La Comisión de Venecia vuelve a escena con la amnistía

MadridEn los meses previos al referéndum del 1 de octubre de 2017, la Comisión de Venecia se convirtió en un protagonista colateral. El órgano consultivo del Consejo de Europa en materia constitucional estuvo en el foco mediático durante el proceso. Durante meses fueron los partidos independentistas los que apelaron a sus directivas, convencidos de que todas ligaban con la consulta de que iban a poner en marcha. Finalmente fue el grupo parlamentario Catalunya Sí Es Pot, con Joan Coscubiela y Lluís Rabell al frente, quien condicionó el apoyo al 1-O a que obtuviera el aval previo de Venecia. El entonces presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, respondió a la petición pidiendo en una misiva la "colaboración" de la Comisión para conseguir un referendo acordado con el gobierno español, entonces presidido por el popular Mariano Rajoy. La respuesta no desarrolló el conflicto: la Comisión de Venecia se limitó a apuntar que el referéndum debía ser pactado y de acuerdo con la Constitución, un escenario rechazado por el gobierno del PP.

Seis años después, las consecuencias de aquel episodio todavía se arrastran, pero a raíz de las elecciones generales del 23 de julio se ha entrado en una nueva fase con la tramitación en el Congreso de la ley de amnistía, que beneficiará a los organizadores de la consulta. Y ahora, la Comisión de Venecia vuelve a entrar en escena. Ahora bien, esta vez invocada por otro actor. Es el PP, a través del Senado, quien ha optado por recurrir al órgano pidiéndole un informe "urgente" sobre la amnistía, un movimiento más de la ofensiva que ha emprendido contra la norma pactada por el PSOE con el independentismo. La Comisión de Venecia ya ha acordado pronunciarse antes de la sesión plenaria que tendrá en marzo. Fuentes de los populares esperan que el informe llegue una vez aprobada la ley en el Congreso en primera vuelta, pero antes de que acabe el recorrido parlamentario en la cámara alta.

¿Qué efecto puede tener el pronunciamiento? La Comisión de Venecia, llamada así por el hecho de que se reúne en sesión plenaria en la ciudad italiana, tiene como función asesorar a los estados miembros —unas sesenta, de los cuales también hay de fuera del continente europeo— y sus decisiones no son vinculantes, por tanto, no obligan a hacer ninguna rectificación. Lo que hace es emitir opiniones de carácter más técnico que político, tal y como hizo con la respuesta sobre el referéndum, en el que se limitó a recordar que la convocatoria debía respetar el marco legal, lo que derivó en interpretaciones contrapuestas según qué actor político las hiciera. Las mismas fuentes del PP admiten al ARA que con los pronunciamientos de este órgano "nunca ganas 10 a 0". Constitucionalistas consultados no creen que la Comisión de Venecia vaya más allá de realizar "consideraciones generales", si se mantiene en la línea adoptada hasta ahora.

Sin embargo, la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, en la petición que va dirigir a la mesa de la cámara alta el 13 de diciembre, justifica la solicitud por la necesidad de "transparencia e información" para que a los españoles "no se les hurte el conocimiento de la enorme gravedad" de la "vergonzosa" ley . "Acudimos a la Comisión de Venecia para que nos ayude a derribar el muro con el que Pedro Sánchez quiere dividir la convivencia en democracia y libertad de los españoles", continuó, enmarcando la petición en el intento de "recoger todos los informes y dictámenes" posibles "de instituciones en materia de estado de derecho y garantías democráticas". El PP también ha pedido al Consejo General del Poder Judicial y al Consejo Fiscal.

Referencias al preámbulo

Al otro lado del tablero político del Estado, el PSOE cita a la Comisión de Venecia en la exposición de motivos de la propia ley de amnistía, en este caso para sustentar la defensa de la constitucionalidad del texto. "Tanto el Consejo de Europa como la Comisión de Venecia también han dejado clara la validez de medidas como la amnistía y su compatibilidad con las decisiones judiciales", dicen los socialistas, haciendo referencia a un pronunciamiento emitido en marzo de 2013.- _BK_COD_ En este documento, el órgano analiza una amnistía aprobada por el Parlamento de Georgia. Reconoce que es una herramienta legal en el marco jurídico europeo y expresa dudas, en ese caso, debido a que el poder legislativo georgiano hizo una lista de los individuos a los que podía beneficiar la norma en lugar de dejar que fuera el poder judicial quien analizara a qué casos se podía aplicar. Un supuesto que no se asimila al de la ley de amnistía en tramitación en España. El órgano también cuestionaba que se amnistieran "delitos comunes sin conexión con la política".

Ahora bien, la Comisión de Venecia también deja claro que en ningún caso con esta opinión "está cuestionando la decisión política" de conceder una amnistía y insiste en recordar unos principios básicos que deben guiar este tipo de iniciativas "excepcionales". Se trata de los "principios fundamentales del estado de derecho, la legalidad (incluida la transparencia), la prohibición de arbitrariedad, la no discriminación y la igualdad frente a la ley".

¿Quién hará el informe? Según recoge el estatuto del órgano, componen la Comisión de Venecia "expertos independientes" que "no deben recibir ni aceptar ninguna instrucción" por mucho que les nombren los gobiernos de cada estado miembro por mandatos de cuatro años. Fuentes del órgano explican al ARA que los miembros españoles de la Comisión de Venecia no podrán participar en el informe debido a que lo ha solicitado una institución española.