El gobierno español niega las acusaciones de Junts de querer aplazar la amnistía
El Real Decreto 6/2023 recoge que los procedimientos judiciales se suspenderán si se presentan cuestiones prejudiciales en los tribunales europeos
BarcelonaLos tribunales tendrán dos meses para aplicar la amnistía una vez aprobada por las Cortes españolas. Es uno de los puntos que el PSOE pactó con Junts y ERC para evitar la dilación indebida por parte de los jueces contrarios a aplicar la ley. Con el mismo objetivo, el artículo 10 del texto que ya se está tramitando en el Congreso define que cualquier recurso que se presente contra la ley "no tendrá efectos suspensivos" y que los tribunales tendrán que aplicarlo de forma "preferente y urgente". Ahora bien, hace una semana entró en vigor el real decreto 6/2023, que, entre otros, regula la justicia telemática, y añade una modificación a la ley de enjuiciamiento criminal que ha puesto a JxCat en alerta: "El planteamiento de una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) acordará la suspensión de las actuaciones hasta la resolución del Tribunal o hasta que se acuerde la retirada de la cuestión prejudicial".
El gobierno español asegura que no existe ningún cambio y, en especial, ninguna voluntad de aplazar la aplicación de la ley de amnistía. Se trata, según explican, de un paquete judicial que armoniza las legislaciones española y europea que ya se había planteado en mayo, cuando todavía no estaba la amnistía sobre la mesa, y que debía aprobarse antes del 31 de diciembre porque depende incluso la llegada de fondos europeos.
Fuentes del ejecutivo estatal subrayan que su compromiso con la amnistía es firme y que los tratados que regulan el funcionamiento del TJUE ya marcan la suspensión de los procedimientos. "La decisión del órgano jurisdiccional nacional que suspende el procedimiento y somete el asunto al Tribunal de Justicia será notificada a éste último por ese órgano jurisdiccional". Es decir, en este párrafo del artículo 23 del tratado se asume que los procedimientos están suspendidos cuando lleguen en forma de cuestión prejudicial al TJUE. Sin embargo, no existe ninguna referencia explícita a esta suspensión. Por eso Junts ha puesto el grito en el cielo y, de momento, se niega a votar el decreto cuando próximamente llegue al Congreso de los Diputados.
La ley de amnistía se aprobará probablemente en el Congreso durante el mes de enero o como máximo en febrero y después iniciará un trámite más largo en el Senado, donde el PP –que tiene mayoría absoluta– está determinado a alargar todo lo posible los plazos. Sea como fuere, no podrá ir mucho más allá de mayo, cuando volverá al Congreso –con un previsible rechazo del Senado– para su aprobación definitiva. Será entonces cuando empezará el papel de los jueces. ¿Tendrán dos meses o el plazo será indefinido con cargo a la celeridad con la que actúe Europa?
Aunque fuentes del gobierno español aseguran que las cuestiones prejudiciales ya son ahora suspensivas, no ha sido un criterio que siempre hayan aplicado los tribunales españoles. Por ejemplo, el presidente del tribunal del Proceso, Manuel Marchena, no esperó a saber el criterio de la justicia europea pese a haber elevado una pregunta en torno a la condición de eurodiputado de Oriol Junqueras.
Voto en contra
Junts ya ha anunciado que votará en contra de este decreto y otros aprobados recientemente por el gobierno español, que tendrán que convalidarse próximamente en el Congreso de los Diputados.
Este cambio se materializa con la adición de un artículo 43 bis a la ley de enjuiciamiento criminal. Pero los decretos aprobados por el consejo de ministros regulan otras muchas cuestiones y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras, ha explicado a través de un hilo en X que tampoco les gusta que sean decretos "macedonia", que regulen muchas cosas aparentemente inconexas entre ellas; que se modifique el servicio público de justicia "sin aportar recursos"; que se regulen temas de función pública y de régimen local; que se dificulte la contratación, o que, a su juicio, se invadan competencias de la Generalitat.
Fuentes de ERC reconocen la complejidad de la aplicación de la ley de amnistía y señalan que no les sorprende que surjan polémicas como la de esta semana. Ahora bien, recuerdan que los decretos del gobierno español deben todavía ser convalidados por los diputados del Congreso. En la cámara baja, PSOE y Sumar necesitarán durante toda la legislatura el apoyo de ERC, de Junts, del PNV y también de EH Bildu.
