Podemos se abre ahora a desbloquear la delegación de competencias de inmigración en Cataluña
El partido lila ponía como condición previa la regularización extraordinaria de migrantes que hoy aprueba el gobierno español
Barcelona / MadridPodemos había sido hasta ahora un muro ante el acuerdo entre el PSOE y Junts para la delegación de las competencias de inmigración en Cataluña. "No se hará con los votos de Podemos", aseguraba el partido lila, muy beligerante con los motivos "racistas" que achacaba al pacto. Esta oposición frontal era el principal escollo para materializar una de las exigencias de los de Carles Puigdemont para apoyar parlamentario a los socialistas. El incumplimiento de este punto fue, de hecho, uno de los principales motivos esgrimidos por los junteros para romper con los de Pedro Sánchez. En uno de los momentos más delicados de la legislatura, con el gobierno español contra las cuerdas por la crisis ferroviaria, el PSOE ha pulsado la tecla que Podemos ya había apuntado que podía ser el deslumbrante de este bloqueo.
Los de Ione Belarra habían dejado a la vez una puerta abierta a un cambio de posición si el ejecutivo de Sánchez accedía a aprobar una regularización extraordinaria de migrantes. Y ese momento ha llegado. El día en que el gobierno español aprueba -tras acordarlo con el partido lila- la regularización de medio millón de personas extranjeras que ya están en España, la eurodiputada Irene Montero ha confirmado que su formación se abre ahora a negociar la delegación en la Generalitat. En declaraciones a la SER, confirmó la predisposición a hablar para "modificar" el texto que hasta ahora bloqueaban para que "no tenga ningún contenido racista", ni en la exposición de motivos ni en el articulado. "Estamos abiertas a negociar siempre que se consideren nuestras aportaciones", confirmó la líder de Podemos en rueda de prensa en el Congreso.
La ley de delegación de competencias en inmigración continúa en el cajón de las medidas pactadas entre socialistas y junteros que todavía están pendientes de cumplir, desde que el pasado 23 de septiembre el Congreso rechazó esta iniciativa, con los votos en contra del PP, Vox, Podemos, UPN, un diputado de Compromís y otro de la Chroma. Montero admite ahora que ese voto en contra de Podemos no es inamovible: "Siempre hemos estado dispuestas a sentarnos a negociar un texto modificado, para que no tenga ningún contenido racista", ha dicho, pese a la oposición frontal manifestada hasta ahora.
Lo que ha cambiado es el acuerdo anunciado este lunes para la regularización extraordinaria. La medida afectará a medio millón de migrantes (de los que más de 150.000 residen en Catalunya), según cálculos de la formación lila, los cuales tendrán que acreditar cinco meses de residencia en España previos al 31 de diciembre de 2025. "Antes de hablar de competencias, teníamos que garantizar derechos", ha dicho Montero para justificar el cambio. La regularización, añadió, era "uno de los elementos fundamentales para que la delegación de competencias no refuerce el racismo contra las personas migrantes".
Oposición de la derecha y aval de la Iglesia
Tal y como ya manifestaron PP y Vox ayer, la portavoz del PP en la Cámara Baja, Ester Muñoz, rechazó el acuerdo entre PSOE y Podemos y criticó el cambio de posicionamiento de los lilas. "Lo que antes era racista ahora ha dejado de serlo", ironizó en declaraciones en el pasillo del Congreso. Según Muñoz, la iniciativa es una "frivolidad" del PSOE que busca desviar la atención de la crisis ferroviaria. El PP, además, se opone por una cuestión de fondo. Sostienen que las regularizaciones no pueden ser masivas sino que deben realizarse "persona a persona". El partido de extrema derecha fue más allá que los populares y anunció que recurrirá la iniciativa ante el Tribunal Supremo. Su portavoz en el Congreso, Pepa Millán, ha denunciado que es una "locura" y una "barbaridad".
Esta postura contrasta con la de la Iglesia española. En un comunicado, el departamento de migraciones de la Conferencia Episcopal Española celebró el anuncio de regularización. La valoración de los obispos españoles es que se trata de una medida "de justicia social y reconocimiento a tantas personas migrantes que con su trabajo llevan tiempo contribuyendo al desarrollo de nuestro país".