El Consejo de Europa amonesta a España por el espionaje con Pegasus

BarcelonaNueva amonestación a España por el espionaje con el programa Pegasus a unos sesenta independentistas, el caso conocido como Catalangate destapado en abril de 2022. Si en junio era el Parlamento Europeo quien daba un toque de atención al Estado por aquellos hechos, ahora es el Consejo de Europa quien se suma a las críticas por haber hecho uso de este software espía. Este organismo da toda la credibilidad a las denuncias de los afectados y avisa de que ha habido "graves implicaciones para los derechos humanos fundamentales de las personas atacadas", como "el derecho a la intimidad y el derecho a la libertad de expresión". Lo que viene a decir es que, en aras de la "seguridad nacional", los estados no pueden hacer lo que quieran. Para rematarlo, pide un "moratoria" en el uso de estos programas espía hasta que exista una regulación europea precisa sobre cómo utilizarlos. No solo España sale maltrecha en el informe; también Polonia, Hungría, Grecia y Azerbaiyán.

Entre los espiados había el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, y el expresidente Carles Puigdemont. De hecho, este escándalo no sólo afecta al independentismo, sino que se demostró que también habían sido infectados los teléfonos móviles de miembros del consejo de ministros como el propio presidente español, Pedro Sánchez. El informe no omite ninguno de estos nombres. Da por hecho que los primeros fueron espiados por organismos estatales –al menos una veintena de los más de sesenta nombres que destapó Citizen Lab–, mientras que, en cuanto a los ministros, responsabiliza a Marruecos, que también tenía el programa.

En el caso de los independentistas investigados, el informe realiza algunas puntualizaciones destacadas. La primera es que fue el propio Centro Nacional de Inteligencia (CNI) quien reconoció la responsabilidad directa sobre 18 de los espiados. Se recoge que el CNI alegó que tenía el permiso judicial para ello, pero lamenta que "las órdenes judiciales nunca se han hecho públicas". También deja claro que hay 47 investigados pendientes de esclarecer, y señala que el Estado nunca ha dado más explicaciones alegando razones de "secreto y seguridad nacional". De hecho, el Consejo de Europa también destaca que hasta ahora han fracasado todos los intentos para esclarecer el caso también por la vía judicial –hay varios casos abiertos en Barcelona y Madrid–. El motivo es "la completa falta de colaboración de Israel" y sus autoridades judiciales. Pegasus es un software realizado por NSO Group, una empresa de este país.

El documento dedica uno de sus epígrafes completos a la eurodiputada de ERC Diana Riba. Allí se recoge el modus operandi del espionaje. Su móvil fue infectado en dos ocasiones: una cuando se discutía si Oriol Junqueras debía poder ser eurodiputado pese a estar en prisión, y durante la sentencia del Proceso. Laura Castel (ERC), miembro de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, ha defendido que el informe "añade presión a España para hacer una investigación efectiva sobre el Catalangate". "Instamos al Estado a cumplir con todas las resoluciones internacionales", concluido. El informe es provisional, ya que está pendiente que se vota de manera definitiva en la asamblea este octubre.

El informe Cilevics

Con sede en Estrasburgo, el Consejo de Europa está formado por 46 estados europeos. No es la primera vez que un informe suyo impacta sobre Cataluña y el Proceso. El más célebre de sus documentos desde la óptica independentista es el que hizo público en junio del 2021 donde pedía la liberación de los presos políticos, la retirada de las euroórdenes o proponía la derogación del delito de sedición. El informe fue redactado por el diputado socialista letón Boriss Cilevics, que le dedicó más de un año de investigación con visita incluida en la cárcel de Lledoners. Estos informes son de obligado cumplimiento aunque no tienen capacidad coercitiva y, por lo tanto, dan margen a los estados para hacer la vista gorda. Sin embargo, el informe Cilevics acabó de poner la alfombra a los indultos, que por aquellas fechas el gobierno español ya tenía decidido otorgar.

El informe sobre Pegasus hace diversas peticiones a España, algunas dirigidas específicamente a él y otras genéricas. La primera es invitar a la Europol a "participar en las investigaciones" por su "experiencia" en la materia. Sin embargo, la más importante es aplicar una moratoria en la adquisición y uso de este tipo de software hasta que no haya una mejor regulación que no ponga en riesgo los derechos fundamentales.