La Audiencia de Valencia reabre la causa contra Mónica Oltra y la aboca a juicio
La sala considera que "no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal"
ValenciaLa sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia ha reabierto la causa contra la exvicepresidenta del gobierno valenciano Mónica Oltra y otras quince personas por la gestión del caso de los abusos sexuales sufridos por una menor tutelada por la Generalitat y cometidos por el exmarido de 'Oltra Luis Eduardo Ramírez. En la práctica, la decisión aboca a la celebración de un juicio oral, puesto que únicamente se evitaría si las acusaciones o la Fiscalía no presentan ningún escrito de acusación, circunstancia altamente improbable.
Con esta medida, los magistrados Pedro Castellano, Macarena Amparo Mira Picó e Isabel Sifres han estimado parcialmente los recursos de la acusación particular, que ejerce la víctima mediante el abogado ultra y expresidente de España 2000 José Luis Roberto, y las dos acusaciones populares, representadas a través de Vox y la asociación Gobiérna-Te que dirige la agitadora de extrema derecha Cristina Seguí. El tribunal discrepa del criterio del juez instructor Vicente Ríos que en abril archivó la causa y considera que concurren indicios suficientes para encausar a los investigados porque "no puede descartarse claramente la comisión de infracción penal".
La decisión de la Audiencia, que ya ordenó reabrir el caso en el 2021 contra el criterio del instructor, rechaza los argumentos de la Fiscalía y del magistrado, que en su resolución del 2 de abril señaló que durante la investigación no se había acreditado, "ni siquiera en el ámbito de los indicios", que Oltra, ni cargo directivo alguno de la conselleria, diera ninguna orden "dirigida a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor". Según el juez, la instrucción tampoco permitió demostrar que la exvicepresidenta tuviera conocimiento alguno de los hechos hasta el 4 de agosto del 2017, cuando llegó una notificación judicial a su domicilio. También asumió que no fue la dirigente de Compromís quien ordenó abrir la investigación de la conselleria sobre el caso una vez que el caso ya estaba judicializado y que este procedimiento no pretendía desacreditar a la víctima ni ocultar los hechos ocurridos entre diciembre del 2016 y el febrero de 2017.
A diferencia de Ríos, los tres magistrados de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia consideran que sí es posible sostener como una “hipótesis plausible” que las personas que formaban el equipo de Oltra y otros cargos de la conselleria “habrían pretendido ocultar el abuso sexual” y que con ese objetivo habrían utilizado las conclusiones de un informe interno –que no otorgó credibilidad a la denuncia de la víctima– para evitar “tanto la denuncia como la obligación de comunicar el hecho al ministerio fiscal". Los tres jueces también defienden que no puede descartarse el carácter delictivo de la decisión de la conselleria de abrir un segundo expediente informativo, una vez el asunto ya estaba judicializado. Por todo ello, han dictaminado que debe ser el acto del juicio oral "donde se diluciden las circunstancias en las que tuvieron lugar los hechos".
Una vez conocida la resolución judicial, fuentes de Compromís han atribuido la decisión al sesgo conservador de la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia que preside el magistrado Pedro Castellano. En concreto, han señalado que ésta acumula varias resoluciones favorables al Partido Popular como el archivo de la presunta financiación ilegal del grupo municipal que encabezaba Rita Barberá en Valencia y de la causa contra el expresidente Francisco Campspor presuntas irregularidades en la organización de la visita del papa Benedicto XVI en 2006. La misma sala también absolvió a los 18 acusados de pertenecer al grupo neonazi Frente Antisistema (FAS) en 2005 en la conocida como operación Panzer. Precisamente esta sala es la que ha juzgado a los expresidentes de la Generalitat Valenciana Eduardo Zaplana y José Luis Olivas junto a trece personas por las supuestascomisiones ilícitasoriginadas por las concesiones de los parques eólicos de la Comunidad Valenciana y la privatización de las ITV, un proceso sobre el que aún no se ha emitido la sentencia.
Medidas contra el 'lawfare'
Además de señalar la sección cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, desde Compromís también se han dirigido al presidente español Pedro Sánchez al que han reclamado medidas contra ellawfare". Los dirigentes valencianistas han denunciado una "doble vara de medir" de la justicia. "Si eres militante del PP, tienes presunción de inocencia; si eras de un partido progresista, presunción de culpabilidad", ha dicho el portavoz en las Corts Valencianes de la formación, Joan Baldoví.
"Invitamos al Partido Socialista a que la letra de aquella carta que decía que hay que frenar el lawfare empiece a tener consecuencias", ha añadido el diputado en el Congreso Alberto Ibáñez que ha exigido al PSOE "reaccionar". "Y reaccionar no es escribir cartas ni reflexionar; reaccionar significa utilizar el BOE, hacer una reforma profunda de la justicia para que muchos ciudadanos empecemos a dudar de la imparcialidad de los jueces", enfatizó. En la misma línea se expresó el exjefe de Sumar y vicepresidenta del gobierno español, Yolanda Díaz, que ha pedido "medidas" contra la guerra sucia judicial. Mucho más poética se ha mostrado la propia Mónica Oltra que únicamente ha valorado la decisión judicial mediante una publicación en la red social X en la que ha invitado a celebrar "la vida" y la resistencia".
