Carles Ramió: “Acabaremos con la politización de la dirección pública”

Carles Ramió (Girona, 1963) es catedrático de ciencia política y de la administración por la Universitat Pompeu Fabra, y desde esta semana preside formalmente la comisión de expertos que ha puesto en marcha el Gobierno para la transformación de la administración pública (CETRA).

¿Cuál es ahora el principal problema de la administración pública?Hay un primer elemento: la demografía nos ha aplastado. Ahora somos 8 millones y estos nuevos ciudadanos son consumidores de servicios públicos. El segundo, el envejecimiento de la población, que consume más servicios públicos. Y, el tercero, es también el envejecimiento de los empleados públicos, el 50% de los cuales se jubilarán en los próximos diez años. La situación es crítica.

¿Faltan recursos y funcionarios?Las cosas no siempre se solucionan con más recursos, sino con un sistema de gestión más eficaz y eficiente.

¿Cómo se hace?Esto es lo que trabajará la comisión, pero, por ejemplo, si no tienes una estabilidad con los mandos porque todos se eligen por libre designación y se cambian con cada cambio de gobierno –y en Cataluña últimamente es muy a menudo–, no hay ningún tipo de continuidad. Se pierde el conocimiento y mucho tiempo. Los países con más continuidad en los directivos profesionales tienen una calidad institucional y de servicios mejor.

¿A qué se refiere cuando dice directivo público?En las subdirecciones generales, que son puestos de libre designación para los cuales se debe ser funcionario, pero el Gobierno puede destituir discrecionalmente y arbitrariamente y nombrar a quien le dé la gana. Hay una cierta politización de este ámbito: muchas veces no se nombra por criterios meritocráticos y no está claro que esta gente tenga las competencias. Y, por otro lado, nuestra ambición también es que una parte importante de las direcciones generales sean para profesionales de la gestión.

¿A cuántas direcciones generales afectaría?A medias. El criterio que proponemos es que las más técnicas sean para directivos públicos profesionales. Esto significa funcionarios de la Generalitat, de otras administraciones o de fuera. Lo importante es que haya una selección meritocrática.

¿Cómo garantiza la selección meritocrática?Hay dos mecánicas. Una es que el directivo público ha de acreditar que tiene las competencias de acuerdo con el currículum y una evaluación. Y el otro modelo es que cada vez que hay una vacante se forma una comisión que mira los currículums y hace una selección de quién tiene el mejor perfil. Puede ser la una o la otra, o una mezcla.

¿Con el sistema actual, los partidos han situado a personas no preparadas para los puestos de dirección pública?Los partidos colocan sus clientelas, afiliados, etc. en las direcciones generales, esto es evidente; y que muchas veces no tienen las competencias también es evidente. Cuando se cambia el gobierno se deben cambiar los altos cargos y los consejeros, sí, porque da legitimidad democrática, pero el tema clave es hasta dónde debe llegar esta dirección política. Que llegue a todas las direcciones y subdirecciones generales (entre funcionarios) es una politización excesiva. Con la reforma lo primero que haremos es acabar con esto: se reconocerán los puestos técnicos y solo los profesionales podrán acceder a ellos.

¿Esta reforma del directivo público ya la hemos oído por parte de gobiernos anteriores y no se ha producido. El hecho de que los directores generales que nombran los partidos contribuyan en su financiación a través del sueldo dificulta este cambio?La reforma es difícil porque los partidos no suelen ir en contra de sus intereses. Cuanta más libertad y flexibilidad a la hora de contratar y cesar gente, más poder y capacidad de influencia. Por lo tanto, que el partido del Gobierno decida dar este paso es un gesto de generosidad institucional y política. Esto dará legitimidad a la reforma. Hasta ahora no había habido esta valentía.

¿Y con este nuevo sistema los cargos de dirección pública contribuirán a la financiación de los partidos a través de la carta financiera?Yo siempre he estado en contra de esto. Obviamente que no puede haber este tipo de vínculo porque serán escogidos de forma meritocrática como profesionales, no de forma arbitraria y casi clientelar, como se había hecho hasta ahora. Simbólicamente, en el ámbito profesional es inadmisible.

También hablan de un grupo de trabajo de simplificación de la administración. ¿Esto son recortes?No, esto es la lucha contra la burocracia, que es como el colesterol: la administración la necesita, porque hay una parte garantista y de seguridad jurídica, pero tenemos que combatir la que es mala. Se harán propuestas para intentar suprimir trámites que no aportan valor añadido. En pocos meses se presentará una ley tipo ómnibus o de simplificación normativa en la que se propongan cambios de diversas legislaciones para agilizar trámites. Esta será la segunda prueba de vida.

¿Confía en reunir apoyo político?Es cierto que el panorama político es altamente complicado y dificulta mucho las mayorías, pero se me hace difícil pensar que los partidos puedan ir contra la dirección pública profesional, que es lo que se quiere incorporar a la ley de acompañamiento de los presupuestos, porque aunque sea una impostura todos lo tienen en sus programas políticos. Todavía se me hace más difícil que puedan estar en contra de una ley de simplificación para atender mejor a la ciudadanía.

Ustedes quieren que a partir de 2025 ya pasen cosas.Estamos orientados a la acción. Si se empiezan a notar cosas a partir de enero de 2026, será tarde. Mi idea es que dentro de diez meses una tercera parte de las propuestas que incluirá el informe final de la comisión ya estén implementadas; otra tercera parte ya se esté empezando a implementar, y quede una tercera parte pendiente; por ejemplo, una nueva ley de empleo público, que será más lenta.

Antes ha dicho que la mitad de empleados públicos se jubilarán de aquí a diez años. ¿Cómo se prepara el relevo?Tenemos que cambiar los procesos de selección. Ahora las pruebas se basan únicamente en conocimientos memorísticos y son enormemente lentas.

¿Se puede hacer con la ley actual?Tenemos unos ciertos límites. Reglamentariamente, se pueden hacer cambios de transición hacia el nuevo modelo. Necesitamos sistemas de elección más rápidos, pero estrictamente meritocráticos.

Pon un ejemplo.En lugar de basarlo todo en un temario extensísimo, se debe reducir. Y establecer un nuevo sistema de prueba, que puede ser más de competencias; por ejemplo, la UE hace un test de inteligencia y uno psicológico para ver si estás capacitado para trabajar colaborativamente, además de una prueba de dominio digital.e