Las conversaciones soterradas entre el PSOE y Junts por las balanzas fiscales

MadridJuntos rompió con el PSOE el pasado 27 de octubre por el incumplimiento de los acuerdos de investidura, sin embargo, mantuvo la puerta abierta para que se puedan rehacer las relaciones si avanzan las carpetas del acuerdo de Bruselas. Una de ellas es la publicación de las balanzas fiscales, algo que se arrastra desde hace meses. De acuerdo con varias fuentes consultadas por el ARA, la negociación se está vehiculando, por un lado, a través de un grupo de expertos que asesora a Junts y, por parte del PSOE, al Instituto de Estudios Fiscales que pilota Alain Cuenca y que depende del ministerio de Hacienda.

A través de este canal de comunicación abierto se discute sobre la metodología a la hora de publicar los datos mientras que la interlocución política está limitada entre Miriam Nogueras y la ministra, María Jesús Montero. Las reuniones en Suiza siguen paradas, según fuentes junteras. De hecho, la próxima semana su relación se puede volver a tensar en el Congreso, ya que hay una sesión extraordinaria el martes para convalidar un decreto con varias medidas sociales, entre ellas la revalorización de las pensiones, y Junts no ha garantizado ni mucho menos su apoyo. De hecho, el PSOE ha repetido una praxis que enerva a los junteros, ya que se mezclan decisiones de diferente índole en un mismo decreto que se vota conjuntamente.

Pero recapitulemos. ¿En qué punto está la negociación de las balanzas fiscales? De entrada, es una cuestión que se arrastra desde el inicio de la legislatura. El ministerio dio un primer paso para cumplir el pacto cuando publicó los datos para que la Generalitat pueda calcularlas, pero Junts reclama que sea un organismo oficial del Estado quien calcule las balanzas y las difunda. No sólo de Catalunya sino de todas las comunidades autónomas para ver también cuál es la situación de Madrid o de comunidades que salen más beneficiadas del modelo de financiación.

La última vez que se publicaron estos datos oficialmente desde el gobierno español fue en 2017 en época de Cristóbal Montoro –se llamaban cuentas territorializadas–, donde indicaron que Cataluña tenía un déficit fiscal con el Estado de hasta 10.000 millones de euros. Ahora bien, cuando llegó Pedro Sánchez al gobierno, la ministra María Jesús Montero dejó de calcularlas, tal y como explicó el AHORA.

Quien sí ha mantenido la publicación de estos datos ha sido la Generalitat, ya que desde 2012 está obligada por ley a calcularlos. El actual equipo de la consellera Alícia Romero se ha comprometido a hacerlo cuando presente los presupuestos de la Generalitat, confirman desde el departamento de Economia a este diario. La última consejera de la Generalitat que publicitó los datos fue Natàlia Mas, en la que contabilizó hasta 22.000 euros el déficit fiscal.

La discusión

A diferencia de otras cuestiones como el traspaso de competencias de inmigración o la oficialidad del catalán en la Unión Europea, fuentes junteras remarcan que la publicación de las balanzas fiscales sí "depende" exclusivamente del gobierno español. Fuentes de Hacienda explican que están "trabajando", recordando que a diferencia de otros datos como la deuda pública, en el caso de las balanzas no hay reglas universales.

Varias fuentes consultadas conocedoras de la negociación, explican que el escollo principal entre Junts y el PSOE es el método de cálculo de las balanzas. Existe una discusión sobre la metodología a seguir a la hora de calcularlas, ya que se traduce en la ya tradicional discusión entre economistas y académicos en este ámbito: cuál es la mejor forma de captar el drenaje de recursos entre la administración general del Estado y las comunidades autónomas.

Técnicamente, se pueden seguir dos vías diferentes: por un lado, el flujo monetario, que consiste en contabilizar los ingresos fiscales que se recaudan en un territorio y después medir lo que gasta el Estado en ese mismo lugar; y, por otra parte, existe el método de carga-beneficio, en el que no se contabiliza sólo el gasto que hace el Estado en un territorio sino que el baremo son los potenciales beneficiarios de los servicios de la administración central. Esto hace que, con este cálculo, no sólo se mida lo que se gasta el Estado en Catalunya sino que también se sumen servicios estatales que, a pesar de no estar territorializados, los catalanes también son potencialmente beneficiarios: dos ejemplos tradicionales son el gasto en defensa o el Museo del Prado. En función del método que se utiliza, el déficit fiscal es distinto: ha sido tradicionalmente más alto si se mide con el flujo monetario (del que siempre ha sido más partidario el catalanismo) que el de carga-beneficio (que es el método que prefiere el gobierno español).

Desde que empezaron a calcularse las balanzas fiscales en Catalunya, la Generalitat siempre lo ha hecho con los dos métodos para evitar polémicas. Una forma de proceder que Junts espera que ahora también reproduzca el ministerio de Hacienda.

La conexión con el modelo de financiación

Junts criticó que Esquerra haya llegado a un acuerdo sobre el modelo de financiación que mantiene Catalunya dentro del régimen común de todas las comunidades autónomas y, sobre todo también, que hayan rubricado el entendimiento antes de conocer los datos sobre las balanzas fiscales. "Esquerra dio la presidencia a los socialistas a cambio de un concierto económico, pero Salvador Illa es presidente y Catalunya se mantendrá sin concierto. Una estafa", denunciaba el diputado en el Congreso Josep Maria Cruset en un vídeo en Instagram, aseverando incluso que "el expolio crecerá" y que por eso se ha llegado al pacto "antes de publicar".

De hecho, una de las cosas que Junts quiere poner sobre la mesa en el marco de la negociación sobre la financiación son los números que obtenga de Hacienda: quieren evidenciar que los 4.700 millones extras que ganaría la Generalitat con el nuevo sistema serían menos que el déficit fiscal. Así pues, una forma de apuntalar también su posición en contra del último pacto ERC-PSOE.