Ayuso pacta con Vox los presupuestos de Madrid

MadridVox ya es oficialmente el socio prioritario del gobierno de Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid. La presidenta madrileña fue reelegida gracias a los votos del partido de extrema derecha, y ahora sacará adelante sus primeros presupuestos autonómicos con el apoyo del grupo que lidera Rocío Monasterio. El gobierno madrileño y Vox han anunciado este martes un acuerdo para los presupuestos de 2022 y en el que el ejecutivo del PP hace concesiones relevantes a la extrema derecha como por ejemplo hacer una auditoría de las subvenciones que reciben los centros de menores extranjeros no acompañados (menas) y el coste que tienen, y que está presupuestada con 50.000 euros. Una propuesta que responde al discurso racista que ha promovido Vox desde sus inicios y que tuvo su ejemplo más gráfico en un cartel que criminalizaba a los menores extranjeros no acompañados durante la campaña del 4-M.

"Es la plasmación presupuestaria del pacto de investidura", ha defendido el consejero de Economía, Javier Fernández-Lasquetty, en rueda de prensa esta mañana. "Significa estabilidad y confianza", ha añadido. En la misma línea, la líder de Vox en la Asamblea de Madrid, Rocío Monasterio, ha agradecido la "disposición" a negociar del gobierno madrileño y ha avisado: "Que la izquierda pierda toda esperanza de entrar en Madrid. La izquierda solo trae ruina". De hecho, en las cuatro páginas de acuerdo, el gobierno del PP y la extrema derecha también se comprometen a no aceptar ninguna de las enmiendas que presenten los grupos de la izquierda: Más Madrid, PSOE y Podemos.

Además de la auditoría de los recursos destinados a los menores extranjeros no acompañados, el acuerdo, de 13 puntos, también incluye un programa "de auditorías" de todas las subvenciones concedidas por el gobierno madrileño en los últimos cuatro años, el coste del cual los dos partidos han cuantificado en 200.000 euros. Además, también han acordado que el ejecutivo de Ayuso "estudiará la posibilidad de personarse en acciones judiciales que pongan en grave riesgo la seguridad de ciudadanos o propiedades ante infracciones administrativas o penales provocadas por grupos organizados o individuos", sin precisar cuánto costaría esta medida.

Gratuidad de la educación no obligatoria

El gobierno madrileño también se ha avenido a ampliar -en tres o cuatro ejercicios presupuestarios- la gratuidad de la educación en etapas no obligatorias, es decir, en la etapa de 0 a 3 años y también en la formación profesional de grado medio y de grado superior, además del bachillerato. Fernández-Lasquetty ya anunció hace un mes que el ejecutivo madrileño preveía un aumento del 18% de la partida destinada a garantizar la gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años, pero a Vox le parecía insuficiente. Por eso, la partida ha acabado aumentando hasta el 33%, y para el resto de etapas la aportación crecerá hasta el 25%.

El gobierno madrileño y Vox también han pactado estudiar la "colaboración publicoprivada" para ampliar el suelo disponible que permita ampliar la oferta de vivienda de alquiler. Iniciativas que el acuerdo recoge de forma vaga y que habrá que ver cómo se concretan teniendo en cuenta que hace un año el propio Lasquetty quería renunciar a gastar 145 millones de euros en sanidad, educación y vivienda. Vox y PP también han acordado destinar 5 millones de euros más al plan de cuidados paliativos y otro millón a las entidades que ayudan "a mujeres adolescentes embarazadas" para "facilitar su maternidad", dos medidas que buscan socavar tanto el derecho al aborto como la eutanasia. El gobierno de Ayuso, sin embargo, no ha cedido de momento en dos de las demandas de la extrema derecha: la derogación de las leyes LGTBI que había aprobado el gobierno de Cristina Cifuentes y la aprobación de la ley de igualdad que promovía el grupo que lidera Rocío Monasterio en la Asamblea.

Lasquetty, considerado "el ideólogo de la derecha neocon madrileña”, ya anunció hace un mes que el ejecutivo madrileño también preveía un recorte a Telemadrid para contentar al partido de extrema derecha. La propuesta también se ha materializado en el acuerdo que los dos partidos han hecho público este martes. El recorte será de un 10%, cosa que conllevará un ahorro de 7,4 millones de euros, según los cálculos ofrecidos por el gobierno madrileño. Además, también se han comprometido a una reducción del 10% del gasto de promoción de las consejerías del gobierno y a hacer un "análisis" de la viabilidad de la "fusión o supresión de órganos o entidades" del sector público.