La Abogacía del Estado no se moja sobre el indulto pero subraya que el "daño económico está reparado"

MadridLa Abogacía del Estado mantiene la incertidumbre sobre el indulto a los presos políticos y no se posiciona sobre si corresponde o no concederlo. En el informe solicitado por el Tribunal Supremo, que ha avanzado El Español y al que ha tenido acceso el ARA, el organismo que depende del ministerio de Justicia argumenta que emitir su criterio sería "anticipar o determinar el sentido de una decisión que corresponde al gobierno español" y opta por no mojarse. "La parte ofendida que emite el informe es la administración general del Estado, de la que forman parte tanto el órgano que tiene que formular la propuesta de indulto –el ministro de Justicia– como el órgano que lo tiene que acordar –el consejo de ministros–", destaca la abogada del Estado Rosa María Seoane, que ejerció la acusación durante el juicio.

Ahora bien, subraya que el "daño económico está reparado" con la fianza que los encausados tuvieron que depositar al Tribunal de Cuentas. La Abogacía del Estado hace hincapié en el motivo por el que se personó como acusación en el proceso judicial, que es como parte perjudicada por el delito de malversación de fondos públicos. Una entrada en el procedimiento que no obstaculizó que después desarrollara una acusación más amplia e incluyera el delito de sedición.

Como la ley del indulto prevé que emitan un informe la Fiscalía y la parte ofendida –Vox no lo tenía que hacer, a pesar de que envió uno al Supremo–, la Abogacía razona que lo más lógico era que el contenido de su escrito girara alrededor de las responsabilidades contables de los condenados. En este sentido, en el informe solo se refiere al líder de ERC, Oriol Junqueras; el ex conseller de Exteriores Raül Romeva; el ex conseller de la Presidencia Jordi Turull, y la ex consellera de Treball Dolors Bassa, condenados por malversación.

La personación de la Abogacía del Estado en el procedimiento judicial fue a instancia de la subsecretaria de Hacienda y ahora, para la solicitud de indulto, le pidió un informe, que se basa en la información que remitió el Tribunal de Cuentas. El órgano fiscalizador señalaba que en febrero del año pasado se dio por avalada la cantidad de 4,1 millones de euros para evitar el embargo de bienes, de forma que el delito de malversación estaba reparado. Así lo ratifica la Abogacía del Estado: habiéndose garantizado a día de hoy esta cantidad, la fianza constituye un elemento que repararía el perjuicio económico producido a la hacienda pública".

Este aval se considera suficiente, más allá de que el Tribunal de Cuentas esté instruyendo otro proceso sobre las delegaciones en el exterior del que podría haber novedades pronto. Se trata de un caso "acumulado" al anterior, según informó el órgano fiscalizador, que todavía está pendiente de que se dé a conocer el acta de liquidación provisional, una fase equivalente a finales de la instrucción que da a la de enjuiciamiento. "Esta liquidación complementaria posterior no impide ahora pronunciarse sobre el perjuicio causado a la hacienda pública a los efectos de este informe. Si no hay ningún error u omisión de esta representación, el resultado de esta liquidación complementaria no afectaría a los gastos que la sentencia del 14 de octubre del 2019 ha analizado para concluir con la condena de malversación de cuatro de los acusados, hoy condenados".

Sin pistas de la decisión de Sánchez

Así, la Abogacía del Estado acaba con las cábalas sobre si su posicionamiento podía ser un antecedente importante de cara a la decisión política final del consejo de ministros. "Ni el informe que acompaña este escrito ni el escrito mismo incorporan una valoración sobre la justicia o conveniencia y forma de la concesión de la gracia", dice el escrito, que pone énfasis en que la administración general del Estado es un único ente que tanto integra la Abogacía como el gobierno, de forma que no puede avanzarse a la decisión del consejo de ministros.

Una vez tenga el informe, el Supremo ya puede elaborar el suyo. Tendrá que recopilar toda la documentación y decir cuál es su criterio sobre la concesión o no del indulto a cada condenado. Después trasladará todos los expedientes al ministerio de Justicia, que es quien formalmente hace la propuesta al consejo de ministros. A nadie se le escapa, sin embargo, que el presidente, Pedro Sánchez, será quien tome la decisión sobre el indulto. Si el Supremo se opone, solo podrá ser parcial: es decir, no se podrá eliminar al completo la pena de prisión y de inhabilitación.