Tres años sin control parlamentario del CNI

MadridToda la actividad del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) es considerada materia clasificada como secreta y a la cual no se puede acceder ni se puede difundir. Lo establece la ley 11/2002 que regula el funcionamiento del CNI. La normativa también incluye que este organismo de inteligencia se tiene que someter al control parlamentario y tiene que dar cuenta de su actividad a través de una comisión en el Congreso, la de control de los créditos destinados a gastos reservados, que también tiene acceso a los secretos oficiales y controla el uso de fondos reservados por parte de los ministerios del Interior, de Defensa y de Exteriores. Pues bien, esta comisión hace tres años que está inactiva: desde el inicio de esta legislatura que no se ha constituido y, por lo tanto, nadie fiscaliza la actividad del CNI.

A raíz del Catalangate, ERC pedirá que se reactive para aclarar quién está detrás el caso de espionaje. El órgano está bloqueado por los vetos de las diferentes formaciones políticas. La comisión la preside la misma presidenta de la cámara, en este caso Meritxell Batet, y forman parte de ella un miembro de cada grupo parlamentario. Sin embargo, para constituirla, hace falta que todos los miembros los valide el pleno de la cámara baja con una mayoría de tres quintas partes, es decir, cada cual tiene que obtener el apoyo de 210 diputados en una votación secreta a través de papeletas.

Históricamente, las formaciones independentistas han recibido el veto de la bancada de la derecha para tener una silla. ERC, por ejemplo, solo ha formado parte de esta comisión del 2004 al 2008 y del 2017 al 2019 (es cuando los republicanos han tenido grupo propio en el Congreso ). El PP había vetado la entrada de ERC a esta comisión en varias ocasiones, sobre todo cuando estaba en el grupo mixto, y también se había negado a dejar entrar a la izquierda abertzale (tanto EH Bildu ahora como previamente Amaiur, en el grupo mixto). En 2008, por ejemplo, ERC compartía grupo con IU y fue Gaspar Llamazares quien entró en la comisión. Pero en 2011 los populares volvieron a oponerse a la presencia de los republicanos con el argumento de que podrían pasar información a los dirigentes de la izquierda abertzale. ERC no volvió a la comisión hasta 2017, con el republicano Joan Tardà. CiU, igual que el PNB, siempre ha formado parte de ella. Por parte del PDECat, el último representante fue Jordi Xuclà, a pesar de que Ciudadanos no lo votó ni a él ni a Tardà.

Bloqueo parlamentario

"Las actuaciones del CNI tienen control parlamentario, espero que hoy se constituya la comisión", ha afirmado esta mañana la ministra de Defensa, Margarita Robles, en declaraciones a TVE. Los socialistas se han abierto a desbloquear la constitución de este órgano y el portavoz del grupo, Héctor Gómez, aseguró hace unas semanas en una entrevista a Europa Press que habían trasladado al PP su voluntad "de entendimiento con todos los grupos". Pero con la actual fragmentación parlamentaria se hace todavía más difícil que los independentistas puedan acceder a ella porque los tendrían que votar diputados del PP, de Ciudadanos o de Vox. Ahora bien, también es verdad que tanto socialistas como Unidas Podemos tendrían que apoyar al candidato del grupo de extrema derecha para que consiguiera suficientes votos.

Sea como fuere, la consecuencia más inmediata de este bloqueo parlamentario es que la actividad del CNI no tiene ningún tipo de control parlamentario, tal como exige la ley. En esta comisión, los ministerios que trabajan con partidas de gastos reservados también tienen que informar cada seis meses del uso de estos fondos. A partir de aquí, los miembros de la comisión pueden elaborar un informe para enviar al gobierno español y también al Tribunal de Cuentas. Robles ha presentado la comisión como el lugar donde el gobierno podrá explicarse sobre el Catalangate: "Es donde, con el límite de las reservas actuales, se puede explicar todo con transparencia, documentación y dentro del ámbito legal". Ahora bien, Joan Tardà apunta al ARA que la función de fiscalización de la comisión es limitada porque sus miembros no tienen "capacidad para discernir si la información que se da es toda la que se tiene o solo la que interesa dar".