El tabú de la escuela pública: escoger docentes
Cuando hablamos de calidad educativa, a menudo nos fijamos en los currículos, metodologías o resultados académicos, mientras queda en segundo plano un factor clave: la autonomía de los centros a la hora de configurar sus equipos docentes. La capacidad de seleccionar al profesorado que formará parte de los centros públicos está constantemente cuestionada ya menudo bloqueada, lo que actúa como un freno invisible que limita la construcción de equipos coherentes con las necesidades reales del alumnado. Educar, sin embargo, requiere tiempo, estabilidad y vínculos con el alumnado y las familias, elementos imposibles de garantizar cuando los claustros cambian constantemente y el profesorado es asignado a los centros sin conocer el proyecto educativo.
En Cataluña, la ley de educación de 2009 apostó claramente por la autonomía de centro. Pero en la práctica, los centros públicos tienen muy poco margen para configurar sus plantillas: la mayor parte de las plazas se deciden de forma centralizada, respondiendo a una lógica individual, sin tener en cuenta el contexto educativo ni los proyectos educativos de cada centro.
Si miramos al entorno europeo, esta situación es una rareza. En la mayoría de países europeos, los centros públicos participan activamente en la selección del profesorado, en procesos abiertos y regulados, a menudo en colaboración con la administración. Es un modelo que se asemeja más al que ya existe en las escuelas concertadas de nuestro país que al sistema funcionarial altamente centralizado que tenemos en la escuela pública.
Hoy en día, la autonomía de centro en la gestión de equipos docentes está fuertemente cuestionada por la oposición frontal de los sindicatos educativos mayoritarios, que rechazan cualquier margen de decisión de los centros en la selección del profesorado. Esta resistencia, centrada principalmente en la defensa de los derechos individuales del funcionariado, ignora una realidad esencial: sin equipos estables y cohesionados, es imposible garantizar proyectos educativos sólidos.
Desde Clam Educatiu creemos que defender la autonomía de centro no es ir contra los derechos laborales del profesorado, sino entender que estos derechos deben ser compatibles con las necesidades de los centros y del sistema educativo en su conjunto. Bien regulada, con transparencia, rendición de cuentas y soporte de la administración, la autonomía en la gestión de los equipos puede ser una palanca poderosa para mejorar la calidad, la inclusión y la equidad de la educación. Es necesario avanzar hacia una escuela autónoma y transparente, que pueda rendir cuentas de acuerdo con el marco normativo público. La voz sindical sostiene el relato que permitir la selección del profesorado es "elegir a dedo" y fomentar el enchufismo, desacreditando injustamente a los equipos directivos y su compromiso con los proyectos educativos.
El papel sindical será indiscutiblemente legítimo y necesario cuando se trate de defender derechos laborales y condiciones de trabajo. Pero a menudo esta voz traspasa ese ámbito y entra de lleno en decisiones que son, esencialmente, pedagógicas. Y es aquí donde una parte importante de la comunidad educativa no entendemos ni compartimos algunos de los movimientos que se promueven. El rechazo frontal al decreto de plantillas es un ejemplo paradigmático: una norma pensada para reforzar la continuidad de los proyectos educativos y la cohesión de los equipos es combatida como una amenaza a los derechos colectivos, sin asumir los efectos reales que esta oposición tiene sobre los centros y el alumnado.
Parte del discurso sindical se blinda tras una apelación constante a la democracia, como si invocarla fuera suficiente para legitimar cualquier posición. Pero la democracia no es un eslogan: es una práctica, y no todo lo que se proclama democrático lo es necesariamente. Calificar de antidemocrático que un centro pueda decidir qué perfiles profesionales necesita para desarrollar su proyecto educativo es una simplificación interesada que empobrece el debate. En especial, cuando estas mismas organizaciones toman decisiones internas (como la designación de liberados o representantes) mediante criterios propios y selección de perfiles. La democracia no puede ser un arma retórica que se utiliza sólo cuando conviene para bloquear cualquier margen de decisión pedagógica en los centros.
Desde Clam Educatiu tenemos el convencimiento de que, si queremos mejorar la educación pública, necesitamos centros con capacidad real para decidir sobre la configuración de sus equipos docentes. En el contexto educativo actual no podemos permitirnos continuar bloqueando lo que nos permite tener equipos estables y alineados con las necesidades reales de los centros y, por tanto, del alumnado.