¿Dónde están las viviendas de la Sareb que prometió Pedro Sánchez?
El pacto entre PSOE y Sumar para la investidura de Pedro Sánchez tiene en la vivienda uno de sus puntos centrales. Pero, ¿qué podemos esperar? Los objetivos en materia de vivienda, ¿se acaban realizando? El pasado mes de abril Sánchez anunció a los cuatro vientos que se pondrían en alquiler social 50.000 viviendas de la Sareb. Se dijo que 9.000 ya estaban disponibles y la Sareb aseguró que habría otros 12.000 en seis meses, como máximo. Hoy, llegada la fecha que se prometió, nos preguntamos dónde están esas viviendas sociales y cuáles son las actuaciones y las condiciones en las que estas viviendas se han puesto a disposición de ayuntamientos y comunidades autónomas.
De acuerdo con los datos que se hicieron públicos, de las 13.499 viviendas que la Sareb tiene disponibles en Catalunya –concretamente, 6.997 en la provincia de Barcelona, 3.010 en Tarragona, 1.776 en Girona y 1.716 en Lleida–, sólo 3.539 estarían disponibles para uso social.
Desde que se hicieron los anuncios mencionados, la Sareb ha recibido un alud de peticiones de información sobre la disponibilidad y las condiciones de estas viviendas. Desgraciadamente, la mayoría de municipios todavía no han recibido ningún tipo de información, o la que han recibido deja bastante que desear. Es decir, las viviendas ofertadas no se corresponden con el volumen de viviendas que se ha anunciado que están disponibles, y los precios, en la mayoría de casos, se asimilan bastante a los de mercado. Además, cabe destacar que muchos de ellos necesitan importantes obras de rehabilitación para poder ser alquilados, o no pueden visitarse porque están ocupados.
Como ya se pronosticó, los municipios con demanda fuerte y acreditada son los que menos atención están recibiendo y los que más difícil lo tienen en la negociación con la Sareb, quizás porque en estos casos los activos en cuestión son más rentables en el mercado libre.
En el caso de la Generalitat de Catalunya, aunque lleva meses negociando con la Sareb poder disponer de un millar de viviendas, parece que todavía no se ha hecho público si esta negociación ha obtenido frutos y se ha puesto en su disposición algún paquete importante de viviendas para atender la demanda social que existe.
Estas viviendas se están esperando como agua de mayo. Hay muchas familias vulnerables que, a pesar de tener una resolución favorable de la mesa de emergencia social que les reconoce el derecho a una vivienda social porque se encuentran sin alternativa habitacional, no han sido atendidas.
Desde mi punto de vista, para que las viviendas realmente se pongan a disposición de las administraciones no sólo hace falta voluntad política, sino que es necesario establecer unas condiciones asumibles y dotar esta política de unos recursos adecuados. Uno de los principales problemas que se plantea es el precio al que se ofrecen las compras, puesto que la mayoría de ayuntamientos no tienen recursos ni capacidad para endeudarse. Por tanto, no sólo es necesario rebajar los precios de los inmuebles, sino que también conviene buscar otras fórmulas de cesión y vías de financiación y préstamos bonificados que faciliten las transacciones. Recientemente, en el Parlament de Catalunya se presentó una propuesta legislativa para que la Sareb tuviera que ceder el dominio de los inmuebles a la administración. Sin embargo, fijar unas condiciones ventajosas y unos plazos para llevar a cabo las operaciones sería clave para poder cumplir con los objetivos marcados.
El Plan estatal de vivienda 2022-2025 ya incluye un programa que tiene como finalidad facilitar la cesión en usufructo de 15.000 viviendas de la Sareb. Este programa prometía nuevas líneas de financiación, ayudas de hasta 175€ por vivienda cedida y hacerse cargo del 75% del coste de las obras de rehabilitación necesarias para hacer que estas viviendas sean realmente habitables. Para garantizar la viabilidad de este programa era necesario alcanzar una serie de acuerdos y abrir una convocatoria, que sin embargo nunca se han llegado a materializar.
A esta situación se le suman otras. Por ejemplo, hay una serie de promociones de vivienda social que, para recibir los Fondos Next Generation comprometidos en las convocatorias de ayudas, tienen que estar terminadas en junio de 2026, pero necesitan que primero se detallen las condiciones y bonificaciones de esa financiación: una concreción que no acaba de llegar nunca. Así es muy difícil dar respuesta a las necesidades de vivienda social.
Con los precios de los alquileres constantemente al alza y un parque de alquiler social del 2%, cada vez son más las familias que ven desatendidas sus necesidades de vivienda. Y ya ni hablamos de empezar a cumplir los calendarios marcados para alcanzar el objetivo de disponer de un 20% de vivienda social en 20 años. Es necesario, pues, que los objetivos en materia de vivienda vayan más allá de los anuncios pomposos y se concreten en todos los documentos y medidas necesarios para desarrollarlos en la práctica.
