El CNI, los espías del Estado que juegan con los límites de la ley

MadridPoco se puede saber del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), los espías del Estado. El secreto y la opacidad son señales de identidad de este organismo, que ha vuelto a ponerse bajo la sombra de sospecha a raíz del Catalangate. A estas alturas todavía no se ha aclarado si el espionaje masivo a una setentena de personas vinculadas al independentismo ha sido legal y si el CNI está detrás, hecho que ha evidenciado las carencias en el control de esta institución. 

El CNI tiene como objetivo “facilitar al presidente del Gobierno español las informaciones, análisis, estudios o propuestas que permiten prevenir y evitar cualquier peligro, amenaza o agresión contra la independencia o la integridad territorial de España, los intereses nacionales y la estabilidad del estado de derecho y sus instituciones”, según marca el artículo 1 de la ley reguladora del CNI, del año 2002. La misma normativa fija que sus “actividades, organización y estructura interna, medios y procedimientos, personal, instalaciones, bases y centros de datos, fuentes de información y las informaciones o datos” obtenidos son “clasificadas” y “secretas”. En definitiva, unas funciones y potestades incalculables.

Juan Carlos I y el independentismo

Un ejemplo revelador de hasta donde puede llegar la actividad del CNI lo explicaba su director entre 2004 y 2009, Alberto Saiz, en una entrevista en noviembre en Salvados. Durante su mandato y por su amistad con Juan Carlos I, se permitió la licencia de aconsejarle alejarse de Corinna Larsen, porque consideraba que su relación era “peligrosa para todo el mundo”. De hecho, según relató, el jefe del Estado es la persona más protegida por el CNI, por delante del presidente del gobierno y del ministro del Interior. Las más controladas en su momento, “cinco o seis nombres” del entorno de ETA, recordaba. En aquella entrevista, Saiz también daba por hecho que el independentismo fue un objetivo en 2017 con motivo del 1-O: “Cuando el presidente del Gobierno [Mariano Rajoy] sale a decir que no habrá referéndum porque no hay urnas, está claro que alguien se lo dijo. Y este alguien, que podía ser el CNI, se equivocó”.

Testigos que han querido hablar, procesos judiciales o investigaciones periodísticas han permitido arrojar un poco de luz en el bunker. Se ha estimado que el CNI lo componen unos 3.500 miembros, a pesar de que no se puede saber, y esta cifra no tiene en cuenta a todas aquellas personas que pueden trabajar externamente, ya sea de manera permanente o puntual. Según el periodista especializado Fernando Rueda, entre un 25% y un 30% serían militares, y el resto, civiles. El proceso de desmilitarización ya empieza en el CESID –el CNI es el heredero cuando se crea en 2002– bajo el mandato de Emilio Alonso Manglano a finales del siglo pasado. Las amenazas relacionadas con el mundo de la ciberseguridad propician la incorporación de nuevos perfiles y también de mujeres. Actualmente la directora del CNI es Paz Esteban, la primera mujer en serlo.

Tal como se puede ver en el gráfico, la institución depende del ministerio de Defensa, a pesar de que en el último gobierno del PP Rajoy quiso que dependiera directamente del ministerio de Presidencia, comandado por Soraya Sáenz de Santamaría. Más allá del CNI, la comunidad entera de inteligencia del Estado la integran otros organismos como los servicios de información de los cuerpos de seguridad, la unidad contra el blanqueo y la vigilancia de aduanas, vinculados a los ministerios del Interior, Economía y Hacienda.

La Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos de Inteligencia (CDGAI) está presidida por la vicepresidenta primera, Nadia Calviño, y a sus reuniones también asisten los ministros de Exteriores, Defensa e Interior. Esta comisión se encarga de coordinar toda la macroestructura; propone al presidente español la directiva de inteligencia y la hoja de ruta anual, y tiene carácter secreto. Revelar objetivos de lucha antiterrorista o de tráfico ilegal de personas, por ejemplo, iría en contra de lo que se quiere conseguir. Es "lógico" que sea reservado, apunta en conversación con el ARA el experto en inteligencia Ramon Codina, que sostiene que lo que es problemático es "el uso" que se hace de la información.

El control previo del Supremo 

Todas las fuentes consultadas para este reportaje no cuestionan la prerrogativa de reserva, pero sí cómo se conjuga con la necesidad de control. Otra ley de 2002 regula que para vulnerar derechos fundamentales como la intervención de las comunicaciones y la violación del domicilio hace falta un aval judicial previo. El juez del CNI es un magistrado de la sala segunda o la tercera del Tribunal Supremo, tiene un mandato de cinco años renovable y desde 2009 es Pablo Lucas.

El abogado de ERC Andreu van den Eynde, uno de los abogados espiados por Pegasus, no cree que este magistrado avalara el espionaje masivo y recuerda que se han declinado peticiones para pinchar teléfonos en casos de tráfico de drogas y terrorismo internacional. Para el politólogo de la Universidad Carlos III Lluís Orriols, el Catalangate es un “escándalo de primer orden”, más todavía si se llega a demostrar la responsabilidad del CNI y si ha actuado de manera ilegal. “No es solo un atentado contra la privacidad, sino también contra un principio básico de la democracia, que es que la oposición tenga derecho a unas elecciones justas”, destaca. “Quiero pensar que estamos más en un caso como el Watergate que en el caso de Polonia y Hungría. Que es una cuestión aislada y se pueden depurar responsabilidades, y no una práctica sistemática”, añade.

La politóloga de la Universidad de Zaragoza Cristina Monge se focaliza en la pata del control parlamentario. Con la comisión del Congreso que fiscaliza los fondos reservados y puede tener acceso a secretos oficiales sin constituirse desde hace tres años, considera urgente que se reúna para esclarecer los hechos o que se piense una alternativa. En otros países hay órganos de expertos externos, apunta. El episodio ha puesto de manifiesto como una opacidad justificada en función de los objetivos puede haber permitido un nuevo escándalo de la inteligencia del Estado, como ya pasó en 1998 con el espionaje a Herri Batasuna. “¿Quién garantiza que nuestros servicios de inteligencia y policiales actúan bajo el margen y los límites de la ley? La única garantía que tenemos es la ley”, admite Alberto Saiz.