La Fiscalía activa la investigación contra el ICF
Cita como testigos a miembros independientes de la junta de gobierno que participaron en los avales
BarcelonaAvalar a los encausados por el Tribunal de Cuentas por la actividad exterior de la Generalitat fue la primera decisión crítica del nuevo Govern. La determinación de hacerlo a través del Institut Català de Finances (ICF) estuvo rodeada de dimisiones y miedo a las posibles consecuencias judiciales. El temor a la judicialización constante no era infundado. A pesar del aval del Consell de Garanties Estatutàries a la decisión de la Generalitat, la Fiscalía ha puesto en marcha la investigación contra el ICF y, según ha podido saber el ARA, ha citado a declarar a los miembros independientes de la junta de gobierno que participaron en la reunión para conceder los avales.
La Fiscalía ha empezado la investigación, pues, por los integrantes de la cúpula del Institut que no avalaron la decisión, todos sin carné de partido y nombrados por Economía en anteriores legislaturas. Los miembros independientes de la junta son los economistas Rafael Abella, Albert Vilumara y José Luis Peydró, que votaron en contra de los avales, y el consejero delegado de la institución, Víctor Guardiola, que se abstuvo.
El ministerio público investiga los hechos a raíz de una denuncia que interpuso Ciudadanos por un presunto delito de malversación de fondos públicos. Para admitir la demanda, el fiscal hizo una resolución técnica en la que no concretaba por qué delitos quería investigar a los responsables del Institut Català de Finances, sin asumir pues de forma íntegra la denuncia presentada por el líder de Cs en el Parlament, Carlos Carrizosa. También descartó investigar al president, Pere Aragonès, el conseller de Economía, Jaume Giró, y la consellera de Presidencia, Laura Vilagrà, puesto que están pendientes de otro procedimiento: Vox y Convivencia Cívica Catalana presentaron directamente una querella al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya y será este quien decidirá si lo admite a trámite.
Hasta ahora la decisión del conseller de Economía, Jaume Giró, de apoyar a los encausados en el Tribunal de Cuentas ha sido avalada legalmente. El Consell de Garanties Estatutàries (CGE) consideró por unanimidad que el decreto que lo ampara es constitucional y el gobierno español del PSOE y Unidas Podemos no presentó ningún recurso en los tribunales. El CGE, de hecho, fue más allá apuntando que la medida -la creación del fondo complementario de riesgos- va dirigida a "defender los intereses propios" del Govern cuando considera que ha ejercido sus competencias "de manera conveniente y ajustada al marco estatutario y en el ordenamiento jurídico" -en alusión a la actividad exterior- y descartó que fuera un derroche de recursos como denunciaba Ciudadanos: "No conlleva ni mucho menos un supuesto, por acción ni por omisión, de sostracció de dinero público".
La junta de gobierno del Institut Català de Finances aprobó dividida el aval para afrontar la causa de Exteriores. Tal como reconstruyó este diario, el consejo delegado, Víctor Guardiola, se abstuvo y los tres economistas independientes votaron en contra. Solo los miembros llamados dominicales (es decir, altos cargos de la Generalitat) apostaron por que saliera adelante la medida. Votó favorablemente a la propuesta la secretaria de Asuntos Económicos, Matilde Villaroya; la secretaria general de Salud, Meritxell Masó, y Albert Castellanos, que tuvo que usar su voto de calidad como presidente del ICF para desempatar. Lluís Juncà, que también es miembro, no fue a la reunión para cumplir con los requisitos de cuórum: para decidir tenía que haber más independientes que políticos.
La junta de gobierno que asumió la responsabilidad de los avales se tiene que renovar pronto. La mayoría de miembros dominicales (los políticos) están ahí por su cargo en la anterior legislatura. Es el caso, por ejemplo, de Meritxell Masó, ahora en Salud pero que en el anterior mandato era secretaria general de Presidencia; o Albert Castellanos, que ahora está en Empresa pero que preside el ICF porque era el número dos de Economía. Como último servicio tuvieron que afrontar probablemente la situación más compleja que habían vivido en el Institut Català de Finances: presentar un aval al Tribunal de Cuentas.
Pendientes de la Abogacía del Estado
Más allá de los movimientos de la Fiscalía en Barcelona, el debate alrededor de los avales del ICF también se juega en Madrid: la Abogacía General del Estado se tiene que pronunciar sobre la legalidad de la actuación del Institut. La consulta concreta que le hizo la delegada instructora del Tribunal de Cuentas, Esperanza García, es si el marco legal permite que la propia Generalitat –administración perjudicada por la actuación de los encausados– sea la que asuma la fianza pedida.
A finales del mes de julio, el representante de la Abogacía del Estado ante el tribunal, Rafael García Monteys, declinó pronunciarse para no poner en riesgo la causa. Argumentó que ya había participado como acusación en el procedimiento y que por este motivo no podía dar su opinión consultiva (habría situado la investigación, dijo, en el terreno de la nulidad). Es por eso que elevó la petición a la abogada general del Estado, Consuelo Castro, que depende directamente del gobierno español.
Ahora todo el mundo está pendiente de este informe. Lo que diga Castro es clave para el futuro de los encausados en el Tribunal de Cuentas, para la causa abierta por la Fiscalía y también para el Govern: los primeros tienen en juego el patrimonio; el ministerio público tendrá que adaptar la investigación a las conclusiones de la abogada del Estado, y la Generalitat se juega tener el primer problema penal en los tribunales en la nueva etapa de diálogo inaugurada con la Moncloa.
