponer más equidad e inclusión —por no hablar de inmigración escriben “operar en un entorno demográfico, social y lingüístico cada vez más diverso”— es descubrir la Mediterránea. No mencionar abiertamente la profunda desmoralización —e irritación— del profesorado y proponer motivarlo con “bonificaciones” es absurdo. Que hacía falta reducir la “carga administrativa” u ofrecer “una mejor adaptación de la instrucción [de los maestros] a los diferentes contextos del aula” —o sea, señalar las graves deficiencias de la formación universitaria— ya se había dicho. Y subrayar el papel del liderazgo de las direcciones o de la evaluación es un viejo —y controvertido— desafío. En fin, en lugar de hablar claro, la OCDE se añade a la conocida producción de lenguaje pedagógico inofensivo, no fuera caso... 

En cambio, allí donde reside el origen de muchos de los problemas educativos actuales más relevantes es en la actitud de las familias y en los comportamientos escolares que se derivan de ellas. Unos obstáculos que, por mucho que esto descoloque algunos discursos, no son causados por la diversidad o la desigualdad —quería decir “inequidad”—, sino que son transversales a todo tipo de realidades sociales y de centros escolares: de entornos empobrecidos —quería decir “vulnerables”— o acomodados, públicos o concertados. Véase el informe Behaviour in Schools (2025) de la Comisión para la reforma escolar del think tank independiente escocés Enlighten, que parte de la sólida afirmación de que el derecho a la educación no puede estar comprometido por el mal comportamiento de nadie. Y se refiere, sin ambages, a la violencia en las aulas contra alumnos y, sobre todo, contra el mismo personal docente.

Según el informe, sindicatos de maestros como el NASUWT o el SSTA denunciaron que en el curso 2024-2025 el 44 por ciento de los maestros habían sufrido abuso físico o violencia, y que el 90 por ciento habían sido agredidos verbalmente. En un 92 por ciento de casos las clases eran interrumpidas por los móviles. Y citaban el estudio Behaviour in Scottish schools research (2023), que insistía en estos comportamientos disruptivos en el aula, y cómo este clima desmoralizaba a los maestros y era la principal razón para abandonar la profesión docente. Las recomendaciones de este informe no tienen nada que ver con las de la OCDE ni con las de los grupos de presión y sindicatos locales.

Y es que conozco bastante bien el marco mental de nuestro sistema escolar para saber cuál es el grado de resistencia a este planteamiento y por qué se ignora. Estamos claramente ante los efectos de la sobreprotección parental de los hijos, que condiciona el papel del maestro, acosado por la estúpida idea —a menudo también asumida por él mismo— de que la escuela debe hacerlos “felices” por encima de todo, si es necesario tolerando su irresponsabilidad. Un síntoma reciente de la desorientación sobre la importancia de la autoridad y la disciplina ha sido la reacción a la posible presencia de policía en centros especialmente conflictivos. Y todavía me indigna la ingenuidad fingida de quienes, si saben lo que se cuece en las aulas, delegan la solución a la mediación de psicólogos, trabajadores sociales y toda clase de intermediarios, regulada por la administración, como si no fuera posible imaginar los resultados de una contratación masiva de titulados sin experiencia. Si ni para encontrar nuevos maestros no se les puede pedir que sepan catalán... Los padres pasan la pelota educativa a los maestros, los maestros a los psicólogos, los psicólogos a los trabajadores sociales... y de estos, al hombre del saco. O sea, al Gobierno.

Medir los comportamientos disruptivos, como han hecho en Escocia, nos mostraría la magnitud de la tragedia. Y junto a las legítimas preocupaciones de la OCDE, equitat.org, sindicatos y tutti quanti, quizás se abriría una nueva línea de reflexión y actuación que iría más a la raíz del problema y sería más efectiva.