El Govern no da por perdido al Hard Rock pese al pacto con ERC y Comuns

BarcelonaEl Parlament debatirá (y previsiblemente aprobará) en breve la ley registrada por ERC y los comunes para eliminar el privilegio fiscal del Hard Rock. Esto supondrá que, si llega a abrir, el casino de este macroproyecto en el Camp de Tarragona tributará lo mismo que tributa ahora cualquier otra sala de apuestas de su tamaño y no bajarán al 10% los tipos tributarios al juego, tal y como prevé la normativa vigente. Esquerra y los comunes presentaron esta medida, pactada con el PSC en el acuerdo de investidura, como la fórmula más fácil para enterrar el macroproyecto, argumentando que, con una fiscalidad sin privilegios, el proyecto sería inviable para los inversores. Sin embargo, el Gobierno no parece compartir esta tesis. No cree que el Hard Rock esté perdido.

"Es verdad que se modifica la fiscalidad, pero eso no tiene por qué ser un impedimento. Pero no depende de nosotros, dependerá de la decisión de los inversores", ha asegurado este lunes la consejera de Economía y Finanzas, Alícia Romero , en La mañana de Catalunya Ràdio. Romero admitió que al Govern le "agradaría que siguiera adelante" el centro recreativo y turístico en Vila-seca y Salou, y justificó la decisión del PSC de ceder en la cuestión de la fiscalidad porque el ejecutivo, en minoría, debe forjar alianzas con sus socios parlamentarios. Según la consellera, el Hard Rock –por el que el PSC hizo campaña a las catalanas– es un proyecto que debe "complementar" Port Aventura con centros de congresos y grandes espacios comerciales. ¿Y la licencia de casino? "No le hemos dado nosotros", se limitó a apuntar Romero. La plataforma Aturem el Hard Rock denunció irregularidades en su concesión y la CUP lo ha llevado ante Antifrau por supuesta "manipulación documental".

Fuentes de la conselleria de Territorio confirman que siguen "trabajando" en la tramitación urbanística del proyecto y en el informe medioambiental, que está pendiente desde hace más de un año (y que el PSC exigió desatascar en la negociación de los presupuestos fallidos del 2024, cuando todavía gobernaba ERC en solitario). De hecho, ni los socialistas ni el presidente Salvador Illa nunca se han mostrado dispuestos a detenerlo: hacerlo, sostienen, afectaría a la seguridad jurídica de las inversiones. Sin embargo, y tal vez como prevención de cara a la negociación de los presupuestos después que el año pasado el choque por el Hard Rock terminara en elecciones anticipadas, el PSC se abstuvo en la votación de una moción en el Parlament que instaba a la Generalitat a aprobar ya su plan urbanístico la semana pasada. El texto, impulsado por el PP, salió adelante con el sí de Juntos.

Mientras tanto, se mueve el territorio y, en concreto, uno de los municipios afectados, lo que incluye las filas del PSC. Los socialistas y Ara Pacte Local han presentado una moción en Salou para instar al Govern a acelerar la aprobación del plan director urbanístico del macrocomplejo. El apoyo del alcalde Pere Granados (PSC) a esta medida de presión en la Generalitat ha contrastado con las diferencias con ERC, aunque también forma parte del gobierno municipal como socio minoritario. Y Vila-seca tampoco se queda atrás. Su alcalde, Pere Segura (Junts), reprocha al PSC apoyar un cambio "retroactivo" en la normativa que, a su juicio, pone en cuestión la credibilidad del país de cara a futuras inversiones, también en el sector industrial. "Los inversores están preocupados, en el sentido de que ellos acudieron a un concurso con unas condiciones y una fiscalidad aprobada por partidos que ahora la revierten", lamentó el alcalde la pasada semana.

Juntos también presiona para mantener el proyecto

ERC y los comunes no quisieron esperar más y llevaron al Parlament la derogación del privilegio fiscal del Hard Rock, pese a que el ejecutivo se había mostrado dispuesto a incluirla en la ley de acompañamiento de los presupuestos. Sin embargo, esta negociación no acaba de avanzar. El Gobierno aprobará este martes la prórroga de las cuentas a la espera de reactivar los contactos con los republicanos ahora que Oriol Junqueras vuelve a estar a la cabeza. Con ERC las conversaciones están pausadas, coincidiendo con su congreso, y fuentes de la negociación tanto de los comunes como del Govern descartan que haya ningún pacto cerrado hasta después de las fiestas.

Ahora bien, la votación definitiva de la derogación del privilegio fiscal se hará esperar: Junts ha solicitado que el Consejo de Garantías Estatutarias emita un dictamen por "la inseguridad jurídica que plantea este cambio de condiciones y el coste económico que puede suponer para la Generalitat". Esto abre un período de siete días que, en principio, aplaza el debate para aprobar la modificación legal más allá de esta semana, tal y como estaba previsto. Ahora que los socialistas han rebajado la presión, Junts se ha erigido en defensor de un proyecto que considera clave para el desarrollo del territorio.

Asimismo, el PP también ha querido hacer bandera: fuentes de la formación recalcan que valoraron presentar acudir al Consejo de Garantías Estatutarias, pero que lo descartaron al considerar que no iba "en ninguna parte" porque no había nada de '"inconstitucional". En el futuro no descartan acciones judiciales, pero ahora están centrados en fiscalizar políticamente que la moción aprobada en el Parlament se cumpla. Los junteros coinciden con los populares con la enmienda a la totalidad a la reforma. Mientras no llega el dictamen, los de Carles Puigdemont no aventuran nuevos movimientos, pero señalan la contradicción de los socialistas y les acusan de tratar al sur del país como "moneda de cambio" de la investidura.

Desde el PSC recuerdan que la modificación de una ley es una potestad del Parlamento, y que esto no puede dar lugar a responsabilidades económicas (como sí podría generarla) detener el macroproyecto desde el Gobierno). También destacan la inyección de recursos que supondrá el cambio fiscal: "El compromiso es implementar más recursos para generar mayor dinamismo económico, en este caso en un territorio para nosotros muy importante", ha dicho este lunes la portavoz del partido, Lluïsa Moret.