Amnistía Internacional denuncia "inacción" de la Fiscalía en el caso Pegasus

BarcelonaLa Fiscalía está "obstaculizando" las investigaciones judiciales abiertas sobre el espionaje con Pegasus de diversos dirigentes independentistas catalanes. Es la conclusión a la que ha llegado Amnistía Internacional tras estudiar cómo está actuando el ministerio público en las diez causas judiciales que hay en marcha. En concreto, la organización denuncia que hace seis años que la Fiscalía está poniendo palos en las ruedas a estas investigaciones. "El ministerio fiscal debería apoyar a las víctimas, tiene un papel vital para proteger sus derechos", ha pedido Virginia Álvarez, responsable de investigación y política interior de Amnistía Internacional en España.

El espionaje de Pegasus, que se produjo entre 2017 y 2022, afectó a dirigentes independentistas como el expresidente de la Generalitat Pere Aragonès, o el expresidente del Parlament Roger Torrent. También fueron víctimas activistas y periodistas como Txell Bonet, pareja del expresidente de Òmnium Jordi Cuixart, que ha participado en la presentación del informe que Amnistía Internacional ha hecho este jueves por la mañana en el Col·legi de Periodistes. "La Fiscalía debería ser garante para las víctimas, está negligiendo en su actuación. Tiene la obligación de actuar con independencia y compromiso de verdad. Pero se resiste y protege el poder. Pedimos que deje de actuar como un freno", ha denunciado Bonet.

La organización denuncia "inacción" de la Fiscalía: su actuación está llevando a "obstruir" las investigaciones y también a la "revictimización" de las víctimas, apuntan en el informe. ¿Cómo lo han constatado? De entrada, consideran que ha habido "dilaciones" en los diferentes pasos de los procedimientos. Denuncian "obstáculos" en la admisión a trámite de las querellas, "oposición" en las diligencias que piden las acusaciones o en la declaración de determinados testigos. También censuran que el ministerio público haya puesto en duda que los juzgados estatales sean los competentes para investigar esta causa y que haya sido reticente a que la Generalitat, el Parlament o el Ayuntamiento de Barcelona se hayan personado en las causas. Además, aseguran que la Fiscalía no ha hecho ninguna pregunta para "profundizar" en los "perjuicios" que han podido sufrir las víctimas fruto de este espionaje.

La organización cree que esto produce una "revictimización" de los afectados, también por el hecho de que se les haya exigido que entreguen sus dispositivos móviles a la policía para hacer las pruebas periciales, ha afirmado Domínguez, consultora jurídica que ha analizado las causas abiertas. "El ministerio fiscal debe cambiar radicalmente su papel en los procedimientos, poniéndose al lado de las víctimas y abandonando el rol defensor del Estado y, a veces, de la misma empresa israelí NSO", apunta la organización en su informe. Piden, en este sentido, que el ministerio fiscal apoye "todas las diligencias que sean necesarias" para aclarar los hechos. "La violencia institucional que he sufrido han sido estos derechos fundamentales violados", ha denunciado Bonet.

Por todo ello, Amnistía exige que la Fiscalía "promueva" una investigación para "averiguar" cómo fue este espionaje con Pegasus y las posibles "vulneraciones de derechos humanos", y también que sea "proactiva" a la hora de pedir diligencias para aclarar cómo actuaron el CNI y NSO, la empresa israelí que creó el software de Pegasus.

La ley de secretos oficiales

Amnistía Internacional también denuncia que la ley de secretos oficiales –que data de 1968 y todavía está pendiente de actualizarse– lleva a que no se haya podido desclasificar información clasificada como secreta y reclaman, en este sentido, la reforma de esta normativa para acabar con este "secretismo". Además, también exigen a las autoridades españolas que "suspendan" el uso y la compraventa de instrumentos de vigilancia masiva y que "colaboren" con las investigaciones abiertas por el Comité Pega y el Consejo de Europa.