No es tan sencillo como aplicar directamente la teoría económica, pero hay que tenerla en cuenta. Una de las principales vías para conseguir que la vivienda deje de ser un bien de lujo como resulta ser hoy en día –especialmente en las grandes ciudades, pero también en las medianas, que sufren el encarecimiento provocado por la huida de demanda que busca lugares más asequibles para tener una casa donde vivir– es aumentar la oferta. Y que esta se adapte a la demanda. Pero esto es más fácil de decir que de hacer. Convertida en la principal preocupación de la población, la de la vivienda es en realidad una cuestión de estado, que todos los partidos deberían asumir.
El hecho es que la problemática se afronta de manera parcial. En Cataluña, por ejemplo, hay medidas a raíz de la ley de la vivienda, como el tope a los precios del alquiler, que aparentemente han dado resultados, pero hay que utilizar los aumentos del microscopio para hacerse una idea más clara de lo que está pasando. En el caso de Cataluña, el precio medio del alquiler ya es superior al de la entrada en vigor del tope. Pero en la ciudad de Barcelona, aunque todavía no supera el de aquel momento, durante todo el 2025 ha ido subiendo y, si se toma como referencia el precio por metro cuadrado, ya supera el de antes del tope.
Además, el número total de contratos nuevos ha ido bajando y la superficie de los pisos de los nuevos alquileres es cada vez menor. En definitiva, se paga más por menos metros. El precio total quizás es menor, pero lo que se paga por cada metro es superior. La oferta de vivienda de alquiler disponible, por su parte, continúa creciendo, pero a un ritmo muy menor. La Generalitat plantea más iniciativas relacionadas con más agilización burocrática, por ejemplo, pero los resultados todavía tardarán.
Hay que tener en cuenta que el incremento del precio del alquiler en la ciudad de Barcelona en los últimos 20 años (78,39%) prácticamente ha duplicado el de la renta disponible per cápita (hasta 2024, 35,83%). Es evidente que el problema es estructural y exige soluciones transversales y combinadas, según los expertos. El gobierno español ha puesto en marcha, con retraso, el plan de vivienda hasta 2030 con medidas para aumentar la oferta por la vía de la promoción pública, abandonada desde hace años; y, por otro lado, otras dirigidas a la demanda, con apoyos a la rehabilitación y ayudas a los colectivos vulnerables o con muchas dificultades para acceder a la vivienda, como por ejemplo los jóvenes. Pero para funcionar necesita la colaboración de las autonomías, que son las que tienen más competencias en la materia, y de los ayuntamientos. Y muchas no parece que estén dispuestas.
Desde hace tiempo, la vivienda se ha convertido en un elemento que acentúa y amplifica la desigualdad social. Es un problema que se debe afrontar de manera coordinada. Un pacto mínimo entre las fuerzas políticas con posibilidades de gobernar sería una de las opciones más positivas, y evitar ir cada uno a la suya. Es lo que hay que esperar de la política, porque cuando esta se basa solo en la pugna constante, el tacticismo y la polarización, sin ofrecer propuestas verdaderamente útiles para las cuestiones que más preocupan a los ciudadanos, se abona el campo al populismo y las recetas sencillas y mágicas a los problemas más complejos.
