El caso portugués: el último ejemplo de amnistía en Europa

BarcelonaLa amnistía para los represaliados del Procés se ha convertido en un punto clave de la negociación para la investidura de Pedro Sánchez. ERC y Junts también plantean la autodeterminación, pero el olvido penal es una "línea roja" para los republicanos y el PSOE no ha cerrado la puerta a esta opción, que es la que prioriza a Sumar. La amnistía no es una medida muy habitual en las democracias europeas, pero todavía se aprueban. La última, de hecho, fue este mismo verano en Portugal.

A mediados de este julio, el Parlamento portugués dio el visto bueno a la amnistía y justamente este viernes, 1 de septiembre, ha entrado en vigor una norma innovadora, que no es por motivos políticos y que incluso tiene un trasfondo religioso. La medida sui generis la sacó adelante el gobierno portugués coincidiendo con la presencia del papa Francisco en Lisboa para participar en la Jornada Mundial de la Juventud de la Iglesia católica. Dado que su "testigo de vida" y de pontificado está marcado por la voluntad de reinsertar en la sociedad a las personas en conflicto con la justicia, el gobierno portugués ha impulsado esta medida, dirigida a los jóvenes de 16 a 30 años, con unos condicionantes peculiares: fija un régimen de amnistía para infracciones con multas de hasta mil euros y de penas de prisión hasta un año o 120 días de multa e incluye un perdón de un año en todas las penas de prisión hasta los ocho años de pena. Sin embargo, existe una larga lista de exclusiones como los condenados por delitos contra la soberanía nacional, robo, homicidios, violaciones, tráfico de órganos, corrupción, violencia machista o crímenes contra niños y vulnerables. En esa ocasión tuvo un consenso parlamentario casi unánime, con la única oposición de la extrema derecha de Chega y un partido liberal minoritario. En total, sólo 20 diputados de una cámara de 230. La justificación para sacar adelante la medida fue intentar mitigar las consecuencias penales leves de los jóvenes e impulsar su "reinserción social". El Tribunal Constitucional también tiene a su disposición la revisión de la norma, como en España, pero es cierto que este caso nada tiene que ver con un conflicto territorial ni siquiera político, que ha tenido un amplio consenso y que se ha analizado más bien como un alivio penal.

Antes de ésta, Portugal protagonizó otra amnistía más conocida: la que exoneró a los autores de un intento de golpe de estado contra el gobierno democrático surgido de la Revolución de los Claveles de 1974 , pero hay otra que está saliendo a la luz como referente, la de 1996, que se impulsó para beneficiar a las Fuerzas Populares 25 de Abril (FP-25), una organización terrorista responsable de casi 80 atentados y más de una decena de homicidios.

Los casos de Francia e Italia

Además de Portugal, también ha habido numerosas leyes de amnistía tanto en Francia como en Italia, pero sólo el país galo las ha relacionado con algún conflicto territorial. El catedrático de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona Xavier Arbós señala gran diferencia con el caso español: la amnistía está prevista expresamente en la Constitución de estos países. En cambio, en el Estado durante la Transición hubo una enmienda para que la carta magna introdujera la amnistía, pero se descartó: "No se olvidaron, sino que se rehusó", recuerda Arbós.

Varias de las amnistías de Italia fueron por motivos penales, otras por causas políticas como las posteriores a la derrota del fascismo y la instauración de la República, si bien después también frecuentaron las que pretendían exonerar los delitos financieros. En Francia ha habido amnistías como las que se hicieron respecto a los colaboracionistas con los nazis por el delito de colaboración con el enemigo, pero el componente territorial lo tiene la de Nueva Caledonia en 1988 con los acuerdos de Matignon para pacificar el conflicto en una colonia que todavía pertenece al estado francés. Lo mismo ocurrió con Argelia en los años 60, donde quedaron incluidos delitos de sangre, también de los propios militares franceses.

El profesor de derecho constitucional de la Universidad de Girona Josep Maria Lafuente señala estos casos como los más cercanos y con un horizonte de autodeterminación, aunque Nueva Caledonia es una colonia según la ONU, a diferencia de Catalunya: "Se decretó ley de amnistía para resolver un conflicto político territorial y después incluso se realizaron dos referéndums (en el 2018 y en el 2021), pero votaron seguir en Francia", recuerda. Arbós, por su parte, destaca que el caso que se plantea ahora en el Estado sí tiene un parecido respecto a los otros recientes de Europa: las impulsan las instituciones democráticas "consolidadas", no para limpiar una dictadura .

Lafuente también menciona otro precedente español reciente de menor envergadura: la amnistía fiscal de Cristóbal Montoro y Mariano Rajoy. En este caso, una sentencia desfavorable del TC de 2017 dictaminó inconstitucional la amnistía fiscal, pero por razones de seguridad jurídica no se permitió interponer sanciones penales ni administrativas a las personas que se acogieron a ella. Así, un beneficio penal como el que ahora sobrevuela podría no tener vuelta atrás.