¡Carguémonoslo todo!
MadridEn plena precampaña de las autonómicas y municipales del 28-M y de las generales de finales de año, vuelve a producirse un fenómeno que es cíclico, pero que a veces se reaviva, como ahora, con especial intensidad. Se trata de la derivación de los conflictos hacia el ámbito de los tribunales, reclamados por todos lados, como si fuera posible solucionar en las sedes judiciales lo que no se sabe cómo resolver en las instancias políticas. Muchos aspectos de la vida del país se plantean como batallas legales, a menudo en el ámbito penal –lo cual es obligado cuando hablamos de corrupción–, pero también en el ámbito contencioso administrativo, por decisiones del poder ejecutivo.
En este contexto no me extrañaría que el enfrentamiento entre el gobierno y Ferrovial acabara en el mencionado terreno de la batalla legal, porque ya se ha visto que la determinación de la empresa es firme, y ya se sabe que Pedro Sánchez no es de los que aceptan derrotas sin luchar ni sin pagar con la misma moneda. Dicho de otro modo, a Ferrovial no creo que le salga gratis el cambio de sede, y una vez dado el paso tendrá que hacer lo que haga falta para defender sus intereses, los de imagen y los económicos y fiscales. Con todo, hay un principio de la Unión Europea y sus tratados que Ferrovial podrá invocar siempre, como es la libertad de establecimiento.
En todo caso, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivá, hizo advertencias tanto diplomáticas en la forma como claras en el fondo, al explicar que lo que el gobierno ha hecho es “alertar de que cuando hay beneficios fiscales, dado que esto es una renuncia a ingresos públicos, tiene que estar muy justificado y hay que revisar si se cumplen las condiciones”. Otros ministros han sido estos días más agresivos que didácticos. Las fusiones, en definitiva, tienen un régimen fiscal especial que ya veremos cómo se aplica en este caso. Escrivá remató sus declaraciones añadiendo que “todo el mundo que crea en la responsabilidad fiscal tiene que estar de acuerdo con que el gobierno tiene que evaluar con mucho cuidado y con muchísima precisión si las condiciones que dan lugar a un beneficio para un particular, en este caso una empresa, se materializan o no”. Y todavía lo remató diciendo: “Yo creo que nadie se puede sorprender por eso”.
Para Pedro Sánchez este asunto es una patata caliente porque se ha implicado a fondo. Ahora bien, me parece evidente que un gobierno de otro signo –por ejemplo, de coalición entre el PP y Vox– se hubiera sentido igualmente obligado a evitar el cambio de sede y la fusión de Ferrovial con su filial holandesa FISE (Ferrovial Internacional SE). La duda es si hubiera intentado hacerlo más discretamente. Una complicación para Sánchez deriva del hecho de que la ejecución de la decisión de cambio de sede de Ferrovial vendrá a coincidir con la presidencia española de la Unión Europea, a partir del próximo 1 de julio. Una mala combinación, si no se ha desvanecido el humo de este incendio.
El acuífero de Doñana
Un fuego que, por otro lado, coincide con otro que también viene acompañado de mucho ruido y percusión. Me refiero, está claro, al conflicto por la ley andaluza de regadíos de Doñana. Los choques entre el gobierno y la Junta de Andalucía son siempre de primera fila, mande quien mande en Madrid y en Sevilla. Este caso no será menos y también tendrá resonancia en Europa, puesto que España tiene abierto un expediente iniciado por la Comisión Europea por la sobreexplotación del acuífero de este espacio natural. Y probablemente a efectos internos todo acabe otra vez en el Tribunal Constitucional. De hecho, el gobierno ya lo ha anunciado. Y por esta vía Sánchez puede parar la aplicación del proyecto puesto en marcha por el Parlamento andaluz para aumentar los regadíos en el entorno de Doñana. Si el gobierno pide la suspensión, el Constitucional lo tiene que acordar de manera automática.
Bien mirado, todo acaba yendo a parar, de una manera u otra, al Supremo o al Constitucional. Así, mientras en el Congreso se empieza a debatir ahora la contrarreforma de la ley del solo sí es sí, en el Supremo se anuncia un pleno para fijar criterio sobre las revisiones de condenas desde que entró en vigor la norma. Será en junio, buscando esta vez no irrumpir en plena campaña, como si la lucha electoral se acabara en la primera cita. Pero ya se puede prever que este pleno de los magistrados de la sala de lo penal y sus decisiones serán a corto plazo más importantes, desde el punto de vista práctico, que las que puedan adoptar los grupos parlamentarios, instalados en un contexto de posiciones irreconciliables.
En cuanto al Constitucional, esta semana Vox ha presentado un recurso que es el número 47 de esta legislatura. Diría que no hay ni un decreto ley ni una ley que el gobierno de coalición haya aprobado en estos cuatro años que Vox –y muchas veces también el PP– no haya recorrido. A veces, los dos partidos destinados a ser aliados después de las elecciones generales han competido para ver quién llegaba primero al registro del Constitucional. Ahora que el gobierno anuncia un acuerdo sobre la ley de vivienda habrá que ver si Vox –y quizás el PP– también calienta motores para preparar la correspondiente impugnación, como hizo para impedir el debate parlamentario sobre dos enmiendas clave a la reforma del Código Penal sobre los delitos de sedición y malversación.
De momento, el último recurso de Vox es contra la ley trans. Y el PP ya prepara el suyo. Como resulta habitual, el escrito de Vox es tanto o más ideológico que jurídico, y cuestiona la ley totalmente. El interés derivado de una actividad tan constante del partido de Santiago Abascal en el Constitucional está en el hecho de que permite situarse en lo que propondría –o lo que haría– esta formación en caso de formar gobierno con el PP. Para los populares sería, sin duda, un quebradero de cabeza permanente, como mínimo similar al insomnio que Pedro Sánchez anunció que sufriría si gobernaba con Podemos, a pesar de que ahora parece que ya se ha acostumbrado. Para la mayoría de la sociedad española la consecuencia sería todavía más costosa. De hecho, lo que acostumbra a pedir Vox del Constitucional es la anulación total de las leyes que recurre. Es un procedimiento radical que consiste en decir que como no hace falta entrar en matices, ¡carguémonoslo todo!
