Un transporte público más barato, ¿hasta cuándo?
El Estado ha subido hasta un nuevo récord –por segundo año consecutivo– su cifra de gasto público, que el 2023 rozará los 200.000 millones de euros. Esto permitirá que el gobierno catalán, así como el resto de comunidades, también tengan más margen para endeudarse, pasando de un objetivo de déficit del 0,1% al 0,3%, hecho que supondrá para la Generalitat alrededor de 500 millones más para los presupuestos. Solo así se explican medidas como las que ha hecho público últimamente Pedro Sánchez, que ha anunciado más becas para estudiantes y una rebaja del 30% de los billetes de Cercanías de septiembre a diciembre, uno apuesta que la Autoritat del Transport Metropolità (ATM) ha subido al 50% para las tarjetas y títulos de metro, bus y tren más habituales. La ATM está formada por la Generalitat, el Ayuntamiento de Barcelona y el AMB, administraciones que, por lo tanto, también incrementarán el gasto. Este rumbo compartido de políticas keynesianas, que también se están dando en otros países, empezando por Alemania (el primero en rebajar el transporte), pretende amortecer el incremento del coste de la vida: con una inflación disparada debido al aumento del precio de la energía, los gobiernos buscan impactos en los bolsillos de los ciudadanos, sobre todo en los más desfavorecidos. Sin duda, el transporte público cumple esta función.
Son, por supuesto, medidas bienvenidas, de efecto rápido. Medidas que, por otro lado, son la otra cara de la moneda del incremento generalizado del gasto militar. Lo que habrá que ver es hasta cuándo se podrá mantener este dopaje puntual del transporte público (el militar no será circunstancial). Con elecciones municipales a la vista (mayo del 2023), es plausible pensar que el descuento no se acabará en diciembre, sino que se alargará durante el primer semestre del año que viene. Políticamente, parece claro. Pero la carga para las arcas públicas puede acabar siendo insostenible.
Los datos macroeconómicos no son precisamente halagüeños: este mismo martes, tanto la Moncloa como el Fondo Monetario Internacional (FMI) han rebajado las expectativas de crecimiento para España, con una previsión de incremento del PIB del 2% y el 2,7%, respectivamente. El FMI mismo alerta del peligro de una recesión mundial. La coyuntura económica es ahora mismo de ralentización, pero podría ir a peor. La guerra de Ucrania, con sus derivadas energéticas, está resultando letal. El hecho de que los gobiernos de la Unión Europea estén actuando coordinadamente para minimizar las turbulencias, por ejemplo con un acuerdo clave para reducir el consumo de gas (al final España ha conseguido una excepción: un ahorro del 7% respecto al 15% general), es una buena señal, pero la salida de este callejón sin salida no será fácil ni rápida. En este contexto, también es lógica la subida de los tipos de interés (el 0,5% histórico) decretada por el BCE para intentar frenar la inflación. En conjunto, se trata de evitar la caída del consumo y, así, conjurar el peligro de recesión. La cuestión es cuánto tiempo se podrá mantener el incremento del gasto público y del endeudamiento. Cuando tarde o temprano llegue el momento de volver a subir precios del transporte, no será fácil que lo asuman los ciudadanos.