La Abogacía del Estado rechaza posicionarse sobre los avales del ICF por el Tribunal de Cuentas

MadridLa Abogacía del Estado resuelve que no responderá al Tribunal de Cuentas si tiene que aceptar los avales del Institut Català de Finances, pero recuerda que el decreto ley en virtud del cual se creó el fondo no ha sido suspendido ni declarado inconstitucional. Hacía semanas que se esperaba el pronunciamiento de la abogada general del Estado, Consuelo Castro Rey, y ha llegado este martes. El órgano fiscalizador preguntó al abogado del Estado ante el Tribunal de Cuentas, Rafael García Monteys, si veía legal el mecanismo que una treintena de encausados habían elegido para afrontar las fianzas: un fondo de riesgos creado por la Generalitat que habilitaba al ICF para actuar como aseguradora de los trabajadores públicos para que no tengan que responder preventivamente con su patrimonio personal.

El abogado del Estado dudaba de si tenía que responder porque había tomado parte de la fase de instrucción del procedimiento y elevó la consulta a la más alta representante del organismo. Después de muchos días pendientes de la respuesta, da la razón a su subordinado y lo insta a no responder la petición de la delegada instructora, Esperanza García. Según ha informado el ministerio de Justicia, de quien depende la abogacía general del Estado, considera que no procede la emisión del informe porque ha tomado parte de las actuaciones previas de la causa. Castro Rey sostiene que hay que preservar los principios de "imparcialidad y objetividad", así como los de "contradicción e igualdad" entre las partes.

En este sentido, subraya que si solo se pide la opinión a una de las partes podría "sugerir la predisposición del tribunal a seguir" sus criterios y se verían "afectados los principios de contradicción e igualdad", porque no se pide qué piensan el resto de partes personadas. A pesar de afirmar que no responde, la Abogacía del Estado sí recuerda al Tribunal de Cuentas que tiene que tener en cuenta la normativa vigente: "El enjuiciamiento de los actos que se dicten tienen que realizarse conforme al decreto ley de la Comunida Autónoma de Catalunya 15/2021, de 6 de julio, de creación del Fondo Complementario de Riesgo de la Generalitat de Catalunya, dado que es una norma con rango de ley que ni ha sido declarada inconstitucional ni ha sido suspendida cautelarmente en su eficacia".

El decreto ley sigue, pues, vigente, a pesar de que la Fiscalía ya ha activado la investigación, tal como explica el ARA este martes. El ministerio público investiga los hechos a raíz de una denuncia que interpuso Ciudadanos por un presunto delito de malversación de fondos públicos y ha citado a declarar a los miembros independientes de la junta de gobierno que participaron en la reunión para conceder los avales, informa Núria Orriols.