Vivienda: respuesta a Miquel Puig

Miquel Puig publicó un artículo en el ARA el 19 de julio donde ponía en cuestión la política de vivienda pública de alquiler sosteniendo que encarece el conjunto. Puig planteaba que una ciudad modelo con 8 viviendas y 10 familias ahuyentaría a 2, las más pobres; pero que, de hacerse vivienda social para estas dos familias, las familias excluidas serían las de clase media (familias 3 y 4), por lo que podrían decantarse políticamente por posiciones reaccionarias. El modelo parece coherente, pero estático, cuando la realidad es más compleja y dinámica.

Si la ciudad del modelo fuera Barcelona, ​​hoy todos los inmigrantes del sector servicios vivirían fuera de la ciudad, y los expados tecnológicos, dentro. Seguro que hay inmigrantes excluidos, pero Barcelona exporta una media anual de 11.500 ciudadanos, todos de nacionalidad española, desde principios de siglo. De Barcelona también se marchan los estratos altos de población, hartos de la pérdida de calidad de vida en la ciudad: van a la periferia ya veces más lejos, hacia el Maresme, el Garraf o el Vallès, y algunos expados ya están en Gerona. Este desplazamiento de población ha desalojado viviendas de menor calidad y ha alojado a inmigrantes. Aunque en los últimos años en Cataluña hayamos pasado a ser 8 millones de ciudadanos, la mayor parte de la gente ha encontrado alojamiento aunque no hemos construido vivienda al mismo ritmo. Sólo los sintecho, una dura minoría, ha quedado excluida. Durante este tiempo, hemos convertido a segundas residencias de urbanizaciones de baja calidad en primeras residencias.

Miquel Puig sostiene que añadir vivienda pública podría ser una mala solución: podría resultar discriminatoria y tener efectos políticos negativos. Pero no necesariamente debe ser así. Los destinatarios de la vivienda social pueden ser las familias más precarias (inmigrantes), pero también a los jóvenes de las familias de clase media que no se emancipan.

Si casi todo el mundo está bajo techo, añadir viviendas puede disminuir la presión de precios, porque se puede ofrecer un precio competitivo y reducir la presión de demanda. Un efecto que seguramente se conseguirá de forma reducida, mientras no se logre absorber la demanda de los jóvenes no emancipados o la sobreocupación de los pisos de inmigrantes; pero el efecto estará ahí. Porque si falta vivienda, lo que hace falta es construirla.

Vista la movilidad y la unidad de todo el mercado, la prioridad de la nueva vivienda social debe situarse en la base: vivienda dotacional, mínimo, de suficiente calidad y mejor dos unidades de 45 m2 que una de 90. La gracia de todo junto es que tenemos industria constructora, opciones de bonificación y subvención puntual, y sólo nos falta suelo, que puede surgir con un mejor aprovechamiento de las ciudades actuales y con extensión urbana, lo que pide mecanismos ágiles a las administraciones locales. La falta de suelo es la máxima dificultad, y pediría crear administraciones territoriales en la escalera de 200.000 habitantes y en toda la extensión del país, sean municipios, comarcas o regiones.

Todo esto será poco posible dentro de Barcelona, ​​donde no hay espacio suficiente y donde se crean 9.000 puestos de trabajo al año, pero debe ser posible en la periferia, lo que planteará el debate de una distribución equilibrada de actividad. El mercado inmobiliario es plenamente regional y, en ocasiones, de escala catalana.

En síntesis, podemos reaccionar socialmente a un problema grave, que es de inmigrantes y jóvenes, podemos generar demanda para la industria constructora, podemos hacer que los salarios no tengan que dedicarse en una proporción tan grande a la vivienda (lo que haría bien en el resto de sectores), y podemos dotarnos de un parque público a medio plazo. Pero sería necesario un fuerte liderazgo político, colaboración público-privada y empezar por un plan de choque, al tiempo que iniciamos la acción a medio plazo.

¿Cuál sería el plan de choque? Vivienda mínima, sin costes extras (por ejemplo aparcamiento), en suelo urbano en concesión, sobre espacios aprovechados en una densificación ordenada, en gestión privada o social y con subvención puntual, para garantizar un alquiler asequible y una reversión de la inversión (y rentabilidad) a un plazo prudente. Si en pocos años hicimos una red de escuela y una salud, ahora es posible una acción de efectos estructurales en vivienda. De la misma forma que el modelo liberal de salud (USA) es más caro y de menor servicio que el socialdemócrata o de estado del bienestar (Europa), ahora nos toca definir una política de servicio público en vivienda. Y, al menos en Cataluña, los sistemas universales de educación y de salud se hicieron con base social y no sólo con funcionarios. También aquí nos juegan, no sólo un modelo social, sino la propia competitividad del conjunto de nuestra economía. Como toda política solvente, actuar consiste en surfear sobre las olas de la realidad.

Y, finalmente, es del todo legítimo plantearnos si debemos limitar el desmedido crecimiento de la población, más por razones de modelo económico que de vivienda, y criticar un modelo de turismo banal donde los análisis de Puig sobresalen desde hace tiempo.