¿El catalán tiene posibilidades en el Parlamento Europeo?

Desde la última y única vez que el Parlamento Europeo ha abierto el melón sobre si el catalán se podía hablar en la Eurocámara han pasado exactamente dieciséis años. El debate acabó con un portazo de la mesa a la petición que había hecho el gobierno español que presidía José Luis Rodríguez Zapatero. Desde entonces, el Parlamento Europeo no ha vuelto a discutir sobre el tema a pesar de la presión de eurodiputados catalanes. La tendencia, sin embargo, podría cambiar de cara a este otoño, después del compromiso del ejecutivo de Pedro Sánchez de pedir a la institución europea que se pueda hablar catalán en el pleno. Es uno de los pactos a los que llegaron la Generalitat y la Moncloa este mes de julio en la última reunión de la mesa de diálogo. "El gobierno español solicitará a la presidencia del Parlamento Europeo que considere el catalán como lengua de uso en el pleno y a efectos del ejercicio del derecho de petición ante la institución", escribieron los dos ejecutivos en el acuerdo para dar un impulso al catalán. Ahora bien, ¿tiene opciones de prosperar esta petición?

Dependerá, principalmente, de la posición que adopten los miembros de la mesa de la Eurocámara. A estas alturas hay mayoría conservadora: de los catorce vicepresidentes, siete son representantes del bloque de la derecha (con tres representantes del grupo popular; tres de Renew, donde se integra Ciudadanos, y uno de ECR, el grupo donde está Vox), al cual se suma la presidenta de la Eurocámara, la popular Roberta Metsola; mientras que los otros siete forman parte del bloque progresista (con cinco representantes del grupo socialista, uno de los Verdes y uno de La Izquierda). De entrada se hace difícil pensar que pueda prosperar la petición del ejecutivo español. Pero en la cámara europea la disciplina de voto de los grupos es líquida. Dependerá, pues, del poder de convicción de los partidarios del uso del catalán en el pleno.

"[El gobierno español] trabajará para conseguir una mayoría suficiente que avale esta petición antes de que acabe el año en curso", se comprometía la Moncloa en el acuerdo con el Govern. Los Verdes ya han hecho explícita su predisposición a votar a favor. "Cuando llegue la petición, trabajaremos para que la mesa del Parlamento [Europeo] adopte la decisión lo antes posible", decía el lunes el eurodiputado y vicepresidente del grupo, Ernest Urtasun, en un tuit. De hecho, su grupo emitió un comunicado aquel mismo día defendiendo que una lengua hablan 10 millones de ciudadanos europeos tiene que tener su lugar también en la Eurocámara.

Antes de que la mesa delibere, sin embargo, el gobierno español tiene que presentar su petición, acompañada de una propuesta que sea "viable técnicamente y financieramente", según pactaron los dos gobiernos. El estado miembro que lo pide es quien se tiene que hacer cargo del coste de la traducción, y el compromiso del gobierno español de financiar las "traducciones y lo que haga falta", según fuentes de la Generalitat, está. La interpretación del catalán sería "pasiva", tal como marca una resolución aprobada por el Consejo de la Unión Europea el 13 de junio del 2005. Es decir, que se haría la traducción de las intervenciones en catalán pero no se traducirían las que se hacen en otros idiomas.

El precedente del 2006

Esta resolución del año 2005 es, precisamente, la que habilitó que una lengua que no es oficial en la Unión Europea, pero que lo es en un estado miembro –como el caso del catalán, el euskera o el gallego– se pueda usar en lugares como el pleno de la Eurocámara. La petición la puede hacer el gobierno de un estado miembro, pero también cualquier eurodiputado. Después de que lo aprobara el Consejo, el gobierno español pidió al Parlamento Europeo que las comunicaciones con la ciudadanía se pudieran hacer en catalán, que se tradujeran los textos jurídicos y que los eurodiputados pudieran hablar en catalán en el pleno. La mesa, que entonces presidía el socialista Josep Borrell –partidario de utilizar la lengua catalana en el pleno–, solo aceptó la primera petición y lo hizo después de un primer portazo que rectificó en una segunda reunión.

