Los turistas también beben agua
El vigente modelo de financiación autonómica (MFA) entró en vigor en el 2009. Tenía que durar cinco años y ya llevará quince. Se negoció esencialmente en 2008, cuando los efectos de la crisis financiera en España no habían alcanzado los niveles de profundidad a los que llegarían después. Se vislumbraba una crisis intensa pero breve, porque no se pensaba que la economía española sufriera el deshinchamiento de una burbuja inmobiliaria y menos aún una crisis financiera, que se pensaba que era un problema de otros países, pero no de España. En este contexto, se dio por hecho que las comunidades autónomas (CCAA) con un fuerte impulso económico derivado del crecimiento del turismo masivo, de la euforia de la construcción y de la llegada de oleadas de inmigrantes ya disfrutaban de ingresos tributarios muy importantes. Eran muchos los impuestos y tasas que subían, pero la principal, en importes recaudados, era la llamada ITP-AJD: impuesto de transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados. Las transmisiones patrimoniales derivan, principalmente, de las compraventas de viviendas de segunda mano, que gozaban de un brillo indiscutible y eran parte integral de los ingresos de las CCAA, muy especialmente de las que tenían capacidad de atracción de turismo masivo.
Esto dio un plus de ingresos muy importante a Catalunya, el País Valenciano, las Islas Baleares, Murcia, Andalucía, las Islas Canarias y Madrid. Las demás CCAA, sin ingresos fiscales derivados del turismo, sin boom constructivo, sin inmigración, fueron compensadas por su tranquilo estancamiento –o menor crecimiento– con garantía de ingresos públicos en el MFA. Las CCAA turísticas no necesitaban esta garantía porque estaban muy bien servidas con su bonanza fiscal. Con el alargamiento de la crisis se puso de manifiesto un fenómeno no previsto: las CCAA enriquecidas por el turismo y todo lo asociado sufrieron un derrumbe de ingresos del MFA por falta de recaudación de ITP-AJD. En cambio, las CCAA que no habían podido enriquecerse pudieron disfrutar de ingresos del MFA mucho más altos, compensación de no tener más ITP-AJD. Hasta aquí puedo decir que incluso el ministro de Hacienda de ese momento, Cristóbal Montoro, lo entendió perfectamente bien y justificó alguna política de apoyo al endeudamiento autonómico con ese mismo argumento que acabo de exponer.
De hecho, como ha sido demostrado repetidamente, el endeudamiento de las CCAA, con algunas interesantes excepciones a explorar (como Castilla la Nueva, en negativo, y Madrid, en positivo), correspondió básicamente a las CCAA turísticas. Se las acusó de mala gestión, corrupción, incapacidad administrativa. Terminaron perdiendo casi todas sus cajas de ahorro. Las CCAA que se salvaron de la crisis turística e inmobiliaria salvaron con mayor facilidad sus cajas de ahorros y los ingresos del MFA.
Ahora que se vuelve a hablar, con alguna verosimilitud de realidad, de reforma de este modelo, conviene recordar este origen de la situación actual. El Estado aseguró unas CCAA y no aseguró otras. Si se deben seguir distribuyendo los recursos fiscales según un MFA, vale mucho la pena recordar que la población turística es más fluctuante –como nos lo ha hecho ver el covid-19–, pero que hay que tener muy en cuenta cuál es la población a la que realmente deben atender las autoridades municipales y autonómicas de las CCAA turísticas. Los millones de turistas que nos visitan están días en nuestra casa, necesitan infraestructuras de transporte, consumen y ensucian espacios públicos y agua, tienen accidentes, se ponen enfermos, se pueden pelear, deben recurrir a la policía, y un larguísimo etc. Los municipios más turísticos lo tienen claro, insistiendo en que las autoridades reconozcan oficialmente a la población de hecho que deben atender. Así, el Idescat ha calculado la población estacional y la población real. Ha afinado mucho, hasta el punto de contar la población que llega y la que se va. A Barcelona llegan muchos turistas, y muchos barceloneses se van de vacaciones, a hacer al turista a otros lugares. CCAA muy turísticas como Baleares o el País Valenciano han realizado los mismos cálculos. Los necesitan incluso para distribuir adecuadamente los medios públicos: policía, personal sanitario, bomberos, docentes, personal de limpieza, etc.
Sería una corrección obligada tener en cuenta este exceso de población cuando se calculen los recursos públicos necesarios para atender a la población realmente presente. El MFA realiza todo tipo de juegos de manos con la población ajustada. Debería tener en cuenta el impacto distorsionador de verdad del turismo. También debe tener en cuenta el impacto de la inmigración, pero ya se va haciendo –aunque con retraso– con la cifra de empadronados. La población turística, en cambio, se ignora.