El Gobierno ha creado un registro estatal único de viviendas turísticas. Número obligatorio. Ventanilla única. Trazabilidad digital. Y ya hay recursos ante el Supremo por invasión de competencias. Andalucía y asociaciones del sector lo han impugnado. Las comunidades defienden su terreno. El Estado quiere centralizar datos.
La discusión jurídica es intensa. La económica, menos. ¿El problema es que no sabemos cuántos pisos turísticos hay o que faltan viviendas?
España tiene en torno a 300.000 viviendas anunciadas en plataformas de corta duración, según distintos estudios privados. En ciudades como Barcelona o Málaga su peso es relevante. Pero, aunque desaparecieran todos los pisos turísticos mañana, la tensión no se evaporaría.
El registro parte de una premisa implícita: si ordenamos, identificamos y controlamos mejor, el mercado se corregirá. El problema inmobiliario español no es de información. Es de escasez en determinadas zonas donde la demanda supera ampliamente la oferta disponible. La creación de un número estatal no añade un solo piso al parque residencial.
El registro no supone incentivo alguno. Solo añade una capa de supervisión. Además, el conflicto competencial revela otra cuestión. En materia de vivienda se superponen normas europeas, estatales, autonómicas y municipales. Licencias locales. Registros autonómicos. Ahora número estatal. Posibles restricciones de comunidades de vecinos. Cada nivel añade su instrumento. El resultado es un mosaico regulatorio cada vez más complejo.
Esa complejidad genera litigios. Inseguridad jurídica. Costes administrativos. Y, sobre todo, incertidumbre para quien invierte. En los últimos años, la política de vivienda ha actuado sobre síntomas visibles: precios, contratos, perfiles de comprador, uso del inmueble, pisos turísticos. Cada intervención responde a una presión social comprensible. Pero ninguna resuelve el núcleo del problema si no va acompañada de un aumento significativo del parque disponible.
Regular es más rápido que construir. Crear un registro es inmediato. Aumentar oferta exige suelo, planeamiento ágil, financiación, colaboración público-privada y estabilidad normativa a largo plazo. Es menos vistoso. Y políticamente menos rentable.
El debate sobre el registro estatal puede acabar en el Supremo. Pero incluso si el Estado gana, la escasez seguirá ahí. Porque la raíz no está en la falta de ventanillas únicas. Está en la falta de viviendas suficientes en los lugares donde la gente quiere vivir.
Mientras esa ecuación no cambie, cada nueva herramienta administrativa será un parche. Y los parches, por definición, no amplían el stock. Solo complican todavía más la escasez.