La votación para hablar en catalán en el pleno fue ajustada y lo que acabó decantando la balanza fue la campaña en contra que hizo el entonces vicepresidente y eurodiputado del PP Aleix Vidal-Quadras. Varios testigo consultados, entre ellos dos de los eurodiputados catalanes que defendieron la petición aquellos meses, Raül Romeva (ICV) y Maria Badia (PSC), lo corroboran. "Sus argumentos, con los cuales parece que consiguió convencer a algunos colegas, se basaban en el hecho de que aceptar estas peticiones supondría un problema técnico y un elevado coste económico", explica Romeva en su libro Som una nació europea (Rosa dels Vents), que también niega que fuera así, entre otras razones, porque buena parte de los traductores españoles sabían hablar catalán.

Badia recuerda que el popular también aprovechó la incorporación reciente a la UE de países de Europa del Este, el uso de cuyas lenguas todavía no se había normalizado, para defender que no era lógico que se pudiera hablar en el pleno una lengua que no era oficial. También usó el hecho de que en el Congreso y en el Senado no se puede hablar en catalán (en la cámara alta solo en contadas ocasiones) para decir que no tenía sentido que se utilizara en el Parlamento Europeo, a pesar de que ninguna de las normativas que regulan el uso de las lenguas en la Eurocámara pone como condición que se tenga que hablar también en las cámaras estatales.

Después de aquel no de la mesa, Romeva y Badia, junto a otros eurodiputados catalanes como Oriol Junqueras (ERC), Raimon Obiols (PSC) o Ramon Tremosa (CDC), continuaron presionando para que se volviera a abrir el debate durante el mandato de Martin Schulz al frente de la Eurocámara, puesto que había mostrado su predisposición a avalar la petición. Schulz era seguidor de la lengua catalana y, en concreto, de la obra de Jaume Cabré. Tampoco en su mandato, sin embargo, puso esta cuestión a discusión. Ya en 2018, el popular Antonio Tajani se abrió a tratar el caso de la lengua catalana si el gobierno español lo volvía a pedir. Pero el ejecutivo que ya presidía Pedro Sánchez se negó por "el elevado coste que supondría". Ahora parece que ha cambiado de opinión.

El uso limitado de las lenguas cooficiales en las cámaras españolas

Además de la Eurocámara, el PSOE también se ha abierto a ampliar el uso del catalán en el Senado, donde ahora está limitado a las mociones, pero se continúa oponiendo a que se pueda utilizar en el Congreso.

Congreso de los Diputados

El PSOE, junto a la triple derecha, vetó este mes de junio una iniciativa para reformar el reglamento del Congreso que presentaron Unidas Podemos y los partidos soberanistas catalanes, vascos y gallegos. Defendían que los diputados pudieran hablar en catalán, euskera y gallego en todas las sesiones parlamentarias, además de poder presentar escritos en estas tres lenguas. El argumento de los socialistas para rechazar esta reforma fue que las tres lenguas ya se pueden hablar en el Senado, la considerada cámara de representación territorial. No es la primera vez que los grupos soberanistas intentan introducir las lenguas cooficiales en la cámara baja, sino que hay varios precedentes. Sin ir más lejos, en 2011 el PSOE y el PP rechazaron debatir la iniciativa que habían promovido los grupos de ERC, CiU, el PNV y el BNG, así como ICV, y que pedía lo mismo: poder hablar y escribir en catalán, euskera y gallego en el Congreso. En el acuerdo de la mesa de diálogo no se acordó reabrir este debate.

Senado

La Generalitat y la Moncloa, en cambio, sí que pactaron ampliar el uso del catalán en el Senado a través de una reforma del reglamento de la cámara alta –ahora solo se puede utilizar en las mociones o para registrar escritos–. De hecho, el PSOE ya había avalado estudiar la propuesta de reforma que presentó Junts en el mes de septiembre, que apostaba por equiparar el uso de las lenguas cooficiales a las del castellano. La iniciativa, sin embargo, está paralizada en el Senado porque los socialistas han ido prorrogando el periodo de enmiendas cada semana. La Generalitat no especifica si aprovecharán esta reforma que está en trámite para salir adelante el acuerdo de la mesa de diálogo. "Se activarán los mecanismos que hagan falta", apuntan fuentes del departamento de Presidencia. El 6 de septiembre se acaba la última prórroga para presentar enmiendas a la propuesta de Junts y desde el grupo al Senado confían que el PSOE no volverá a ampliar el plazo. Entonces se tendría que constituir la ponencia de la comisión del reglamento, donde se tiene que debatir y votar el texto que propone hablar catalán, euskera y gallego en todas las actividades de la cámara. Junts cree que podría elevarse al pleno en octubre.