Un año de las elecciones del Hard Rock: ¿qué se ha hecho con el macroproyecto?
El plan urbanístico sigue atascado y ya se perfila una nueva ofensiva judicial de las entidades ecologistas por la licencia de casino
BarcelonaEste lunes cumple un año exacto de las elecciones catalanas del 12 de mayo. Y, mientras que algunas cosas han cambiado (la primera y más importante, el color político del gobierno), otras siguen donde estaban. Es el caso de la tramitación urbanística del macroproyecto del Hard Rock, uno de los grandes protagonistas de la convocatoria electoral: el entonces presidente, Pere Aragonès, disolvió el Parlamento cuando se vio incapaz de aprobar los presupuestos para 2024 por el veto cruzado entre el PSC y Comuns sobre este complejo turístico en Vila-seca y Salou. Un año más tarde, Aragonès ha mantenido este lunes que no se arrepiente de haber avanzado elecciones porque había un "bloqueo" que hacía inviable la gobernabilidad y por la "pinza entre PSC y Junts" con el Hard Rock. "Había un interés por que el gobierno republicano no continuara", ha dicho a Ser Catalunya en relación con la falta de apoyo para aprobar los presupuestos. En cualquier caso, el entendimiento que no pudieron cerrar ERC, Comuns y el PSC fue posible tras las elecciones, cuando los tres partidos pactaron, en los acuerdos de investidura, eliminar el privilegio fiscal en este casino. Con el departamento de Territori en manos de los socialistas y el privilegio fiscal ya tumbado por el Parlament, ¿cómo está el proyecto?
El informe, atascado
La tramitación del plan director del Hard Rock hizo un reset después de que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña lo tumbara en 2020, a raíz de un recurso de las entidades ecologistas Gepec y Aturem Hard Rock. El proyecto regresó a la mesa de Territori con algunos cambios, pero eran insuficientes; en el 2022 la Generalitat emitió un informe medioambiental desfavorable que pedía más modificaciones. A finales de ese año, el PSC planteó al gobierno de Aragonès votar a favor de los presupuestos si desatascaba la tramitación del Hard Rock (junto con otras condiciones, como la ampliación del aeropuerto o la B-40).
Pero las elecciones del 2024 se convocaron sin que el nuevo informe saliera del cajón del director general de Políticas Ambientales, Marc Vilahur, que formaba parte del gobierno de Pere Aragonès y que el PSC mantuvo en el cargo. Varias voces le atribuyen un perfil "técnico" (y no de partido). Según avanzó El Periódico, el informe pedía 60 millones a Hard Rock para darle luz verde como compensación por el impacto ambiental. El gobierno del PSC le considera un "borrador" (faltaba la firma) y encargó uno nuevo, que también deberá firmar Vilahur. Fuentes de Territori señalan que se está trabajando bajo la batuta del ahora secretario de Transición Ecológica, Jordi Sargatal.
En todo caso, varias fuentes consultadas por el ARA aseguran que no hay novedades en la tramitación urbanística ni se esperan en el corto plazo. El Gobierno se ha reunido con los inversores, también según fuentes. Fue un encuentro "institucional" y "cordial" liderado por el consejero de la Presidencia, Albert Dalmau, según confirman desde el Govern, "como se tienen con otros inversores". Allí se les comentó el contenido de la modificación fiscal.
Los alcaldes tienen prisa
Sin novedades a la vista, los alcaldes de Salou y Vila-seca miran el reloj y recuerdan que le espera en el territorio hace ya diez años, desde que el empresario Sheldon Adelson planteó hacer en Catalunya un Eurovegas que, poco a poco, se fue haciendo más pequeño. "Esto debe acelerarse. Ya se ha cumplido con el compromiso político de la reforma fiscal", dice al ARA el alcalde de Salou, Pere Granados. Desde Vila-seca, el alcalde, Pere Segura, dice que todavía esperan recibir respuesta a las alegaciones que presentaron en el plan director, y añade que ahora la Generalitat "debe decidir" si quiere salir adelante. Ambos alcaldes reivindican la oportunidad para desestacionalizar el turismo que supondría el complejo, con 2.000 empleos directos y 5.000 indirectos, y para complementar la oferta de Port Aventura.
La ofensiva ecologista
Pese a la parálisis administrativa, las entidades ecologistas no se han quedado de brazos cruzados. El Gepec y Aturem Hard Rock han presentado un recurso ante la dirección general de tributos y juego para que se anule la licencia de casino concedida a BCN IR 3 SA para, presuntamente, haber sido otorgada al margen de los requisitos legales. vayan, una vez agotada la vía administrativa. Para el presidente del Gepec, Xavi Jiménez, el proyecto está "en falso" desde hace demasiados años. ¿En qué se amparan las entidades para intentar tumbar la licencia? entidades: los terrenos donde debe levantarse el Hard Rock pertenecen a Mediterranea Beach (de CriteriaCaixa), que había suscrito un contrato de opción con el Incasol por el que el ente público se comprometía a comprárselo por 120 millones de euros y, después, revenderlo por el mismo precio a los promotores. 2017, según confirma un informe de los servicios jurídicos consultado por el ARA que cuantificaba lo que debería pagar la Generalitat en caso de desmarcarse de ellos.
"La empresa no tiene ningún compromiso formal ni informal para acceder a los terrenos", recalcan desde Aturem Hard Rock. El Gobierno de ERC encargó al Incasol formalizar otro contrato media hora antes de pactar con el PSC las cuentas del 2024, pero no llegó a concretarse. En todo caso, la decisión de vender o no continuaría en manos de Criteria. Por otra parte, Mediterranea Beach tiene negocios en otros terrenos de la zona y, de hecho, ya está construyendo en ella. Son las urbanizaciones de lujo Infinitum, con 150 viviendas construidas, 81 apartamentos y 34 villas.
El PSC, a favor
Pese a los equilibrios en el Parlament, en el PSC del Camp de Tarragona la posición es unánime. Varias fuentes socialistas recalcan que el proyecto sigue siendo "necesario" y que están comprometidos. Oficialmente, el Gobierno no da el Hard Rock por perdido, aunque subraya que depende de inversores privados. Ahora bien, cualquier movimiento a favor del complejo puede abrir una crisis con ERC y Comuns, los dos socios con los que está sacando adelante la obra de gobierno.