El aval del ICF ante el Tribunal de Cuentas esquiva la suspensión cautelar en el TC

BarcelonaEl 6 de julio el consejo ejecutivo dio luz verde al decreto que autorizaba al Institut Català de Finances (ICF) a avalar las fianzas de la causa del departamento de Exteriores en el Tribunal de Cuentas. Tres meses después se ha agotado el plazo para que el gobierno español lo impugne y, por lo tanto, se suspenda de manera automática para la admisión a trámite del Tribunal Constitucional. Ayer, jueves 7 de octubre, era el último día para que la Moncloa pidiera un dictamen al Consejo de Estado y lo llevara al TC para intentar invalidar el movimiento que hizo la Generalitat, que tenía como objetivo evitar que una treintena de ex altos cargos tuvieran que embargar su patrimonio para hacer frente a un pago de 5,4 millones de euros. Por ley, el ejecutivo del Estado tiene tres meses para impugnar y a estas alturas ya se ha acabado el plazo para suspender la norma –el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya publicó el decreto el día 7 de julio– e impedir que se aplique a corto plazo.

"Ahora ya es imposible que se suspenda cautelarmente", apuntan fuentes gubernamentales, que opinan que esto es positivo para el Govern por dos motivos: primero, porque si un decreto es vigente y la Generalitat actúa amparándose en él es mucho más difícil para el Tribunal de Cuentas desestimar los avales para hacer frente a las fianzas, y segundo, porque también es más complicado argumentar que se ha producido una malversación por "aplicar una ley" que se encuentra en vigor –hay una demanda de Ciudadanos en la Fiscalía por este motivo.

"El decreto es una respuesta política y jurídica para restablecer la presunción de inocencia a los cargos de la Generalitat", declaró el conseller de Economía, Jaume Giró, jueves en el Parlament para poner en marcha la tramitación del decreto como proyecto de ley, tal y como recomendó el Consejo de Garantías Estatutarias, que avaló por unanimidad la legalidad de la medida. Giró, más allá de defender esta herramienta, mostró complicidad con los socialistas catalanes, que desde el primer momento habían alejado la posibilidad de impugnarlo. "Quiero agradecer al grupo del PSC su predisposición y actitud siempre positiva y favorable a entender las razones que había detrás este decreto ley", declaró Giró jueves, mostrando un reconocimiento al rol que ha jugado Salvador Illa a la hora de alejar la impugnación de la Moncloa.

También creen que les ha ido a favor la respuesta de la Abogacía del Estado –a quien el Tribunal de Cuentas pidió consejo sobre si tenía que aceptar o no los avales del Govern –, puesto que no se mojó sobre aceptarlos o no, y advirtió que solo podía analizar si el decreto permitía a la Generalitat presentar los avales públicos y no si era ilegal –una función reservada sólo al Tribunal Constitucional.

Con el plazo del gobierno español agotado, en la Generalitat solo esperan ahora lo que decida el Tribunal de Cuentas: desde mediados de julio que tiene sobre la mesa los avales del ICF presentados por todos los encausados en Exteriores –que por primera vez no han tenido que responder con su patrimonio– y todavía no ha decidido si los acepta. Fuentes jurídicas interpretan que el tribunal esperaba, por un lado, el informe de la Abogacía del Estado, y por el otro, si el gobierno español presentaba un recurso de inconstitucionalidad. Pronto, pues, esperan que diga algo.

Ahora bien, a pesar de que el decreto haya pasado este filtro, no quiere decir que no lo estudie el Constitucional. Si bien la Moncloa no ha acudido al Constitucional y ha desvanecido la posibilidad de que quede anulado de manera provisional –tiene la capacidad de pedir la suspensión automática de las disposiciones autonómicas al TC–, sí que ha habido un grupo político que ha interpuesto un recurso de inconstitucionalidad: la extrema derecha de Vox. Así, el alto tribunal tarde o temprano se pronunciará sobre la legalidad de la medida de la Generalitat, pero desde el Govern consideran que no puede ser a corto plazo. "El TC nunca ha suspendido una ley impugnada por un grupo de diputados", constatan fuentes jurídicas.

Al recurso de Vox, este viernes también se le ha sumado el del PP. La portavoz de los conservadores en el Congreso, Cuca Gamarra, ha anunciado a través de Twitter que su partido ha llevado también al alto tribunal el fondo que tiene que servir de aval para las fianzas del Tribunal de Cuentas. "No se puede avalar la sedición con fondos públicos, malversar para avalar a malversadores", ha escrito en un tuit.

Nueva cúpula en el ICF

A pesar de que el Consejo de Garantías ha avalado el decreto y no ha habido impugnación de la Moncloa, la tensión en el Institut Català de Finances llegó al límite cuando tuvo que aprobar los avales. Se dividió en dos: solo los miembros dominicales (cargos políticos del Govern) lo apoyaron, mientras que los independientes se opusieron. Todo ello con un mandato pendiente de renovar por la llegada del nuevo conseller Jaume Giró al frente de Economía: es decir, el último servicio que hicieron como miembros del ICF fue aprobar unos avales con la amenaza de los tribunales y la Fiscalía.

Esta semana el mandato de la cúpula del ICF ha llegado a su fin y se ha renovado parcialmente. Martes el Govern nombró nuevos miembros independientes dentro de la junta de gobierno –Joan Casas Onteniente, Xavier Puig Pla y Pilar Soldevila García– y se relevaron los cargos políticos que estaban de la legislatura pasada y que ahora ostentan una función que no tiene el actual secretario general de Economía, Jordi Cabrafiga, y la secretaria general de Presidencia, Núria Cuenca. Se mantienen en el organismo el ex número dos de Economía y actual secretario de empresa, Albert Castellanos, y la secretaria de Asuntos Económicos y Fondos Europeos, Matilde Villarroya, además de los independientes Rafael Abella, Albert Vilumara y José Luis Peydró.

Ayer por la tarde, precisamente, se reunió por primera vez la nueva junta de gobierno del Institut, que nombró el nuevo presidente: Jordi Cabrafiga relevará a Albert Castellanos. Cabrafiga es ex alto cargo de Gobernación –fue investigado por el referéndum del 1-O– y en la anterior legislatura fue secretario general de empresa. Tiene estudios en ingeniería técnica informática, además de máster en Esade de administración pública.

Quien de momento se mantiene en el cargo es el consejero delegado, Víctor Guardiola, también independiente, que se abstuvo en la votación sobre los avales a los encausados de Exteriores, pero fuentes gubernamentales pronostican que será sustituido pronto por un nuevo fichaje. Guardiola es uno de los miembros de la junta que ya han ido a declarar como testigo en la Fiscalía Anticorrupción, que ha abierto diligencias a raíz de la denuncia de Ciudadanos, junto con los otros independientes de la cúpula que participaron en la decisión –tal y como avanzó el ARA –. Una declaración en que, según publica este viernes La Vanguardia, todos ellos aseguraron que el aval se concedió de manera anómala y causó un perjuicio a la institución. De momento el ministerio público no ha llamado a declarar a los cargos políticos.