BarcelonaLas siglas SEPI han formado parte en los últimos días de muchos titulares sobre el caso de presunta corrupción que salpica al exmilitante socialista Leire Díez, investigado bajo secreto por el juez de la Audiencia Nacional Antonio Piña. Se trata de la abreviatura de Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, una entidad pública adscrita al ministerio de Hacienda que gestiona la participación del estado español en numerosas empresas estratégicas de los sectores energético, de defensa, de infraestructuras o de telecomunicaciones, entre otros. La SEPI, de alguna forma, actúa como brazo inversor del gobierno español, y si aparece relacionada con la trama Leire Díez es por la propia naturaleza de la causa, que tiene varios contratos públicos bajo la lupa.
La Audiencia Nacional cree que el ex militante socialista, junto con Vicente Fernández, expresidente de la SEPI, y el empresario Antxon Alonso –los tres detenidos la semana pasada y ahora en libertad provisional–, habrían cobrado unos 750.000 euros en comisiones a cambio de interceder en al menos cinco operaciones que implicaban a "empresas públicas y entidades dependientes de la SEPI". Así consta en una resolución del juez Piña a la que han tenido acceso varios medios y agencias de noticias en las últimas horas. Las operaciones investigadas, que se habrían realizado "a través de diferentes cargos públicos", tuvieron lugar al menos entre 2021 y 2023. Hay que tener en cuenta que entre las empresas con control de la SEPI hay desde Correos hasta la energética Enusa, la constructora naval Navantia, el fabricante aeronáutico Airbus o la multinacional española de telecomunicaciones Telefónica. Una causa judicial que ya ha recibido la personación del PP, que ha avisado de que no quiere "permanecer impasible", en palabras de la vicesecretaria popular Cuca Gamarra, que ha bautizado el caso como la "trama Montero".
A partir de las pesquisas de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, el juez considera que los tres investigados formaban un grupo autodenominado Hirurok que "podría haber orientado varios expedientes seguidos a la administración pública, en beneficio propio o de terceros, aprovechándose de su posición, relaciones y." Según indica la resolución, los tres habrían actuado de forma coordinada y con la máxima discreción para "obtener el máximo beneficio económico a través del cobro de comisiones". Los fondos se habrían encauzado principalmente a través de la mercantil Mediaciones Martínez.
La primera operación que se menciona en la resolución es la concesión de un rescate otorgado por la SEPI a la empresa Tubos Reunidos por valor de 112,8 millones de euros, a cambio del que los miembros del grupo Hirurok habrían recibido 114.950 euros. Otra operación es la adjudicación de un contrato de la empresa pública Mercasa en favor de Servinabar, compañía propiedad de Alonso y vinculada al exdirigente socialista Santos Cerdán. El importe del contrato era de 18.119,75 euros por "un informe técnico de las oficinas de la sede central de Mercasa".
La tercera adjudicación reseñada es una del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) a favor de la UTE Construcciones y Excavaciones Erriberri-Afesa Medio Ambiente por 2,8 millones de euros. Los investigados, a través del presidente de la mesa de contratación, habrían tenido la capacidad de beneficiar a la mercantil Eriberri en el proceso de adjudicación y, como contraprestación, la empresa habría canalizado fondos al grupo por un total de 400.000 euros.
El juez de la Audiencia Nacional también recoge supuestos pagos desde la empresa pública Enusa a favor del despacho de abogados SDP Carrillo y Montes, vinculados a una adjudicación pública, y una ayuda de la SEPI de 17,32 millones de euros a una sociedad vinculada al grupo Forestalia2, con una comisión.
Los investigadores sostienen que la mayor parte de las comisiones recibidas tienen que ver con varias inversiones inmobiliarias en Marbella y Jaca, si bien otra parte de los fondos habría ido "a los miembros del grupo de forma individual". El juez Piña dejó este sábado en libertad a Díez, Fernández y Alonso, pero les impuso como medidas cautelares la retirada del pasaporte, la prohibición de salida del país y comparecencias quincenales en sede judicial. La causa ha sido impulsada por la Fiscalía Anticorrupción y se investigan presuntos delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal.
Zapatero se habría reunido con uno de los detenidos de Plus Ultra antes del arresto
José Luis Rodríguez Zapatero se habría reunido de forma discreta con uno de los directivos de la aerolínea Plus Ultra detenidos la semana pasada , Julio Martínez, a falta de 72 horas para que le arrestaran.
Según publica el digital El Debate , que incluye fotografías del supuesto encuentro, la cita tuvo lugar el lunes de la semana pasada en una "zona sin cobertura en medio del campo". El expresidente español y el empresario pasearon durante una hora y posteriormente almorzaron en un restaurante en la zona de El Pardo, a las afueras de Madrid.
Según El Confidencial , aparte, los investigadores del caso Plus Ultra habrían detectado que Martínez borró mensajes y correos antes de su detención. El PP, sin embargo, ya ha pedido explicaciones a Pedro Sánchez.