Presupuestos del Estado

226.032 millones de euros: el gobierno español presenta el “techo de gasto más grande de la historia”

Arcadi España pide al PP que apruebe los objetivos de estabilidad ante el 'no' de Junts

07/07/2026 - 20:13 h.

MadridDespués de anunciar al Consejo de Política Fiscal y Financiera los objetivos de déficit para las comunidades autónomas, este martes el consejo de ministros los ha ratificado y también ha aprobado el techo de gasto de todas las administraciones públicas. El ministro de Hacienda, Arcadi España, ha anunciado que será el "más grande de toda la historia": hasta 226.032 millones, un 6,6% más que el techo de gasto anterior, que fue 212.026 millones de euros.

"No tiene precedentes", ha dicho, y ha remarcado que esto permitirá elaborar unos presupuestos expansivos en materia de estado del bienestar. Unas cuentas que el gobierno español tiene previsto aprobar en consejo de ministros en otoño y llevarlos al Congreso a pesar de que no tiene los apoyos garantizados.

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¿Qué implica el techo de gasto? Se trata de un mecanismo de gestión presupuestaria a través del cual el Estado, una vez ya sabe cuáles serán los ingresos estimados, fija cuál es el máximo de gasto posible para cumplir el objetivo de estabilidad que marca la Unión Europea. Una cifra que está fijada en el 1,8% de déficit máximo para 2027. Hay diversos factores que explican este aumento: entre otras cosas, la inflación, que ha aumentado la recaudación del Estado sobre todo en materia del IVA, así como la subida progresiva de sueldos, que (sin deflactación impositiva) ha hecho subir también los ingresos de la administración general en materia de IRPF.

En todo caso, es a la hora de repartir el margen de déficit de los objetivos de estabilidad presupuestaria entre las administraciones cuando se produce la batalla política, ya que el techo de gasto es una herramienta de gestión presupuestaria del gobierno español pero no se vota en el Congreso. Por el contrario, la senda de estabilidad sí.

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El ministro Arcadi España ha explicado, tal como ya hizo ayer en la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que el 1,8% de déficit se distribuirá de la siguiente manera: 1,5 puntos para la administración general del Estado, 0,2 puntos para la Seguridad Social, 0,1 puntos para las comunidades autónomas y 0 puntos para los ayuntamientos. España ha dicho que es la administración general del Estado la que hace "más esfuerzo" a pesar de tener el margen más elevado, ya que debe reducir tres décimas respecto del objetivo de déficit del 2026 (2,1%). Y se mantiene, ha remarcado, el 0,1% para las autonomías, como el año pasado.

Es una interpretación que no comparten la mayoría de las comunidades autónomas, gobernadas por el PP, y tampoco Junts, que pide la posibilidad de que la Generalitat pueda tener más margen de déficit que el Estado y que ya ha anunciado que votaría que no a la vía de estabilidad en el Congreso de los Diputados. De hecho, los juntaires ya tumbaron el año pasado los objetivos de estabilidad presupuestaria porque el déficit que debían cumplir las comunidades autónomas también era de un 0,1%, frente al de la administración del Estado, que se situó en el 1,8%. Otras fuentes autonómicas también remarcan que en la práctica no es cierto que las comunidades no tengan que hacer ajustes, porque no parten del déficit del 0,1%. Es dispar entre autonomías: por ejemplo, Asturias tiene un superávit del +0,51%; mientras que el País Valenciano y Murcia son las que tienen más déficit, con un -1,54% y un -1,56%, respectivamente. Cataluña cerró el 2025 con un -0,54% de déficit público, de manera que también tendrá que hacer ajustes para cumplir con el objetivo de estabilidad.

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Para salir del atolladero, el ministro España ha vuelto a poner sobre la mesa la posibilidad de fijar un déficit asimétrico para las comunidades autónomas, de manera que se puedan prestar la posibilidad de gastar más unas a otras en función de la situación de la que parten. Las más interesadas, ha dicho el ministro, son el País Valenciano y Murcia, precisamente gobernadas por el PP.

El fracaso en el Congreso: sin apoyos

Con los objetivos de estabilidad aprobados en el consejo de ministros, ahora deben llevarse al Congreso de los Diputados. Ante el no de Junts, el ministro Arcadi España ha optado por poner el foco en el PP. "Las razones del no tienen que ver con el partidismo, que es una enfermedad que afecta a los partidos de la derecha", ha dicho España, que ha reprochado a los populares que haya habido un cambio de posición: el año pasado, en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, las comunidades del PP se abstuvieron. Además, también ha lamentado las críticas de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que este martes ha insistido en que los presupuestos son solo una "compra de votos del independentismo". "Me cuesta entender la obsesión del PP con Cataluña", le ha replicado el ministro.

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Ahora bien, las críticas también le han llegado desde la izquierda: “Estamos hablando de la misma propuesta que se produjo hace un año. Quien repite las mismas actuaciones puede esperar los mismos resultados”, ha avisado la secretaria general de Podemos, Ione Belarra, que también ha lamentado que todavía no hayan tenido "ningún contacto" con el ministerio.

En resumen, el gobierno español tiene asumido que fracasará a la hora de sacar adelante los objetivos de estabilidad –que se considera el primer paso para elaborar los presupuestos del Estado–, pero esto no le alterará los planes. Se prevé una primera votación en la cámara española el 14 de julio, y si fracasa se volverá a repetir el 23 de julio. Con dos votaciones fallidas de los objetivos de estabilidad, y de acuerdo con la interpretación que en su momento ya hizo la Abogacía General del Estado, se pasan a aplicar de forma automática los objetivos de déficit y deuda recogidos en el último programa de estabilidad que se remitieron a la Unión Europea. Unas cifras que suelen ser más restrictivas, ya que a las comunidades autónomas se les obligaba a mantener el déficit 0. Por eso el ministerio avisa que si se tumban los objetivos las autonomías deberán hacer de entrada "un ajuste de 5.849 millones de euros", más todo lo que ya han gastado de más este 2025.