Amnistía, presupuestos y Ábalos: la tríada que amenaza a Pedro Sánchez
El presidente español espera superar estos tres obstáculos con las elecciones europeas en el horizonte
MadridNadie dijo que sería un camino de rosas, más bien al contrario, pero tampoco que a Pedro Sánchez se le meterían tres piedras en el zapato nada más arrancar la legislatura. La ley de amnistía se ha atascado a raíz de las maniobras judiciales para impedirla, lo que pospone la presentación de los presupuestos, colando el caso Koldo justo después de un tropiezo en las elecciones de Galicia.
Hace tiempo que la política española hace daño pronosticar, especialmente para Sánchez, que en la anterior legislatura se encontró de imprevisto con una pandemia y una guerra en el este de Europa que alteraron cualquier previsión. El adelanto electoral del 23 de julio fue una sorpresa y los resultados también. Una vez investido, el líder del PSOE imaginaba una tramitación rápida de la amnistía, al menos en el Congreso, para que cuanto antes su aplicación ya sólo quedara en manos de la justicia y el gobierno español pudiera dedicarse a otras cuestiones que verdaderamente son prioritarias para Sánchez. Fuentes de la Moncloa defienden que "más allá del ruido, no ha habido parálisis", y que se han aprobado medidas sobre vivienda y la ley de paridad y este martes el consejo de ministros validó la ley de familias.
El jueves termina el plazo para que la comisión de justicia del Congreso emita un nuevo dictamen sobre la norma de olvido judicial del Proceso. En el PSOE existe el convencimiento de que acabará habiendo un acuerdo con Junts, pero el acuerdo se ha complicado porque la formación de Carles Puigdemont necesita poder explicar por qué cambia de criterio después del no de hace unas semanas si el PSOE no es 'aviene a moverse en el terrorismo ni en el delito de traición. Las conversaciones se están llevando con máximo secretismo. Si finalmente se alcanza el acuerdo y la amnistía ve la luz, el gobierno español se instalará más tarde de lo que quería en la pantalla de los presupuestos, que se presupone que contarán con el visto bueno de los socios de investidura.
El Partido Nacionalista Vasco anunció hace unos días un acuerdo con el PSOE para el traspaso de Cercanías que tenía un triple objetivo: servía como triunfo a Íñigo Urkullu para despedirse de la Lehendakaritzaya su partido de cara a las elecciones del 21 de abril. Y probablemente, en Sánchez como moneda de cambio para el apoyo de los jeltzales en las cuentas estatales. EH Bildu lleva varios ejercicios sin poner condiciones a su voto afirmativo en el PSOE en Madrid y el independentismo catalán sí tratará de gesticular en el marco de la rivalidad entre ERC y Junts. De hecho, los de Puigdemont ya pusieron en peligro la primera votación de la legislatura en Sánchez y la salvar a cambio de competencias en materia migratoria. El pasado jueves el Congreso dio luz verde a un nuevo techo de gasto que, en principio, el PP tumbará en el Senado, lo que obligará al gobierno español a trabajar con el esquema del anterior ejercicio, que advierte que perjudica a las comunidades autónomas –también las que gobierna la derecha.
El caso Ábalos
Lo que menos entraba en los planes de la Moncloa era que estallara el caso Koldo, convertido en caso Ábalos por su negativa a dimitir como diputado en el Congreso. "Es evidente que no es agradable", admiten fuentes gubernamentales. Hace días que prácticamente nadie se acuerda de la amnistía. Un caso de corrupción que salpica al gobierno español –aunque sea de forma indirecta–, y durante la pandemia, es una falla en el relato que llevó a Sánchez a hacer una moción de censura a Mariano Rajoy y también en el cuestionamiento de la crisis en el PP de hace dos años: Alberto Núñez Feijóo relevó a Pablo Casado después de que éste denunciara una posible irregularidad del hermano de Isabel Díaz Ayuso en el suministro de mascarillas a la Comunidad de Madrid.
Por eso Sánchez ha querido actuar diferente y cortar de pura cepa la sospecha sobre su gobierno ante un PP que ha optado por el trazo grueso. La formación de Feijóo ya ha bautizado la trama como caso Sánchez y el líder conservador le recriminó que "lo sabía y lo tapó", en la sesión de control del pasado miércoles en el Congreso. También que marca la "partida de nacimiento" de su carrera política. A la espera de conocer toda la información requisada en las detenciones que se produjeron hace dos semanas, de momento no hay ningún dirigente del PSOE investigado, pese a que el PP esté tratando de esparcir al máximo todo lo que se deriva de la investigación. La polémica por el contrato que afecta al anterior gobierno de Francina Armengol en Baleares es una prueba de cómo la derecha –con la ayuda de sus medios afines– intenta alimentar cualquier incógnita. De momento, el juez ha circunscrito el caso en cinco personas.
El PSOE ha intentado dar la vuelta a la ofensiva del PP creando una comisión de investigación en el Congreso sobre toda la contratación de material sanitario durante la pandemia, con la esperanza de que su rival salga peor parado. Los conservadores harán otra en el Senado y pueden utilizar su mayoría absoluta para citar a declarar a miembros importantes del PSOE y al ejecutivo del Estado. El PP querrá estirar todo lo que pueda ese hilo, sabiendo que en el horizonte hay unas elecciones vascas, pero sobre todo las europeas, en las que volverá a plantearse un plebiscito entre Sánchez y Feijóo.