Aval de los letrados del Parlament a hacer que regresen al trabajo los funcionarios con licencia de edad vigente

BarcelonaEl Parlament eliminó definitivamente las licencias por edad el 17 de febrero, de forma que ya ningún funcionario más podrá optar a cobrar sin trabajar. Ahora bien, queda por decidir si se pueden eliminar las prejubilaciones doradas de los 21 funcionarios que, tal como destapó el ARA, tenían este régimen en 2021 –con un coste de casi 2 millones de euros– y también a los que las solicitaron el año pasado, un total de 12, pero que todavía no las disfrutaban. La mesa preguntó a los letrados del Parlament qué podía hacer jurídicamente con estas personas: el informe final –que ha elaborado Antoni Bayona después de una situación de tensión inédita entre la secretaria general, Esther Andreu, y el letrado mayor, Miquel Palomares– prevé que los 21 funcionarios que ahora cobran sin trabajar se reincorporen a su lugar en la administración y que se dejen sin efecto las 12 licencias concedidas el año pasado. Así se desprende del informe al cual ha tenido acceso el ARA: la mesa tiene margen legal, si quiere, para revocar las prejubilaciones doradas vigentes todavía actualmente.

El informe reconoce que la figura de las licencias por edad genera un "problema objetivo" desde el punto de vista de los recursos humanos, por la "imposibilidad que tiene el Parlament de cubrir el puesto de trabajo" –los lugares "quedan bloqueados en la práctica, sin estar realmente ocupados", dice– y remarca la carga económica que supone para el Parlament: "La situación puede causar perjuicios evidentes al Parlament por tener que cubrir por vías no ordinarias las necesidades de servicio de los lugares que ocupaban los funcionarios".

¿Cómo lo argumenta? El informe dice que no se puede considerar "irrelevante ni anecdótico" que la misma regulación de la licencia por edad mantuviera en una situación de "servicio activo" a los funcionarios. En este sentido, cree que se puede interpretar que están en una "disponibilidad implícita hacia la administración". "Se hace difícil y poco razonable negar a la administración parlamentaria la potestad de pedir la reincorporación por necesidades de servicio o por un cambio de regulación que afecte la licencia por edad", dice el documento entregado a la mesa, además de añadir que la misma regulación de la licencia por edad lo permitía en sentido contrario de manera explícita: preveía la reincorporación del funcionario a su puesto de trabajo si lo pedía. "La existencia de una situación de servicio activo y el reconocimiento del derecho de reincorporación del funcionario podrían llegar a suministrar argumentos para defender la existencia de una potestad administrativa para pedir al funcionario su reincorporación", concluye. También dice que la eliminación de este régimen –teniendo en cuenta las reformas que se habían llevado a cabo y la alarma social que generó cuando se hizo público– no se puede considerar una "decisión arbitraria o falta de fundamento", ni tampoco "imprevisible para los funcionarios del Parlament".

El informe afirma que la cámara "puede considerar soluciones que van desde el mantenimiento de las licencias en las condiciones autorizadas inicialmente hasta su revocación, sin excluir fórmulas intermedias". Establece criterios, valorando la situación personal de cada cual que ahora se encuentra en este régimen especial: pide tener en cuenta la afectación que una eventual revocación de la licencia pueda comportar sobre las "expectativas personales generadas por la autorización"; el momento temporal del desarrollo de la licencia por edad, además de los "incrementos retributivos que el funcionario puede tener de una reincorporación efectiva del servicio activo". "El factor temporal de la licencia por edad puede ser determinante, porque no se puede equiparar la situación de un funcionario que está agotando el plazo de la licencia y se encuentra cerca de la jubilación, con la de otro que hace poco tiempo que la ha empezado a disfrutar", concluye el informe: "En el primer caso, la revocación puede resultar desproporcionada y contraria a la idea de equidad, mientras que en el segundo no se puede decir lo mismo". Es decir, el régimen definitivo que se establezca tiene que ser "flexible".

En todo caso, deja claro que "la revocación pura y simple de la licencia por edad no parece que tenga que plantear problemas para aquellos funcionarios que la tienen autorizada, pero todavía continúan trabajando", dice, en referencia a las 12 licencias no ejecutadas que se otorgaron el 2021.

La mesa del Parlament se reunió este viernes con el consejo de personal para negociar este régimen definitivo. Se trata de un paso que el informe jurídico considera imprescindible a la hora de decidir las condiciones de las licencias vigentes. Ahora bien, también deja claro que la obligación de negociar no implica la obligación de llegar a un acuerdo: así, si no hay pacto con el consejo de personal, la mesa de la cámara podrá hacer lo que considere que haya que hacer. Es una decisión que se tiene que tomar antes de este viernes, 1 de abril.

Toque de atención

El informe de Antoni Bayona defiende la autonomía del Parlament en relación con las condiciones de su personal –diferente del de la función pública de la Generalitat–, pero también advierte que esto "no excluye que el Parlament la tenga que ejercer de la manera más adecuada y coherente con las expectativas y demandas sociales sobre la buena gestión de la cosa pública y de los recursos públicos". Así, dice que el sistema de licencia por edad se caracterizaba por ser un "sistema inédito en la función pública en el cual se podía apreciar una situación poco equilibrada entre la posición de los funcionarios y la del Parlament". Una manera de dar un toque de atención a quienes avalaron este privilegio, vigente durante los últimos catorce años, amparándose en la autonomía parlamentaria.