El Congreso ratifica el veto a debatir la ley de amnistía

Nuevo portazo a la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados. La mesa se ha ratificado este martes en el veto a debatir la norma presentada por los partidos independentistas el 16 de marzo y que ya fue rechazada una semana más tarde por los votos contrarios de PSOE, PP y Vox. Solo Unidas Podemos se ha mostrado partidario de aceptar la petición de reconsideración y tramitarla. Esta decisión abre la puerta para que los partidos y entidades que han promovido la iniciativa –Òmnium Cultural y Amnistia i Llibertat– puedan intentar la vía del derecho de petición, si bien las opciones de que prospere también son limitadas.

“La dinámica que tenemos aquí en el Congreso es que no se puede debatir. No se puede ni admitir a trámite. El próximo paso es que seguiremos batallando para hacer un gobierno independentista fuerte", ha afirmado la portavoz de Junts en la cámara baja, Míriam Nogueras, cuando le han preguntado en rueda de prensa por el próximo movimiento en relación a la ley de amnistía. Tampoco ha sido concreto el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, que se ha escudado en la actuación "coordinada" con el resto de actores para no adelantar acontecimientos. Sí que ha querido manifestar que la mesa del Congreso se está convirtiendo en "un Tribunal Constitucional bis" y ha augurado que la izquierda española "lo pagará". En cambio, la diputada de la CUP Mireia Vehí sí que ha dado por hecho que su formación apoyará el registro de la norma por la vía del derecho de petición.  

Así, la mayoría de la mesa ha mantenido la negativa a tramitar la ley de amnistía, en sintonía con el criterio de los letrados de la cámara baja. "No tiene cabida en la Constitución", advirtió la líder del PSOE en el Congreso, Adriana Lastra, la primera vez que se rechazó. En aquella ocasión los servicios jurídicos ya subrayaron que se trataba de un tipo de indulto general que la carta magna española prohíbe, mientras que los independentistas remarcan que la analogía no es válida.

"El silencio constitucional sobre la amnistía, combinado con la prohibición expresa de los indultos generales, ha llevado a algunos sectores de la doctrina penal a argumentar que la Constitución excluye la amnistía de nuestro sistema jurídico, con el argumento que si el texto constitucional prohíbe expresamente el indulto general se tiene que entender que a mayor profundización, mayor prohibición. Esta interpretación de signo prohibicionista ha sido contravenida por numerosos pronunciamientos de doctrina penal y constitucional, que han defendido la admisibilidad de la amnistía en el marco de la Constitución del 1978", sostiene la propuesta de ERC, JxCat, el PDECat y la CUP.